La difusión ilícita de contenidos provoca un agujero de 38M al sector editorial español

Este lunes, un PDF de 124 páginas se viralizó a través de WhatsApp. Era el último número de la revista ¡Hola!, que incluía un reportaje e imágenes en exclusiva de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La difusión del archivo ha sido tan amplia que la popular cabecera ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Meta, al considerarla responsable del "mayor pirateo de la historia de la prensa", como así lo han descrito la propia publicación y la Asociación de Medios de Información. Lejos de ser un hecho aislado, la divulgación ilícita de contenidos, ya sean artículos periodísticos, revistas o libros, es cada vez más habitual en nuestro país.

La mala praxis no solo afecta a ciudadanos particulares, sino también a empresas. Algunas de ellas, incluso, basan su modelo de negocio en la recirculación de contenidos editoriales —como resúmenes de prensa—, escatimando el pago de derechos a los titulares. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp no han hecho más que agravar este problema, convirtiéndose en el principal canal de acceso ilegal de obras editoriales y permitiendo una práctica por la que el sector editorial deja de ingresar cada año algo más de 38 millones de euros.

Estos son algunos de los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, una investigación pionera y extensa liderada por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). En concreto, el estudio examina la remuneración que reciben los autores y otros titulares de derechos de autor por la "reutilización" de sus obras. Este término hace referencia a desde la fotocopia hasta la digitalización, comunicación pública, reproducción o compartición de contenidos como libros, periódicos, revistas y partituras. Y, de acuerdo con los resultados, nuestro país está en una situación crítica: la falta de retribución a los titulares de derechos, unida a la proliferación de robo de contenidos, "compromete la sostenibilidad de la cultura escrita y la salud democrática en España".

El Observatorio se nutre de los resultados y conclusiones de dos informes distintos. El primero de ellos, dirigido por el profesor Julio Cerviño, de la Universidad Carlos III de Madrid, hace un análisis comparativo de la situación de los derechos de autor por usos secundarios de los contenidos editoriales en Europa, mientras que el segundo, liderado por Héctor Jiménez, director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia, aborda la piratería en línea de contenidos editoriales en español.

Entre algunas de las conclusiones, el Observatorio asegura que nuestro país se encuentra en una posición de desventaja competitiva respecto a Europa. Esto se debe, en primer lugar, a las bajas tarifas que fijan los titulares de los derechos por la reutilización de sus obras. "La tarifa media en España por la reutilización de contenidos editoriales es un 38,25% más baja que la media europea, ponderada a paridad de poder adquisitivo. Esto implica que, por cada euro que se abona en Europa, en España se abonan 0,61, siempre y cuando se dé una situación de pleno cumplimiento del pago de los derechos por la reutilización de los libros, periódicos, revistas y partituras", señalan.

Por otro lado, Cerviño apunta a un segundo elemento: la baja concienciación sobre la necesidad de remunerar a los autores y editores de la cultura escrita por la reutilización de sus contenidos. "La remuneración obtenida por el sector editorial en otros países europeos es tres veces mayor a la de los españoles", ha asegurado durante la presentación del Observatorio, que tuvo lugar este miércoles en el Círculo de Bellas Artes. En concreto, la retribución per cápita media por este concepto es de 1,52 euros al año, mientras que en España se sitúa en 0,48.

"A pesar de que los titulares de derechos han hecho el esfuerzo de facilitar la reutilización de sus contenidos a un precio muy asequible, dado que sus tarifas están por debajo de la media europea, los derechos de autor de autores y editores españoles no se están reconociendo ni remunerando de forma adecuada. Todo ello provoca que la industria editorial española se encuentre en un escenario de desventaja competitiva respecto a sus homólogos europeos, comprometiendo la sostenibilidad de la cultura escrita, que es el pilar de una democracia sólida", indica el estudio.

Agujero de 38 millones de euros

La desventaja competitiva no es el único perjuicio que sufre la industria editorial. En términos económicos, la investigación estima que el incumplimiento por parte de los usuarios por reutilización de los contenidos y obras provoca al sector un agujero de 38 millones de euros. En este sentido, el Observatorio indica que, actualmente, estas compañías recaudan algo más de 6,6 millones de euros por este concepto a través de licencias de derechos de autor. Ahora bien, si las empresas y administraciones públicas españoles estuvieran al nivel de Europa en cumplimiento a la hora de remunerar los contenidos que reutilizan, las compañías de la industria incrementarían su recaudación hasta los 44,67 millones de euros. Una cuantía que podría elevarse hasta los 72,3 millones si igualaran sus tarifas a las de los países de nuestro entorno.

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En este sentido, los autores del estudio han puesto el foco en dos sectores. Primero, el sector público, cuya aportación a la industria editorial por la reutilización de sus contenidos es de apenas el 7,5%, mientras que la media europea se encuentra en el 56%. En cifras, esto se traduce en 0,5 millones de euros, una cantidad que podría ascender a los 25 millones si la Administración tuviera un grado de cumplimiento similar al de la UE, y superaría los 40 millones en caso de que las tarifas españolas se asemejaran a las comunitarias. "En el caso de que el sector público remunerase la totalidad de los contenidos editoriales que reutiliza, habría un efecto positivo en el sector editorial: aumento de los recursos económicos para el sector, aumento de los recursos para otros sectores (proveedores) y el aumento de recursos para la creación de puestos de trabajo, así como un retorno fiscal de más de 20 millones de euros para las arcas públicas", ha precisado Cerviño.

En segundo lugar, Jorge Corrales, director general de Cedro, ha hecho una mención especial a las agencias de clipping. "En el mercado de los resúmenes de prensa, hay una práctica generalizada de no remunerar a los titulares de derechos por la reutilización de las obras. Son muy reacias", ha asegurado. Un problema que, a su juicio, se ve agravado por dos elementos. Primero, que los usuarios finales (es decir, los clientes de las agencias) no consideran que deban remunerar a los titulares por el uso que hacen de los contenidos periodísticos, a pesar de que la ley lo establece expresamente desde 2019. Y segundo, la propia idiosincrasia de estas empresas, "que han basado toda su estrategia comercial en hacer de los contenidos periodísticos una commodity y los abstraen de valor", ha criticado.

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"Somos un sector fundamental para el progreso y la salud democrática de nuestra sociedad. Sin embargo, los usuarios, tanto del sector público como del privado, no están remunerando adecuadamente a los autores y editores por la reutilización de sus contenidos, lo que está generando una desventaja competitiva grave", ha aseverado Corrales. Por su parte, Carme Riera, presidenta de la entidad, ha manifestado su intención de hacer llegar propuestas a la Administración y a la sociedad civil "para que el nivel de reconocimiento legal, económico y social de nuestros derechos llegue a los niveles de los países vecinos".

La piratería de contenidos sube un 60%

Por otro lado, la investigación asegura que la piratería online de contenidos editoriales se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, y uno de los responsables es la tecnología. "En un principio, esta actividad ilícita se basaba en la copia o impresión de ejemplares físicos, pero los avances tecnológicos han traído consigo un incremento de esta actividad ilegal que atenta contra la sostenibilidad de esta industria". Así, y a pesar de los esfuerzos de la industria para proteger las obras y las mejoras en el marco normativo, el robo de contenidos creció casi un 60% entre 2021 y 2022. Los datos del informe revelan, además, que este sector es especialmente sensible al fenómeno de la piratería: el 27,5% de los accesos a páginas web ilícitas son de contenido editorial.

A pesar de los esfuerzos de la industria para proteger las obras, el robo de contenidos creció casi un 60% en 2022

¿Por qué los ciudadanos consumen y difunden contenido pirateado? El informe apunta a dos razones. La primera, simple desconocimiento. La facilidad con la que se puede acceder a información provoca lo que Héctor Jiménez ha denominado como "borrachera tecnológica", por lo que el usuario no es capaz de identificar si lo que está consumiendo ha sido obtenido de manera ilícita. Y segundo, disonancia cognitiva. "Es decir, el ciudadano sabe que está mal, pero lo hace de todos modos por un motivo de practicidad. Se autoconvence con argumentos como que la cultura debería ser accesible para todos para mitigar la mala consciencia de saber que está haciendo algo incorrecto", comenta el director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia.

Para superar estas barreras y revertir la desventaja competitiva que sufren los autores y editores españoles, el Observatorio enumera una serie de soluciones, como promover la concienciación social en buenas prácticas de propiedad intelectual, impulsar medidas legislativas dirigidas a la lucha contra la piratería, adecuar las tarifas al nivel europeo y remunerar de manera adecuada a los titulares de derechos por la reutilización de sus contenidos. En este sentido, Cerviño ha subrayado que debe ser la Administración pública quien lidere este proceso. "Es fundamental contar con el compromiso del sector público, por el papel de liderazgo que desempeña a la hora de implementar buenas prácticas y por su responsabilidad en el desarrollo económico y del sector cultural", ha zanjado.