Los profesionales de la función legal y fiscal lo tienen claro: sin IA, no hay futuro en el sector

Los modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial (IA) están transformando la función legal y fiscal desde sus propios cimientos, mejorando significativamente la velocidad y la calidad del trabajo que desempeñan sus profesionales. Pese a que la IA generativa también entraña riesgos relacionados con sesgos y prejuicios, respuestas inesperadas conocidas como alucinaciones, afectación a los derechos de las personas o la propia seguridad de los datos, el mayor de todos es quedarse fuera de la revolución que supone su uso.

Al menos, así lo creen la mayoría de los analistas que participaron en la cuarta edición del encuentro EMEA NewLaw Summit, celebrado en Madrid y organizado por PwC Tax&Legal, en colaboración con El Confidencial, DigitalES y Lefebvre. Como en años anteriores, el objetivo de la cita era reflexionar acerca del impacto de las herramientas digitales basadas en la IA. Distribuido en dos jornadas, el foro fue conducido por la periodista Victoria Arnáu, presentadora en Atresmedia, y contó con la participación de numerosos expertos en tecnología, materia fiscal y especialidades legales, que ofrecieron al público sus análisis a través de varias conferencias y mesas redondas.

El encargado de ejercer de anfitrión fue Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax&Legal, quien reconoció que "fue hace un lustro cuando los abogados nos dimos cuenta de que debíamos comenzar a hablar de tecnología”. Tras él, fue turno de escuchar la bienvenida de Víctor Calvo-Sotelo, director general de la Asociación DigitalES. El máximo responsable de la patronal tecnológica coincidió con su compañero de escenario y afirmó que “aquello que empezó como algo lateral al ejercicio de la abogacía, ahora es central. Prueba de ello es la celebración de este foro que nos ayuda a navegar por esta terra ignota. Sin embargo, en sus cuatro años de trayectoria, esta cita ha pasado de hablar de ciertas tecnologías emergentes a centrarse casi en exclusiva en la IA”.

A continuación, llegó uno de los platos fuertes de la jornada con la conferencia de Dan Hunter, Executive Dean, The Dickinson Poon School of Law, uno de los grandes gurús internacionales en materia tecnológica enfocada en el entorno legal. El panelista explicó que "los estudios confirman que la IA generativa está mejorando la velocidad y la calidad del trabajo legal, incluso en los trabajadores menos cualificados”. Aunque la clave, desde su punto de vista, reside en que “los hace también más felices en sus puestos de trabajo, ya que les permite evitar tareas tediosas”.

Dan Hunter fue el primer experto del foro que destacó una idea que luego se repitió en diferentes mesas redondas y conferencias durante las dos jornadas del EMEA NewLaw Summit: “Si bien es cierto que existen riesgos relacionados con el uso de la IA generativa, relacionados con los sesgos, la protección de los datos o las alucinaciones, el mayor de todos es, sin duda, no utilizar los grandes modelos de lenguaje en nuestro trabajo. Ahora es el momento de adoptarlos en nuestro día a día porque su efectividad está comprobada y su uso supone una gran ventaja competitiva”, remarcó.

"Aunque existen riesgos en el uso de la IA, el mayor de todos es no utilizarla en nuestro trabajo", Dan Hunter (King's College London)

La primera mesa jornada del encuentro llevó por título Eficiencia Procesal, estuvo moderada por Javier Peñalver, socio del área Legal de PwC Tax & Legal, y en ella particparon Jacobo Fernández Álvarez, secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y anterior secretario General Técnico del Ministerio de Justicia; y Mónica Redorta, directora de PwC Tax & Legal, quien aseguró que “estamos viviendo un cambio de paradigma en la Administración de Justicia porque tenemos la tormenta perfecta con la irrupción de una nueva tecnología, un marco regulatorio y un profundo cambio en los procesos”.

Por su parte, Jacobo Fernández Álvarez compartió su experiencia en los Ministerios de Justicia y Sanidad para exponer que las reformas para mejorar la eficiencia en los procesos judiciales “se plantearon agrupando tres ideas marco: mejorar la eficiencia procesal, organizativa y digital. De ahí salieron los textos legislativos que ya han iniciado su camino —y que suponen una verdadera transformación— y los que están por llegar, ya que su tramitación se detuvo con la convocatoria electoral”.

De igual forma, el secretario general confirmó que “el objetivo es reorganizar la planta judicial, mejorar la gestión de expedientes electrónicos y abordar las necesidades del sistema judicial en la era digital”. Asimismo, destacó la necesidad de “adoptar nuevas estrategias para mejorar la transparencia en el sistema judicial” y enfatizó “el papel fundamental de los datos, tanto para la identificación de recursos, como para la adopción de políticas públicas”.

El segundo panel de expertos, titulado Data for Legal, estuvo moderado por Beatriz Hoya, directora de PwC Tax & Legal, y contó con la participación de Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia; Francisco de Borja Escalona, Head of AI, Data Science y Data Freak en Orange; y Andrés Martínez Crespo, senior Legal Counsel en Carrefour.

El primero en intervenir fue Aitor Cubo, quien presumió de nivel de digitalización cuando afirmó que “podemos decir que la justicia en España es 100% digital, no solo a nivel país, sino también en el caso de algunas comunidades autónomas. Hemos construido entre todos un proyecto orientado al dato”. Y añadió que “pese a la posición privilegiada, queremos continuar avanzando con soluciones más innovadoras que nazcan de las necesidades de la ciudadanía”. Y puso un ejemplo: “Se están abriendo servicios de IA para abogados que, entre otras posibilidades, permiten facilitar el acceso al lenguaje jurídico a cualquier persona”, precisó.

"La regulación de la IA debe ser amable y global. Lo que no se haga en la UE, se hará en EEUU o China", Francisco de Borja Escalona (Orange)

Después intervino Francisco de Borja Escalona para recuperar la idea apuntada por Dan Hunter: “En el futuro solo habrá dos tipos de empresas: aquellas que utilicen la IA y las que quiebren por no hacerlo”, sentenció. Pero el experto también tuvo tiempo de relatar cómo ahora “los ingenieros y los abogados trabajan codo con codo, gracias a estas nuevas tecnologías”. Respecto a la regulación, defendió que “ha de ser lo más amable posible porque el marco en realidad es global. Es decir, lo que no se desarrolle en la Unión Europea, se hará en Estados Unidos o China”.

¿Está preparada la IA para la legislación española?

La jornada también sirvió para conocer en detalle el acuerdo establecido entre PwC Tax&Legal y Lefebvre, hecho público esta misma semana. Para que los asistentes entendieran las repercusiones de la alianza, Pedro del Rosal, periodista de El Confidencial, entrevistó a Ignacio Quintana, socio de PwC Tax & Legal; y José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre.

Ignacio Quintana aclaró que “pese a que Harvey —la IA generativa que se usa actualmente en el entorno legal de forma mayoritaria— es una herramienta magnífica, no conoce al detalle las leyes españolas. De hecho, no está entrenada en nuestra legislación, lo que lleva a errores”. ¿Qué supone el nuevo acuerdo? “Ahora podremos incorporar todo el potencial de la base de datos de Lefebvre y la IA podrá trabajar sobre documentos específicos e, incluso, partes seleccionadas de los mismos”.

En la misma línea, José Ángel Sandín subrayó que “aportamos información a lo largo de numerosos años para que la IA pueda acceder a ella con claridad, orden y de forma actualizada”. El CEO de la compañía confirmó que esto “garantizará la certeza en las respuestas”. Sin embargo, también señaló que “no debemos olvidar que el proceso debe contar con el criterio final de un abogado. Esto siempre será necesario, pero la IA permitirá tanto a los profesionales junior como senior que sus decisiones estén más justificadas”.

El tramo final de la primera jornada albergó otras dos mesas redondas y la intervención de Salvador Estevan Martínez; director general de Digitalización e Inteligencia Artificial en Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Este último panelista destacó “la importancia de adoptar una visión poliédrica con la IA, que abarque su aplicación ante grandes desafíos como el emprendimiento o la energía, pero también en su uso cotidiano con el análisis de informes o la detección de patrones en imágenes médicas”. El representante ministerial incidió en la necesidad de “facilitar la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas, para que el talento contribuya de manera efectiva al desarrollo y aplicación de la inteligencia digital en la vida diaria de las empresas”. Como reto, especificó que “se plantea el desafío de hacer que la IA sea sostenible en términos energéticos y económicos, especialmente en lo que respecta al entrenamiento de modelos de lenguaje y otras aplicaciones intensivas en recursos”.

En la tertulia titulada Retos de la Función Jurídica participaron Asier Crespo, Legal Director en Microsoft Spain & Portugal; Pablo Olivera, General Counsel en ALEATICA; y Ana Gómez, Director, Group Corporate & Vice Secretary of the Board of Directors en AMADEUS; moderados por Patricia Manca, socia responsable del área NewLaw de PwC Tax & Legal.

Asier Crespo resaltó que “las asesorías jurídicas deberán estar presentes en los órganos de gobierno de las empresas porque estará en juego toda la actividad”. Se mostró contundente cuando aseveró que “nos encontramos en una verdadera revolución que afectará a los reductos que todavía no estaban digitalizados dentro del ámbito legal, así como a la formación de los juniors”.

En su intervención, Pablo Olivera apuntó que “el perfil del abogado de empresa va a cambiar porque ya no se necesitarán especialistas para cada área, ya que sus funciones las llevará a cabo la IA. De esta forma, el abogado se convertirá en un gestor. Por otra parte, el derecho más especializado acabará trabajando en los despachos”. Asimismo, añadió que “esta tecnología también permitirá medir la calidad en el desempeño. Hasta el momento no se exigían KPI a los abogados y ahora la digitalización sí lo permitirá”.

Ana Gómez coincidió con sus compañeros de tertulia y sostuvo que “no se puede asesorar sin conocer realmente la actividad del negocio. Hay que formar parte de la empresa para no dar pasos en falso”. Bajo su perspectiva, “lo más complicado es gestionar personas y talento. Estamos hablando de tecnología, pero no debemos dejar de lado la empatía. Al mismo tiempo, recordemos que la IA elimina mucho trabajo rutinario, algo que ayuda en la búsqueda de un equilibrio que permita conciliar a los profesionales”, aclaró.

"Ya no se necesitarán abogados especialistas para cada área en las empresas. Sus funciones las llevará a cabo una IA", P. Oliveira (ALEATICA)

Finalmente, en el último panel de expertos, titulado El nuevo reglamento de Inteligencia Artificial, Fernando Fernández-Miranda, socio del área NewLaw de PwC Tax & Legal; entrevistó a Carlos Romero Duplá, director de la Oficina de Bruselas de VINCES y consejero de Transformación Digital en la representación Permanente de España en la UE.

Carlos Romero Duplá destacó la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos, en medio de los debates generados en torno al impacto que puede tener esta regulación sobre la innovación y la competitividad empresarial: "Europa está estableciendo un estándar en la regulación de la inteligencia artificial, pero también esperamos que otras geografías nos sigan, aunque puede generar tensiones y debates. La regulación se basa en principios y enfoques de riesgo para garantizar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, transmitió.

El experto explicó que “los sistemas de inteligencia artificial se han clasificado según el nivel de riesgo que representan. Para ello se han establecido criterios que determinen cuáles son considerados de alto riesgo y se han definido obligaciones específicas”. A continuación, puntualizó que “pese al nuevo marco —cuyos debates han sido algunos de los más extensos en la historia de la propia UE—, se ha buscado promover la innovación mediante la introducción de regulaciones de prueba y el fomento de formas novedosas de desarrollo tecnológico”.

La IA, aliada ante una fiscalidad cada vez más compleja

La segunda jornada de la cuarta edición del EMEA NewLaw Summit se centró en la fiscalidad y contó con una estructura similar a la de apertura. En esta ocasión, la ponencia que despertó mayor interés fue la ofrecida por Alex Rayón, co-fundador y CEO de Brain & Code y co-director de la AcademIA Generativa, quien comenzó matizando que “aquello que se denomina inteligencia artificial es, en realidad, un conjunto de diferentes funciones cognitivas digitales que emulan la inteligencia biológica”. Tras esta aclaración, realizó un breve repaso sobre la historia de la IA para, después, precisar que “fue el famoso 30 de noviembre de 2022 —fecha de la presentación de ChatGPT por parte de la compañía Open AI— cuando pasamos de tener una tecnología deductiva a otra que, además, es inductiva y abductiva”. En otras palabras, “la IA ha alcanzado las tres formas de pensamiento lógico humano”.

Tras este primer análisis, Alex Rayón exploró la naturaleza de los sistemas complejos y subrayó “la importancia del principio de emergencia, que implica la imprevisibilidad hasta que ocurre un evento. En este sentido, la IA generativa va a ser muy útil”. Igualmente, el especialista incidió en la importancia del prompting hasta el punto de que, en su opinión, “no existen las alucinaciones, si no preguntas formuladas de forma incorrecta”. Para entender mejor su funcionamiento, expuso algunos elementos a tener en cuenta: “Son capaces de ver imágenes mejor que nosotros y, aunque entienden español, piensan en inglés”. Por último, lanzó una reivindicación a los responsables de la regulación que está llevando a cabo la UE: “Es la primera vez en la historia que regulamos la infraestructura antes que el producto. Recordemos que la bombilla apareció antes que el sistema eléctrico o el tren antes que el sistema ferroviario. La IA es una infraestructura, no un producto determinado”, se lamentó.

En la primera mesa redonda de la segunda jornada —titulada Los retos de la función fiscal y moderada por David Rivero, socio del área NewLaw de PwC Tax & Legal— participaron Jaume Puntés, Global Tax Director en Cellnex Telecom; y Horacio Peña, líder global de US and Americas Transfer Pricing Leader en PwC US. Mientras el primero confirmó que “el área fiscal es una de las que más datos consume de la organización, razón por la que es necesario chequear su calidad”, el segundo experto aseguró que “se avecina una época de tremenda fiscalización con un aumento significativo en el número de auditorías a nivel internacional”. Y mencionó la importancia que tendrá el proyecto Pilar 2 de la OCDE para los profesionales del entorno fiscal. En este escenario, Horacio Peña concretó que “el riesgo de doble tributación es más alto que nunca. No hay suficientes fiscalistas en el mundo y, además, la complejidad sigue creciendo, ya que no se borran reglas, pero sí se añaden nuevas”. ¿La solución? “Solo hay una salida: utilizar la tecnología”, recomendó.

A continuación, tuvo lugar la segunda tertulia, en este caso titulada Connected Tax Compliance, centrada en el cumplimiento tributario. El encargado de introducir el tema fue Jonathan Howe, Global Connected Tax Compliance Market Leader de PwC UK, quien comenzó resaltando que “la tecnología es un facilitador para hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque la carga del cumplimiento está aumentando dramáticamente”. El representante de PwC UK describió en su intervención el proceso de cumplimiento tributario, desde la recopilación de datos, hasta la presentación de declaraciones de impuestos. Con ello reiteró “la importancia de contar con calidad en los datos, eficiencia en los procesos y una gobernanza adecuada”.

El resto de los panelistas participantes fueron Máximo Spinedi, VP Taxes Regions & International Business en Siemens Energy; y Mauricio Ribera, Head of Tax en Siemens Gamesa; moderados por Emilio Rodríguez Blanco, socio del área NewLaw de PwC Tax & Legal. Así, el primero en intervenir fue Máximo Spinedi para confirmar que “hay que llevar a cabo campañas de marketing interno para que el negocio se acerque a nosotros. Pero antes, debemos tener claro que también nosotros nos tenemos que acercar a él para conocerlo y transmitirle la importancia del dato”. Su compañero de tertulia, Mauricio Ribera, expuso que “más allá del reto que ya supone la propia digitalización está el de ser transparentes en materia de sostenibilidad”.

El tramo final del EMEA NewLaw Summit se desarrolló en torno a tres paneles de expertos. El primero de ellos contó con la participación de Iker Isusi, Director of Policies, Control & Global Business Organization en BBVA Tax Department; y de Francisco Cremades, socio de PwC Tax & Legal; ambos entrevistados por Jaime García López, socio de PwC Tax & Legal.

Iker Isusi participó telemáticamente en el foro para compartir su reflexión acerca de la importancia de aprovechar las bondades de esta tecnología para comunicar mejor y de manera inmediata sobre una labor fiscal que cada vez será más transparente y pública. Por su parte, Francisco Cremades admitió que “nos encontramos ante un cambio de patrón en el trabajo de la Administración tributaria, vamos hacia una versión 3.0. España es un ejemplo, enmarcado en lo que está ocurriendo en la UE”. El socio de PwC Tax & Legal concretó que “los viejos modelos se van a sustituir por modelos digitales y facturación electrónica. Esta última será obligatoria de forma paulatina para todas las empresas y va mucho más allá de enviar una factura por email en formato PDF. Es un cambio muy relevante”, aseguró.

Precisamente, las encargadas de cerrar el encuentro fueron dos representantes de la Administración tributaria. La primera de ellas fue Cristina García-Herrera Blanco, directora de Estudios en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas —entrevistada por Francisco González, socio responsable del área NewLaw de PwC Tax & Legal—, mientras que la segunda fue Gema T. Pérez Ramón, directora de la Agencia Tributaria Madrid del Ayuntamiento de Madrid.

Cristina García-Herrera Blanco señaló que la Administración todavía se encuentra en su versión 2.0, aunque ya se comienza a transitar por lo será la 3.0: “La principal diferencia será la integración de sistemas fiscales entre contribuyentes y la Administración tributaria, lo que está cambiando radicalmente el modelo de relaciones entre ambas partes”, indicó. Entres los riesgos y problemas éticos que pueden ir asociados a la inteligencia artificial, destacó “la cuestión de los sesgos y la discriminación en los algoritmos”, así como “la necesidad de proteger los datos personales y aportar transparencia en su uso en el ámbito fiscal”. Para corroborar sus palabras enumeró algunos casos concretos que han planteado problemas en los Países Bajos. Asimismo, la representante del Instituto de Estudios Fiscales aprovechó para aclarar que la Agencia Tributaria española “no está utilizando IA en el concepto actual, sino que se trata de tecnologías de tipo analítico. Se busca ser más eficiente, pero hay que ser prudente en el uso de estas herramientas”.

"La Agencia Tributaria no usa IA generativa, sino tecnologías de tipo analítico", C. Gª-Herrera Blanco (Instituto de Estudios Fiscales)

Por último, Gema T. Pérez Ramón explicó el origen y funcionamiento de la Agencia Tributaria Madrid e incidió en la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios públicos: “Las Administraciones públicas tenemos en nuestra mano la capacidad de mejorar la sociedad, por lo que debemos introducir la tecnología sí o sí en nuestra forma de proceder”, aseguró. Pero ¿cómo ayuda la IA en la gestión tributaria de un consistorio como el madrileño? La experta enumeró algunas ventajas de su uso para hacer frente a reformas fiscales, la dificultad para recaudar más ingresos mientras se bajan los impuestos o la adopción de nuevos modelos tributarios más justos basados en análisis de datos económicos y demográficos.