Poco valor diferencial y desconfianza: ¿por qué las empresas apenas contratan ALSP?

Los proveedores alternativos de servicios jurídicos (o ALSP, por sus siglas en inglés) no terminan de cuajar en el sector legal español. A pesar del reconocimiento que han ganado en los últimos años y de la consolidación que tienen en otros mercados como el de Estados Unidos, las empresas españoles todavía muestran algunas reticencias a la hora de externalizar trabajo a este tipo de entidades. En concreto, apenas un 9% del trabajo legal que remiten las grandes compañías presentes en nuestro país recae sobre ALSP, de acuerdo con los datos extraídos del Observatorio de la asesoría jurídica de la gran empresa, el primer informe sobre las áreas jurídicas del Ibex 35 y otras grandes organizaciones en España que elaboran El Confidencial y Deloitte Legal.

En el estudio —que puede consultar pinchando aquí—, los departamentos legales encuestados confiesan que los despachos de abogados tradicionales siguen siendo los grandes receptores de servicios, con un abrumador 64% de trabajo remitido a este tipo de estructuras. A continuación se encuentran las firmas de servicios legales (como las Big Four), que sacan adelante alrededor del 28%. Por último, y en una proporción considerablemente menor, las compañías mencionan los ALSP, sobre las que externalizan el 9%. De hecho, más de seis de cada 10 compañías afirman no haber contratado durante el ejercicio 2021 ningún ALSP.

¿A qué se debe esta falta de penetración en el mercado? De acuerdo con los resultados del Observatorio, el principal motivo que citan las empresas para no recurrir a este tipo de organizaciones es que no encuentran un valor diferencial en el servicio que ofrecen. En concreto, más de cuatro de cada 10 asesorías jurídicas mencionaron esta causa. En la misma línea, el 21% señalaron como razón que no habían recibido ningún acercamiento comercial por su parte, mientras que una pequeña proporción indicó que no le generaban confianza.

Por último, y dentro la categoría que contempla otros motivos, los encuestados mencionaron varias explicaciones. Algunas de ellas fueron que ya cubrían esas necesidades in house, una falta de necesidad real que justifique la contratación o, directamente, que no era una opción que contemplaran. Ahora bien, los resultados revelan que, a pesar de las reticencias, los que sí trabajan con proveedores alternativos tienen una experiencia muy positiva: la mayoría admitió que su nivel de satisfacción era alto.

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Las asesorías jurídicas amplían equipos

Por otro lado, y en lo que respecta al presupuesto de las asesorías jurídicas para este ejercicio, la mitad de los encuestados afirmó que se mantendría estable, mientras que algo más de un 20% indico que se iba a incrementar. Tan solo algo más de un cuarto señaló que se iba a reducir, un dato relevante teniendo en cuenta la percepción extendida de que los presupuestos estaban en buena medida congelados o en decrecimiento. Al analizar qué áreas van a necesitar de una mayor inversión, las empresas citaron en primer lugar la digitalización, que se posiciona como la tarea pendiente de las asesorías jurídicas de las grandes empresas. En segundo lugar, mencionaron la contratación de proveedores, seguido de cerca por la contratación de nuevos abogados.

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De hecho, la ampliación de los departamentos legales parece ser uno de los objetivos que se han fijado las compañías a medio plazo. Más del 90% de los encuestados afirmaron que los equipos se mantendrían estables o aumentarían durante los próximos dos o tres años, mientras que un anecdótico 5% consideró que iban a reducirse. Una cifra positiva teniendo en cuenta que el trabajo que asumen las asesorías jurídicas internas no para de crecer.

Por último, los directores legales de las grandes empresas ponen el foco en una prioridad compartida con los despachos, y es cómo atraer y retener el talento. De hecho, el informe indica que una de sus mayores preocupaciones es mantener la motivación de los profesionales para evitar una alta rotación, así como hacer una buena gestión de sus carreras. Tras esto, los encuestados también mencionan otras cuestiones, como la inversión en formación continua, tecnología, lograr la especialización de sus equipos en determinadas áreas del Derecho, si bien estos puntos tienen menos peso que los inicialmente mencionados.