La huelga de letrados de la Justicia suspende 180.000 juicios: "Será peor que en el covid"

Cerca de 178.000 juicios suspendidos. Esta es la cifra con la que arrancan los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) su quinta semana de huelga indefinida, la primera de estas características que vive la Justicia en su historia. Un número que con toda probabilidad va a seguir creciendo habida cuenta de la tensión que reina entre el ministerio que lidera Pilar Llop y el colectivo. Lejos de llegar a un acuerdo, las acusaciones cruzadas y las malas palabras entre ambas partes han sido constantes en los últimos días: mientras que el ministerio define el parón de los funcionarios como una iniciativa de "personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros" y les acusan "aprovecharse del sufrimiento de la ciudadanía" por un fin meramente económico, las asociaciones de letrados reprochan a Justicia un "carácter autoritario" y se plantean acudir a la vía penal. Mientras, las causas siguen amontonándose en la mesa de los juzgados sin que nadie las atienda, provocando un colapso de dimensiones insospechadas.

"No sabemos la magnitud de lo que se viene encima. La pandemia ya provocó una congestión considerable de la que estábamos empezando a recuperarnos, pero esto va a terminar de catapultarla", asevera Paz Vallés, diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia del Colegio de Barcelona. En la misma línea se pronuncia Javier Mata, diputado responsable de Defensa de Abogacía en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que asegura que el atasco que se está formando "será mucho peor que el del covid".

El motivo, explica, es que los LAJ son los encargados de llevar la agenda a los jueces, por lo que la tónica general que están siguiendo los tribunales es de suspender las vistas sin indicar otra fecha. "Todos esos juicios tendrán que ser reubicados una vez termine la huelga. Si ya señalaban a largo plazo, no quiero imaginar cómo será a partir de ahora", lamenta. Además, el diputado explica que si bien durante la pandemia los tribunales no celebraban apenas juicios, tampoco recibían causas nuevas porque la población estaba confinada. Ahora, el ritmo de entrada es normal, pero los juzgados apenas resuelven, por lo que la congestión que se está gestando es mucho mayor.

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Los abogados y los procuradores son, precisamente, los que protagonizan la mayor parte de las quejas dentro del sector por los perjuicios que les está generando en su día a día. Esto se debe a que los juzgados no avisan a los profesionales de que el juicio ha sido suspendido hasta el último momento, lo que provoca que muchos tengan que desplazarse a otras ciudades (con el gasto económico que ello conlleva) para encontrarse con que su vista no se va a celebrar. "Te preparas el caso y convocas al cliente y a los testigos para que vayan a un juicio fuera de su ciudad o de su país que sabes que se va a suspender, pero como no tienes la certeza, tienes que estar", detalla Carmen Varela, abogada de familia en Barcelona.

Ahora bien, la principal crítica que realizan los profesionales no es la falta de antelación a la hora de avisar, sino el daño que está provocando el parón sobre los ciudadanos. Al fin y al cabo, subrayan, son sus causas las que quedan paralizadas y sus derechos los que no se tienen en cuenta. "La semana pasada tuve que ir a Murcia con un cliente que vive en Londres por un juicio sobre la custodia de su hija. Nos avisaron de que se suspendía cinco minutos antes, pero lo peor no es eso, sino que este proceso ya lleva un año y medio de retraso y en ese tiempo no ha visto a la niña", detalla Cristina Díaz Malnero, abogada de familia y presidenta de la sección de familia en el ICAB, que critica las suspensiones en los casos en los que hay menores de por medio. "Es cierto que la huelga es un derecho de los LAJ, pero las personas que sufren los atrasos de la Justicia también tienen derechos que no están siendo respetados. Están destrozando familias", reprocha.

Otro de los problemas más recurrentes que están detectando los letrados es el cobro de cuantías económicas reconocidas judicialmente, como deudas, indemnizaciones o, incluso, pensiones de alimentos. "El dinero está en el juzgado, pero los progenitores no lo reciben porque quien tiene que autorizar la transacción es el LAJ", afea Varela. "Es frustrante porque son cantidades que ya han sido abonadas al tribunal y solo falta la firma del LAJ para que le llegue al justiciable", indica Isidro Moreno, abogado y vocal de la Asociación por un Turno de Oficio Digno (Altodo).

Precisamente este tipo de situaciones extremas han obligado a recular a las asociaciones y aseguran que empezarán a avisar con algo de tiempo a abogados y procuradores de que su vista no se celebrará. "Se está alargando más de lo que pensábamos en un principio y entendemos que es necesario paliar de algún modo los perjuicios. Pero no es responsabilidad nuestra porque los servicios mínimos los marca el empleador", subraya Xoan Xosé Yáñez, portavoz del comité de huelga.

Más desempleo y menos inversión

La huelga de los letrados de la Justicia no solo afecta a los ciudadanos con causas judiciales abiertas, sino que podría tener consecuencias nefastas sobre la economía nacional. Esto se debe a que hay un vínculo directo entre el nivel de atasco de los tribunales e indicadores económicos como el desempleo, la inversión e, incluso, el mercado de la vivienda. En concreto, un aumento de un punto de la tasa de congestión provocaría un incremento de dos puntos en la tasa de desempleo y una reducción del número de inmuebles disponibles para alquilar (3.400 viviendas en Madrid, 3.100 en Barcelona y 1.400 en Valencia). En la misma línea, una subida de 10 puntos del nivel de embotellamiento supondría una caída de 0,1% del índice de inversión.

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Estos datos provienen de diversos estudios de Juan S. Mora Sanguinetti, un abogado y economista del Banco de España que lleva años estudiando el impacto que tiene la lentitud de los jueces sobre la economía del país y que ya ha alertado sobre el efecto devastador que tendrá el parón de los LAJ, especialmente en regiones que ya arrastraban una congestión estructural considerable, como es el caso de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. "Los problemas económicos que puedan venir derivados del funcionamiento de la Justicia pueden ser posiblemente más graves", expresó hace unos días en una entrevista para Onda Regional de Murcia.