Continúa el ‘culebrón Endesa’: la CNE actuará contra los blindajes del Gobierno italiano en Enel

El control de Endesa por parte de Enel y Acciona no estará libre de cargas. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobará durante la primera semana de julio la compra del 100% de la eléctrica española; pero, al mismo tiempo, pondrá limitaciones a la operación a causa de la presencia del Estado italiano en el capital de Enel.

Fuentes de absoluta solvencia aseguran que las restricciones no se derivan directamente del hecho de que el sector público controle alrededor del 30% de la eléctrica italiana, ya que la legislación comunitaria prohíbe taxativamente -como han puesto de relieve diferentes sentencias del Tribunal de Luxemburgo- la discriminación en función de la titularidad de la empresa: pública o privada.

Lo que la CNE esgrimirá en su informe es que la presencia del Estado en su capital va mucho más allá que una simple participación accionarial. La eléctrica italiana forma parte del aparato administrativo del Gobierno italiano, como pone de manifiesto el hecho de que la gestión de las acciones recae directamente en el propio Ministerio de Economía. Ni siquiera hay un organismo público, más o menos independiente del poder político, que controle las acciones, dicen esas fuentes. En España, al contrario, las empresas privatizadas pertenecían en el momento de su enajenación al Instituto Nacional de Industria (INI) y, posteriormente, a la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

En Enel, sin embargo, las cosas son distintas. Tan diferentes que el Estado italiano tiene incluso capacidad de imponer un consejero sin voto si así lo estima oportuno. Es decir, una especie de ‘comisario político’ en el seno de la primera eléctrica italiana, algo verdaderamente insólito en el derecho mercantil comunitario en empresas cotizadas.

No acaban aquí las singularidades de Enel. A la CNE no le gusta nada -y así se reflejará en el informe que elabore sobre la compra del 100% de Endesa- la prohibición de que ningún accionista pueda comprar más del 3% de los títulos de la eléctrica, lo que concede al Estado italiano un control absoluto de la compañía. El Ministerio de Economía no solamente controla directamente el 30% de las acciones, sino que, al mismo tiempo, impide que otros inversores puedan comprar paquetes significativos. Por esta razón, es más que probable que la CNE pida reciprocidad. O, al menos, que el Estado italiano desmonte los bloqueos.

Entrar a saco

La resolución de la CNE, sin embargo, no puede entrar a saco en la operación de Enel y Acciona auque quisiera (una posición que, hoy por hoy, no se vislumbra en la mayoría del consejo de la CNE). Desde el regulador se recuerda que la Comisión Europea abrió un expediente a España hace unos meses, precisamente cuando el Gobierno puso limitaciones muy duras a la entrada de la alemana E.On en Endesa. Y esa filosofía sigue vigente. Es decir, que no se pueden poner límites a la libre circulación de las inversiones en el ámbito comunitario.

Lo curioso ahora (fracasada la OPA de E.On) es que el Ejecutivo español es el más interesado en no poner limitaciones a la presencia de Enel en Endesa, toda vez que la entrada de la italiana en España (al margen de su participación en Viesgo) ha estado avalada en todo momento por el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero.