Un equipo español rastrea los bienes de los rusos sancionados por la Unión Europea

En marzo de 2022, las autoridades españolas inmovilizaron el yate de lujo Valerie mientras estaba atracado en el puerto de Barcelona. El barco, valorado en 130 millones de euros, era propiedad de Serguéi Chemezov, magnate ruso y líder de Rostec, la corporación estatal de armamento. Horas más tarde, la Dirección General de la Marina Mercante precintó otro buque de lujo, el Lady Anastasia, en el puerto de Calvià (Mallorca). El dueño era otro oligarca ruso: Alexander Mikheev, director general de Rosoboronexport, un holding de Rostec dedicado a la exportación e importación de armas. Ambas acciones tenían una simple finalidad: cumplir con las sanciones fijadas por la Unión Europea contra figuras cercanas al régimen de Vladímir Putin.

Actualmente, Bruselas mantiene en su lista negra a un total de 1.386 personas y 171 entidades, según los últimos datos publicados por el Consejo Europeo. De una forma u otra, todas ellas se ven afectadas por las medidas de inmovilización de activos y otras restricciones que ha impuesto la UE en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. A la hora de materializar estas sanciones, España ha tenido un papel muy relevante. Desde que se publicó el primer listado, nuestro país ha bloqueado un total de 59 fondos (cuentas corrientes, acciones, etcétera), 27 inmuebles, cinco embarcaciones y cuatro aeronaves, de acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional en septiembre.

En esta labor de rastreo ha tenido un papel protagonista el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB). Desde sus oficinas situadas dentro del Registro de Bienes Muebles, a las afueras de Madrid, este equipo formado por 20 profesionales se encarga de revisar si las personas declaradas non gratas por Bruselas cuentan con bienes en España, para después informar a las autoridades competentes para que lleven a cabo la inmovilización de los activos. Aunque depende del Colegio de Registradores, los que componen el organismo no son registradores. "Son especialistas", declara, ambiguo, José Miguel Tabarés, director del CRAB. Aunque rechaza concretar perfiles, sí admite que todos tienen formación legal y económica. "Buscamos a los mejores", resume.

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El organismo venía desarrollando esta labor desde 2004, aunque no fue hasta 2015 que se creó formalmente. "Se oficializó después de que Rusia invadiera Crimea a finales de 2014. El objetivo era regular cómo habría que actuar en el caso de que se ordenara el bloqueo de bienes de rusos por parte de la Unión", relata Tabarés. Los oligarcas cercanos a Vladímir Putin no son los únicos que están en su punto de mira. "Ya hicimos labores de verificación cuando la UE publicó sanciones a Irán y Corea del Norte, pero no tenían bienes en España. Los que sí nos están dando supuestos prácticos de actuación son los rusos y los bielorrusos", detalla.

El CRAB colabora estrechamente tanto con el Registro Mercantil como con las autoridades policiales. "A veces recibimos informes de la policía o la Guardia Civil diciéndonos que tienen indicios de que el titular de un determinado bien es una persona incluida en la lista de Bruselas. Nosotros remitimos esa información al Registro para que lo bloquee, pero nunca actuamos directamente sobre el activo; no es nuestra competencia", matiza Tabarés.

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Esa labor de revisión no solo pasa por los bienes en concreto, sino también por la identidad de los sancionados. Una tarea que no siempre resulta sencilla. "Tenemos un problema con la identificación de las personas, porque una cosa es el nombre en el alfabeto cirílico [el sistema de escritura del ruso y otras lenguas de Eurasia] y otra es cómo se ha publicado en nuestro alfabeto", señala el director. Así, al hacer la traducción, algunas letras se pierden o se transforman, lo que obliga a los expertos del CRAB a revisar tanto los nombres que coincidan con los publicados en el listado de la UE como fórmulas similares.

A esto se le une el hecho de que, en Europa, los ciudadanos suelen tener un solo apellido. Un matiz que dispara las posibilidades de coincidencia, especialmente cuando el del sancionado es especialmente común. En la misma línea, Tabarés agrega que, mientras que en España se identifica a las personas por su DNI o número fiscal, la Unión lo hace por la fecha de nacimiento. "No es fácil. Nos ha ayudado mucho policía y Guardia Civil, pero también hemos tenido muchos falsos positivos", confiesa.

"Tenemos problemas con la identificación de rusos por la traducción de nombres del alfabeto cirílico", relata Tabarés

Sospechosas de blanqueo

El rastro de bienes de oligarcas rusos y bielorrusos no es la única función que realiza el Centro Registral Antiblanqueo. De hecho, esta tarea es más bien secundaria, mientras que el core de su actividad está dirigida a la lucha contra el blanqueo de capitales. En concreto, el objetivo inicial del CRAB era centralizar las comunicaciones entre el Registro y las autoridades con competencias en esta materia, entre las que se encuentra fundamentalmente el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, o Sepblac. Esa fue la razón de ser con la que empezaron a operar a principios de los 90, cuando los registradores quisieron involucrarse en la lucha contra el crimen organizado. "Luego eso evolucionó con las normas que se fueron aprobando para luchar contra el blanqueo", relata Tabarés.

En la actualidad, el organismo se encarga de recibir las alertas que mandan desde el Registro Mercantil y el de la Propiedad sobre movimientos que resulten extraños. "Por ejemplo, que alguien haya constituido una hipoteca a 20 años y lo pague a los tres meses. O que una operación sencilla se haga de una manera compleja dando muchos pasos para llegar al mismo sitio", indica. Ese aviso llega a las manos de los profesionales del CRAB, que revisan la operación y verifican que sea lícita.

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A lo largo de 2021, el CRAB recibió más de 28.600 alertas. "En 2020 bajó un poco el volumen por la pandemia, pero cerraremos 2022 con cifras muy parecidas", puntualiza el director. La mayoría procedieron del Registro Mercantil, un dato lógico teniendo en cuenta que el blanqueo se suele materializar a través de estructuras jurídicas de sociedades muy complejas, con el objetivo de despistar a las autoridades. Y es que, aunque las alarmas puedan hacer referencia a movimientos aparentemente inocentes, la tarea de este equipo no solo se centra en detectar pequeñas irregularidades, sino que busca destapar grandes tramas de blanqueo o crimen organizado.

Cuando hay motivos de sospecha, el equipo crea un expediente donde incluye toda la información relevante. Para ello, se apoyan en las bases de datos de los registros españoles, los de otros países europeos o extranjeros a los que tengan acceso e, incluso, la información que pueda aparecer en Internet. "Muchas veces, Google te resuelve interrogantes que son difíciles de despejar de otra forma. Nuestra prioridad es complementar nuestros informes con cualquier información disponible. Nos da igual que venga en el registro holandés o en la web", asevera.

Las investigaciones pueden durar días o alargarse varios años, dependiendo de la complejidad de cada caso. Cuando la información es sólida, el Centro lo envía al Sepblac o las autoridades policiales para que ellos continúen con el procedimiento, archivando o llevándolo ante un juzgado, según corresponda. Solo en 2021, el CRAB remitió 251 expedientes. Aunque Tabarés rechaza concretar en qué operaciones han participado, todo apunta a que su labor es de gran utilidad a las autoridades. No en vano, este organismo recibió en 2019 la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco y la Cruz del Mérito Policial "por su labor en favor de la transparencia y contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".