Bloqueo con los ERTE: incentivar la actividad no obliga a retirar las ayudas actuales

La negociación para la extensión de los ERTE ha vuelto a encallar a escasos días para su finalización. La que se ha erigido como una de las principales figuras económicas para amortiguar los daños de la crisis vuelve a verse sumida en la incertidumbre, a la espera de un acuerdo de última hora entre Gobierno y patronal que evite que el nuevo decreto salga adelante sin consenso (la opción de permitir su mera extinción resulta tan chocante que parece fuera de cualquier escenario factible).

Es solo un punto -el de la exoneraciones de las cuotas sociales a cargo del empleador- el que separa a ambas partes, pero en torno a él se ha originado un profundo debate conceptual con la entidad suficiente para impedir el acuerdo. Mientras desde el frente empresarial se aboga por mantener el modelo de exoneraciones sin modificaciones respecto al actual, desde el Ejecutivo, y más en concreto desde el Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá, se considera oportuno establecer ya un sistema de incentivos y penalizaciones que beneficie a aquellas compañías que se decidan a reincorporar a los trabajadores en ERTE y reduzca las ayudas a los que prolonguen el uso de esta herramienta.

Es obvio que en este debate el contexto resulta fundamental, ya que la nueva prórroga de los ERTE, que está previsto que comprenda hasta el próximo 30 de septiembre, abarcará un periodo que se espera que enmarque una progresiva vuelta a la normalidad, una vez que el despliegue de las vacunas favorezca una contención suficiente de la pandemia.

La expectativa de normalización da fuerza a la idea de incentivar reincorporaciones

Ante ese escenario de salida de la crisis, puede entenderse la lógica de poner sobre la mesa incentivos que faciliten un retorno de las miles de personas afectadas por los ERTE a la condición efectiva de trabajadores activos e ir limitando el uso de esta figura a las empresas más comprometidas por la difícil situación originada por la crisis del coronavirus. "Los economistas solo tenemos una vía y es generar incentivos para que las empresas se animen a reincorporar a sus trabajadores y eso es haciendo exoneraciones más grandes para los que reincorporan", considera Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada.

Sin embargo, la CEOE también encuentra en el contexto razones muy sólidas para rechazar la fórmula planteada por Escrivá. En esencia, se entiende que por mucho que se quiera empezar a dejar atrás la crisis del coronavirus son aún abundantes las maneras en que la pandemia sigue impactando la actividad económica y nublando las perspectivas a corto y medio plazo. En ese escenario, puede comprenderse que plantear castigos a las empresas que mantengan a sus trabajadores en situación de ERTE resulte paradójico.

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Ante todo porque el de los ERTE es un mecanismo puesto en pie para facilitar a las empresas ajustar sus plantillas a las extraordinarias condiciones de mercado generadas por la crisis sin necesidad romper sus vínculos con sus empleados. Y es de esperar que sea la normalización de esas condiciones la que les permita reincorporar a los trabajadores. Es decir, es la actividad y no los incentivos económicos la que debe motivar el regreso de los empleados a su puesto de trabajo. Esto resulta especialmente evidente en un periodo como el estival, en el que normalmente se concentra buena parte de las posibilidades de negocio de muchas compañías (especialmente en los sectores más golpeados por la crisis). Es fácil entender que si la actividad de estas empresas alcanzara el nivel suficiente, estas empresas tendrían el mejor de los incentivos para reincorporar a los trabajadores.

Pero tampoco hay que llamarse a engaño. Es obvio que en sus demandas los empresarios tratan de obtener los mayores beneficios posibles y que un nivel amplio de ventajas para los ERTE puede suponer un desincentivo para el retorno de las plantillas a la normalidad. Es por eso que Marcel Jansen, investigador asociado de Fedea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que "ahora sí ha llegado el momento para incentivar la vuelta de los trabajadores en ERTE a sus puestos". Sin embargo, se cuestiona, "¿no es posible incentivar esa vuelta sin castigar la permanencia de los trabajadores que sigan en ERTE?".

El castigo a empresas aún afectadas por limitaciones resulta discutible

Lógicamente, recurrir a los incentivos de un lado sin compensarlo por otro tendría un mayor coste para las arcas del Estado, pero Jansen duda que este resultara significativo en relación con la cantidad de gasto público ya aportado durante la crisis. Además, hay que tener en cuenta que las empresas que se benefician actualmente de estas exoneraciones, en su mayor parte, siguen limitadas por una serie de normativas restrictivas, que les impiden desempeñar sus actividades con normalidad, lo que confiere mayor fundamento a sus reclamos.

Desde un aspecto cuantitativo las diferencias entre las posturas de unos y otros podrían no ser tan elevadas como para justificar que se ponga en peligro el consenso entre los agentes sociales a estas alturas de la crisis. Al fin y al cabo, como recuerda el experto de Fedea, para muchos de los sectores beneficiados por este mecanismo la vuelta a cierto nivel de normalidad, sin restricciones, parece estar a la vuelta de la esquina. "Entonces llegará el momento de ponerlas en la tesitura de reincorporar o asumir el coste de los despidos. Pero mientras tanto no merece la pena poner en riesgo el acuerdo", señala.