escándalo en el mercado continuo

La sociedad Yakan ejecuta deuda de Urbar y la enfrenta al concurso de acreedores

La guerra abierta entre los dos grandes accionistas, un oscuro contrato con el régimen de Obiang y los lazos con sociedades inmersas en la trama oculta de Pescanova pueden saltar mañana por los aires

Foto: Factoría de Pescanova en la ría de Vigo. (EFE)
Factoría de Pescanova en la ría de Vigo. (EFE)

La Junta Accionistas que celebra mañana Urbar Ingenieros amenaza con ser, a pesar de sus reducidas dimensiones, en la más tormentosa de todas las celebradas entre las cotizadas. La pugna por el control entre dos grupos significativos de accionistas, con cruce de acusaciones, querellas, demandas de dimisión y movimientos financieros de toda índole augura un encuentro de máxima tensión.

Esta tensión va a ser todavía mayor después de que se haya sabido que la sociedad Yakan XXI, que controla el 17% de la deuda de la cotizada Urbar Ingenieros, ha obtenido vía libre judicial para ejecutar parte de dicha deuda, lo que complica aún más su situación financiera y la enfrenta a un posible concurso de acreedores.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tolosa ha dictado un auto en el que señala que la querella interpuesta por la dirección de Urbar contra Yakan XXI, que tenía por objetivo precisamente paralizar la ejecución de esta deuda y alejar la posibilidad del concurso de acreedores, no contiene argumentos que obliguen a detener el proceso de cobro iniciado por este acreedor. El juez asume el criterio del fiscal, que ya emitió un escrito en este sentido. La querella sigue su curso, pero no frena el ejecutivo del cobro de la deuda.

Con esta decisión judicial, Yakan XXI ha agilizado los trámites para cobrar parte de la deuda que tiene con Urbar y que supera los 400.000 euros. Esta decisión judicial de no impedir la ejecución de la deuda en poder de Yakan XXI puede afectar a todo el proceso de refinanciación de Urbar Ingenieros, pues en el Acuerdo Marco firmado con la mayor parte de la banca acreedora tenía como un elemento clave la ausencia de procesos ejecutivo de deuda.

Junta de alto voltaje

A todo esto se suma, además, que la reunión de mañana no se celebra en la sede social de la empresa, o en un local público, como es habitual, sino en las oficinas de uno de los actuales inversores de referencia; que las dos partes acuden pertrechadas por un ejército de asesores jurídicos, además de notario; y que en la trastienda de todo este conflicto operan firmas como Forest Partners, Baker&McKenzie u Ontier (despacho presidido por Adolfo Suárez Illana). Por todo ello, la cita adquiere tintes de duelo al amanecer.

Urbar, dedicada históricamente a la fabricación de maquinaria vibrante para la minería y la industria, sufrió con crudeza los embistes de la crisis y se vio empujada a un duro plan de reestructuración organizativa y de plantilla, cuyo resultado fue confiar la vuelta a la rentabilidad a su filial de tratamiento de residuos, Metrocompost, y a su laboratorio de certificación para ensayos de fenómenos vibratorios, Virlab. Unos nuevos cimientos que amenazan con romperse también por la guerra accionarial que padece la compañía.

Máquina de Urbar
Máquina de Urbar

Los protagonistas del enfrentamiento son, por un lado, el actual grupo de control, encabezado por el presidente, Daniel Salama Millet, administrador de Omero, unas de las firmas que aparecen en la trama de Pescanova, pero que en Urbar figura sin poderes ejecutivos ni acciones de la compañía. Y es que, por este bando, los dos hombres fuertes de la empresa son José Enrique Gómez Gil, vicepresidente, y Francisco Deirós, consejero que a través de sus sociedades CIESA e Inversiones Ribera del Tajo, respectivamente, controlan el del 36,5%. Frente a ellos está un grupo de accionistas, que es el que está detrás de Yakan XXI, grupo que está liderado por Rafael Salama Falabella, sobrino de Daniel y expresidente de la sociedad, que posee un 23,7% de la compañía.

El conflicto estalló hace un año, cuando los dos grupos rompieron sus relaciones por discrepancias sobre la forma de diseñar el futuro de la empresa, tras la reestructuración llevada a cabo, y, sobre todo, por cómo debía abordarse la refinanciación de sus 6 millones de deuda. Aunque hubo un principio de acuerdo entre todos los accionistas de referencia para negociar la compra de la deuda bancaría con descuento, este acuerdo se frustró en el último momento, cuando Gil y Deirós no materializaron su parte de la aportación de fondos acordada con las entidades financieras.
 
En cambio, presentaron la posibilidad de desarrollar un negocio millonario en Guinea Ecuatorial a través de Metrocompost para construir diversas infraestructuras de saneamiento y gestión de residuos en el país africano. Fue la gota que colmó el vaso y el detonante último de la situación actual.

La 'conexión Pescanova'

Hasta ese momento, junio de 2014, y a pesar de sus diferencias, los dos grupos coincidían en la necesidad de desarrollar las actividades rentables sin excesivas cargas financieras y para ello apostaban por reducir el endeudamiento financiero de Urbar mediante la compra de los créditos bancarios con descuentos significativos. Pero, ante la perspectiva del negocio guineano, la situación cambió radicalmente. El grupo de control puso en marcha un plan de refinanciación a cinco años de la deuda, dirigido a aplazar la presión bancaria durante el tiempo necesario para desarrollar el negocio en Guinea.

Pero el otro bando continúa defendiendo que es absurdo seguir cinco años pagando a los bancos cuando los créditos se pueden comprar a menor precio, enconamiento que deriva en el despido del equipo directivo que había reestructurado la empresa en los año de presidencia de Rafael Salama Falabella, incluido el consejero delegado, José Angel Escribese, y se nombró presidente a Daniel Salama Millet.

Como publicó El Confidencial, los intereses del grupo de control por el negocio de Guinea esconden un complejo entramado societario, donde las empresas CIESA Guinea Ecuatorial y Compagnie d’Investissement Europe Holding Louxemburg, ambas controladas por CIESA e Inversiones Ribera del Trajo, las sociedades de Gómez- Gil y Deirós, actúan como entidades intermediarias, un movimiento similar al desvelado por KPMG en el escándalo de Pescanova y llevado a cabo, precisamente, por estas mismas sociedades.

El conflicto estalló hace un año, cuando los dos grupos rompieron sus relaciones por discrepancias sobre la refinanciación de sus 6 millones de deuda

Estas similitudes, el hecho de que Gómez Gil y Deirós intervengan en la operación como intermediarios y accionistas de Urbar, y la falta de transparencia respecto al contrato son los principales motivos esgrimidos por el entorno de Rafael Salama para desconfiar del proyecto de Guinea. De hecho, en la Junta que se celebra mañana, ha forzado por vía notarial la inclusión de algunos puntos en el orden del día, dirigidos a tratar de responde varias cuestiones que consideran esenciales: ¿Qué parte del contrato de Guinea Ecuatorial va a los intermediarios?, ¿qué ingresos reales van a quedar en Urbar?, ¿cuáles son las relaciones entre CIESA Guinea Ecuatorial y Compagnie d´investissement Europe Holding Luxemburg con el Régimen de Obiang?, ¿el contrato es una tapadera para expatriar fondos de Guinea a paraísos fiscales?, ¿tiene Metrocompost  actualmente la capacidad financiera y de gestión para desarrollar proyectos de esta naturaleza y dimensiónnbsp;

Esta batería de sospechas responde a las diferentes cifras que Gil y Deirós han ido ofreciendo sobre este contrato, y que lleva a Rafael Salama a sospechar de presuntos desvíos. Aunque en las previsiones económicas sobre el negocio de Guinea se señala que Urbar puede llegar a ingresar hasta 28 millones de euros, en el informe inicial del proyecto consta que la cantidad total que saldrá de Guinea será aproximadamente el triple, a repartir entre intermediarios de diverso signo y la contratista final de las infraestructuras.

Lucha por el poder

En los últimos meses, las dos partes han maniobrado para reforzar sus posiciones. El grupo de control se ha hecho con los servicios jurídicos del bufete Ontier y ha conseguido que cerca del 60% de la banca acreedora, liderada por Banco Popular, firme un acuerdo marco de refinanciación que incluye una ampliación de capital de 1,4 millones de euros. Sin embargo, este acuerdo, elaborado por el bufete Baker&McKenzie según el plan de refinanciación diseñado por la consultora Forest Partners, no ha contado con el apoyo de Banco Santander ni de Kutxa, con casi un millón de euros de deuda entre los dos, que ahora se enfrentan a un proceso de homologación de deudas.

Rafael Salama y el exconsejero delegado Escribese han conseguido apoyos financieros externos de grupos inversores que, a través de Yakan XXI, han comprado una parte de la deuda de Urbar -algo más de un millón de euros-. A todo ello se suma una querella de los actuales gestores de Urbar contra el anterior equipo, así como una propuesta de ejercicio de la acción de responsabilidad social contra ese equipo, embiste que este bando ha replicado con una propuesta de cese de todo el consejo de administración.

Las espadas están cada día más en alto, y mañana puede vivirse un auténtico duelo al amanecer.

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