María Emilia Adán: "Es populista pedir la gratuidad de los datos del Registro Mercantil"

Hace apenas un mes, María Emilia Adán era reelegida decana del Colegio de Registradores de España. En ella se dan dos circunstancias relevantes: fue la primera mujer en acceder al cargo, hace ahora cuatro años, y, tras la última votación, es la primera vez en 25 años que un decano logra revalidar su mandato al frente de la institución. Al exponer sus proyectos y hacer balance, Adán insiste en que la suya es una labor de equipo. Su primer ciclo, admite, no ha sido en absoluto sencillo, porque el covid lo ha trastocado todo, pero señala que no han estado ni mucho menos parados. La pandemia ha servido de palanca para acelerar la digitalización de un servicio esencial y en esa senda seguirán porque, como subraya una y otra vez, los registradores no tienen miedo a la tecnología. Su función, el control de la legalidad, nunca podrá ser realizada por un robot.

PREGUNTA. ¿Qué objetivos se plantea su equipo de cara a este nuevo mandato?

RESPUESTA. La reelección aporta continuidad. Nuestro gran objetivo es seguir acercando el servicio público registral al ciudadano. Esto supone, en primer lugar, dar a conocer qué aporta la institución a la vida cotidiana de las personas. En segundo término, queremos acentuar más si cabe todavía la colaboración con las administraciones públicas, utilizando toda la tecnología disponible para ser lo más eficientes posible. Finalmente, y a nivel interno, aspiramos a seguir trabajando y aportando ideas, porque somos un colectivo muy vivo y tenemos la inquietud de poder generar proyectos que sean socialmente relevantes y ayuden a resolver los problemas de los ciudadanos.

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P. ¿Qué balance hace de sus primeros cuatro años al frente de la institución?, ¿hay alguna cuestión que sienta que les ha quedado pendiente por hacer?

R. Evidentemente, el proyecto con el que llegamos hace cuatro años no hemos podido desarrollarlo como lo teníamos planteado. La pandemia lo ha condicionado todo. No obstante, no ha impedido que hayamos podido sacar adelante algunos de nuestros planes, como el Registro de Titularidades Reales, que materializamos en 2018 y lo hemos desarrollado desde entonces. También hemos seguido perfeccionando otros proyectos e implementando procedimientos totalmente telemáticos para trámites como el depósito de cuentas, el nombramiento de auditores o determinadas instancias que se presentan en el Registro de la Propiedad, como las herencias con un único heredero. En resumen, hemos acelerado todos aquellos procedimientos registrales que se pueden hacer completamente 'online', pero además hemos puesto en marcha una 'app' para que la gente desde su móvil pueda solicitar la nota simple, geolocalizando el edificio o el terreno sobre el que quiere obtener la información. También hemos puesto en marcha, fruto de lo sucedido en La Palma, un geoportal que permite identificar las fincas y, en ese plano, conocer las limitaciones medioambientales que puedan afectarles.

Es decir, hemos seguido trabajando en muchos proyectos, pero es cierto que algunos no han podido ir más allá porque las condiciones sanitarias nos han condicionado. Eso sí, quiero destacar que durante la pandemia los registros han estado permanentemente abiertos; 'online', sí, pero también presencialmente. ¿Por qué? Porque entendemos que el servicio registral debe darse en esas condiciones: de forma eletrónica, pero también dando la posibilidad de acercarse en persona a recibir asesoramiento.

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P. R.

P. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en los registros?

R. Nos preocupaba mucho la salud de los empleados de nuestras oficinas y de los ciudadanos, pero no podíamos dejar de atender los requerimientos que nos llegaban. Le pongo un ejemplo: para obtener una moratoria hipotecaria, en el alquiler o concursal, se puede necesitar una nota de localización que acredite si esa persona tiene más inmuebles que aquel para el cual está solicitando esa ayuda. También pensamos que debíamos apoyar a la gente en situación de vulnerabilidad y, para ello, habilitamos un sistema de acceso a la información totalmente gratuito (es decir, asumimos nosotros el coste).

La razón por la cual no podíamos cerrar las oficinas en ningún momento es por la denominada 'prioridad registral'. Es decir, quien primero accede al registro es quien primero ve reconocidos sus derechos. Porque el registro no solo reconoce derechos, sino que también asigna preferencias. Esta es una cuestión esencial. Ante esta situación, lo que hicimos fue, en estrecha colaboración con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y el Ministerio de Justicia, establecer un sistema por el cual, cuando un cuidadano llegaba a un registro al que no podía acceder por superar el aforo permitido, se le habilitaba la opción de acudir al registro colindante. Con ello, además, generamos sinergias entre oficinas y una solidaridad que permitiró que ningún registro se cerrara.

P. ¿Cuál es la situación actual? Porque la sexta ola se está manifestando con mucha crudeza.

R. No tenemos demasiados registros en una situación excepcional. Es cierto que tenemos muchos empleados y algunos registradores enfermos, y eso nos está creando problemas de personal que nos están obligando a hacer algunos reajustes, pero todos los registros están abiertos.

P. Estos días también hemos conocido el fin de la erupción del volcán en La Palma. ¿Qué papel han jugado los registradores allí?

R. Desde el primer momento nos planteamos que había que atender a los ciudadanos en aquello en que los registradores podíamos ayudar, que era darles instrumentos para acreditar la titularidad de sus propiedades, porque si no no podrían obtener ningún tipo de financiación. Ese instrumento era la certificación registral. El registrador de La Palma habilitó un sistema de urgencia para proporcionársela, en un tiempo muy breve, casi instantáneo, para que la gente pudiera hacer valer sus derechos. El Colegio apoyó esta iniciativa y se ha podido hacer de modo gratuito para aquella gente que lo había perdido todo. Había que ayudarles.

También habilitamos un sistema de asesoramiento en el que ha participado todo el personal del registro de La Palma, en coordinación con el resto de instituciones, y en estos momentos también colaboramos en la comisión que ha conformado el Ministerio de Justicia con la finalidad de buscar soluciones. El drama de la erupción parece que está ya controlado, pero ahora tenemos que dar respuesta a qué sucede con los terrenos cubiertos por la lava.

"No podemos dejar en manos de la máquina la resolución de conflictos; para garantizar los derechos, es necesario el control humano"

P. Uno de los mensajes en que incidieron en su último congreso nacional fue que los registradores deben saber acompañar a los ciudadanos y adaptarse a sus necesidades. ¿Hacia dónde debe caminar la función registral para adaptarse a la sociedad?

R. Los registradores y los registros, que tenemos 160 años de historia, hemos ido adaptándonos a la situación de la sociedad. Fuimos pioneros en el uso de la firma electrónica y de otros muchos instrumentos que tecnológicamente se fueron desarrollando en el siglo XX. Y seguimos en esa senda de incorporar los avances ahora, en el siglo XXI. No tenemos miedo a la tecnología porque, siempre que sea un instrumento auxiliar del profesional, creemos que puede actuar como una mejora del servicio. Estamos dispuestos a integrar en nuestra actuación todas las nuevas tecnologías, desde Blockchain hasta la 'tokenización' de activos inmobiliarios, pasando por la incorporación de los robots al Registro de Bienes Muebles. Haremos lo necesario para seguir prestando el mejor servicio a una sociedad que está en permanente cambio.

Ahora bien, el centro de la institución registral es resolver las necesidades del ciudadano, y este tiene que tener la posibilidad de dirigirse a un profesional para consultarle y tener la tranquilidad de que este vela por sus derechos. Por eso, no podemos dejar en manos de las máquinas la solución de los conflictos, porque eso acabaría mermando los derechos de la gente. Se trata de empoderar a los ciudadanos, no de limitarles; y eso no se consigue si estos se encuentran con que una máquina dispone de sus bienes o derechos sin que exista ningún control humano. Ese examen de la legalidad y los procedimientos está encomendado por la ley a los registradores de la propiedad.

P. Desde los órganos rectores profesionales, coinciden en el mensaje de que no hay que tener miedo a la tecnología. ¿En qué medida es importante que los registradores sean conscientes de que deben incorporarse a los cambios y no quedarse al margen de los mismos?

R. Pensamos que la función registral se defiende por sí sola. De hecho, esta tiene mucha fuerza en todos los países europeos y la normativa la está potenciando, solo hay que ver las directivas en materia societaria, que siempre ponen los registros mercantiles en el centro del control de la legalidad. Ahora bien, es cierto que las instituciones deben cuestionarse permanentemente por su utilidad: ¿para qué estamos? Creemos profundamente en la función que realizamos, tanto en el Registro de la Propiedad como en el Mercantil y en el de Bienes Muebles, pero creemos que todavía se puede perfeccionar. No tenemos miedo a los avances tecnológicos, porque somos conscientes de que las necesidades que cubren se tienen que atender.

¿Cuál es el problema? Que a veces los experimentos pueden desconocer esa realidad; desconocer la institución, su finalidad y su forma de trabajar. Y eso es lo que es verdaderamente peligroso, que se quiera prescindir de instituciones válidas, pensando que son caducas, y que la consecuencia final sea que se han limitado los derechos de los ciudadanos. Desde mi posición, en todo caso, tengo claro que debemos analizar nuestra función, que es muy necesaria, y ser capaces de actualizarla cuanto sea necesario.

P. ¿Tienen algún proyecto para incorporar la tecnología Blockchain en la actividad registral?

R. Sí, tenemos algún proyecto, pero aún se encuentra en fase de desarrollo. No me gusta anunciar algo que no está testado y preparado, pero es cierto que estamos trabajando en determinadas opciones y alguna de ellas podría ayudar a combatir el blanqueo de capitales. Espero poder anunciarlo pronto.

P. La Directiva 2019/1151 requiere a los países de la Unión que determinada información societaria sea gratuita. ¿Se va a avanzar hacia la gratuidad del Registro Mercantil?

R. El Registro Mercantil es una institución que se autofinancia a través de la publicidad. Es decir, en los presupuestos generales del Estado no hay ninguna partida que vaya destinada a él. Este modelo ha permitido que el registro sea una institución puntera que implementa de manera prácticamente instantánea cualquiera de los adelantos tecnológicos que se producen. Avanzar hacia un sistema de gratuidad en el acceso a la información podría provocar que el Registro Mercantil no fuera capaz de proveerse de sus propias necesidades.

Este debate debe abordarse con prudencia. Es muy fácil y populista pedir la gratuidad de los datos, pero hay que tener en cuenta que muchos de los que piden este cambio lo hacen para revender ellos esa publicidad. No es de todo cierto, como se afirma, que haya otros sistemas en los que la información es gratis; lo que sucede es que los procesos en el Registro Mercantil se pagan de otra manera. En Inglaterra, que es el país que suele ponerse como ejemplo, son las propias sociedades quienes lo financian a través de una cuota anual. En otros países, el importe de los aranceles de los procedimientos que hay o llegan al registro es mucho más elevado. El sistema español es barato y equilibrado. Insisto: debemos abordar esta cuestión sin apasionamiento y siendo conscientes de que la información gratis no se puede dar. La publicidad es la forma de financiación de los registros mercantiles y, en todo caso, deberemos preservar la necesaria protección de datos.

"Muchos de los que piden la gratuidad de los datos lo hacen para revender esa publicidad"

P. ¿Se debe avanzar hacia la posibilidad de que la información que consta en los registros sea legible por las máquinas?

R. La publicidad debe tener siempre un control. Además, no toda la publicidad es abierta. Una parte de la publicidad registral mercantil no requiere que se califique quién tiene el interés o no, pero sí otras como, por ejemplo, la del Registro de Titularidades Reales. Eso por un lado. Por otro, será importante determinar para qué se quiere esa información y qué uso se le pretende dar, porque en España tenemos una regulación muy avanzada de protección de datos que debe respetarse. Hay quien habla de la necesidad de mayor transparencia, pero en realidad lo que busca es poder hacer sus propios negocios. Nosotros, como institución pública, tenemos que regirnos por una serie de criterios objetivos.

P. ¿Está de acuerdo con quien afirma que los costes de inscripción o acceso al registro pueden suponer un freno a la actividad empresarial o económica?

R. No, porque no es cierto que esos costes sean tan elevados. El precio, por ejemplo, de constituir una sociedad —que se hace en seis horas y con un coste de alrededor de 40 euros— es una cantidad mínima que en ningún caso paraliza el tráfico económico. Los sobrecostes están en otros trámites. Otro ejemplo: inscribir la propiedad de un piso en Valencia son 200 euros. ¿Eso obstaculiza las transacciones? Sinceramente, no lo creo. Lo que sucede es que, en muchas ocasiones, se incluyen en los honorarios registrales los honorarios fiscales porque hay muchos registros que gestionan las oficinas liquidadoras. Entonces, aunque son dos mostradores diferentes, la gente suele sumar al coste registral los impuestos que deben pagar a la comunidad autónoma. El precio de los registros en España es uno de los más baratos de Europa y se puede demostrar.

P. Hay abogados especialistas en derecho societario que demandan más flexibilidad al realizar las inscripciones registrales, entre otras razones, afirman, porque puede frenarse la innovación contractual. ¿Comparte esta crítica?, ¿es necesario más diálogo entre letrados y registradores?

R. El problema es que el Registro Mercantil es la única institución que realiza el control de legalidad de los documentos de constitución de las sociedades, y esa función es muy importante. La innovación jurídica en los estatutos sociales, en muchas ocasiones, requiere ir más allá de la legalidad y los registradores no somos legisladores. De hecho, no son pocas las ocasiones en que los jueces respaldan nuestro criterio, como sucedió con la retribución de los administradores, que llegó hasta el Tribunal Supremo. Es importante señalar, en este sentido, que las decisiones de los registradores siempre pueden ser recurridas. En cuestiones societarias, suele existir un diálogo y un trabajo previo entre el despacho de abogados y el registrador, pero, cuando se trata de documentos importantes, nosotros no somos legisladores y no podemos esquivar nuestra función del control de la legalidad. Lo que habría que promover, en todo caso, son reformas legislativas.

P. ¿Qué le pide a 2022 la decana del Colegio de Registradores?

R. En el plano social, ojalá nos abandone de una vez la amenaza sanitaria que supone el covid. Desde el punto de vista jurídico, pediría serenidad para que seamos capaces de sentarnos todos, analizar las nuevas normas que están por venir y ser capaces de colaborar todos para que sirvan de forma efectiva para que el desarrollo económico y social sea palpable por los ciudadanos. Se van a tramitar leyes muy importantes para continuar por la senda de la recuperación económica. Todas las instituciones debemos aportar lo mejor de nosotras mismas, en un debate sereno, para que la salida de la crisis se convierta en una realidad.