El elefante en la habitación del atasco judicial: “Hay pasividad de los funcionarios”

Poco antes de Semana Santa, una abogada madrileña detectó un problema con uno de sus clientes. Unas semanas antes, había perdido un juicio por una reclamación dineraria que ascendía a 900.000 euros. A pesar de que plantearon un recurso contra la sentencia, el cliente ingresó la cantidad en la cuenta del juzgado. "Enviamos un escrito informando de la transferencia, pero el tribunal no debió verlo ni tramitarlo y, días después, ordenó el embargo de la misma cuantía: otros 900.000 euros", relata la letrada, que prefiere mantenerse en el anonimato. En total, 1,8 millones de euros paralizados. Cuando acudió al juzgado para aclarar el error, le comunicaron que la funcionaria que llevaba su caso estaba de vacaciones y no volvería hasta una semana después. Hace unos días, consiguió contactar con la profesional, que levantó el embargo sobre la cuenta bancaria, "pero no sobre el resto de bienes ni revocó los requerimientos a las personas vinculadas", lamenta la abogada, todavía a la espera de que se resuelva el problema.

Para aquellos que viven alejados del mundo de los tribunales, esta experiencia puede resultar chocante. Sin embargo, para los profesionales que tienen una relación estrecha con la Administración de Justicia, esta anécdota no hace más que reflejar una realidad cotidiana, y es el mal funcionamiento que parece regir muchos de los juzgados españoles. A la altísima carga de trabajo de muchos tribunales se une el problema histórico y estructural de falta de medios, que se materializa tanto en el ámbito material —papel, medios tecnológicos, infraestructuras— como en la plantilla. No obstante, algunos abogados descartan que los obstáculos de la Administración de Justicia se deban únicamente a estas causas y señalan la pasividad de algunos funcionarios como parte del problema.

"Es cierto que hay juzgados que funcionan muy bien, pero otros que son un horror, y eso se debe a que hay trabajadores dentro que o bien te ayudan o solo te ponen trabas", relata Carmen Pérez Andújar, socia de litigación y arbitraje en Maio Legal. Una opinión que comparte Emilio Gude, socio responsable del mismo departamento de Ceca Magán. "Es el pan de cada día", asegura, y cuenta que, recientemente, el juzgado retrasó la ejecución de una sentencia porque el funcionario que lo llevaba se había puesto enfermo. "Es un desahucio por precario. El procedimiento judicial ya se demoró tres años, pero finalmente nos dieron la razón. Ahora, llevamos un año solo para la ejecución del fallo", lamenta.

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¿Por qué ocurre esto? Normalmente, los trabajadores de un juzgado se reparten entre ellos cada asunto que entra. Suele hacerse por materias, aunque también se asigna por números (por ejemplo, uno se queda con los expedientes acabados en número par y otro con los impares). Los problemas comienzan cuando un trabajador cae enfermo, se va de vacaciones o, simplemente, está de baja. "En algunos juzgados se coordinan y cubren la ausencia, pero en muchos otros no", describe el abogado.

Como en el caso descrito al inicio de este artículo, los compañeros suelen desentenderse e instan a los profesionales a esperar a la vuelta del funcionario que lleva su caso. "Cuando empieza el verano, todo lo que tiene que ver con procedimientos se ralentiza", critica Gude, ya que es la época en que muchos trabajadores comienzan sus vacaciones. A ello se suma el hecho que agosto es un mes inhábil para la Administración de Justicia, por lo que los procedimientos pueden retrasarse varios meses. "Como tu funcionario se vaya en junio, ya no ves resolución hasta septiembre. Se te retrasa tres meses, aunque sea un tema muy urgente", asevera el socio de Ceca Magán.

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La lentitud también se agrava cuando un funcionario del juzgado comete un error en algún procedimiento. Y no solo cuando el fallo es de gravedad, como un embargo de 900.000 euros, sino también con erratas menores. "Si hay alguna equivocación en algún dato, por ejemplo, no puedes simplemente pedir informalmente que lo corrijan, sino que tienes que presentar un escrito con esa petición, que se va a la montaña de papeles y puedes estar seis meses esperando a que lo atiendan", reprocha Pérez Andújar.

La pandemia no ha hecho más que agravar esta situación. "Todavía se sigue utilizando la excusa del covid en los juzgados", asevera Susana Perales, directora del departamento de litigación y arbitraje de Ceca Magán. Antes, los abogados y procuradores podían llamar o acudir presencialmente a los órganos judiciales en caso de tener un problema o para consultar cómo iba su caso, "pero ahora no te dejan pasar alegando riesgo de contagio o no te dan actualizaciones del caso porque el funcionario que lleva tu asunto está teletrabajando", describe.

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Esa respuesta cuenta que recibió precisamente hace unos días, cuando llamó para pedir que tramitaran un tema. "Me dijeron que no podían hacerlo porque el compañero encargado estaba en remoto. Les pedí un número de contacto o un correo electrónico, pero desde el juzgado no les asignan datos propios, así que no me podían dar ninguno. Tampoco podían dejarle un recado porque ellos mismos no podían contactar con él. Y no podían atenderme los que sí estaban presenciales porque no era su asunto", enumera.

Problemas puntuales

Ahora bien, otros letrados rechazan que se trate de un problema estructural y lo enmarcan dentro de un conjunto de causas. Así, los problemas de la Justicia no se reducen únicamente a una mala praxis de sus trabajadores o a la falta de medios, sino que obedecen a distintas razones. "Juegan un papel importante la especialidad, la carga de trabajo, la falta de medios y la actitud de los funcionarios", enumera Daniel Sáenz, socio de procesal y arbitraje en Auren. Más allá va María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para quien estos episodios son algo puntual. "En Justicia hay malos funcionarios igual que los hay en todos los ámbitos", afirma.

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En su opinión, el principal problema de la Administración de Justicia es la falta de medios, que incluye el ámbito de la plantilla. "En los tribunales españoles hay un problema de interinidad enorme", critica. En la misma línea se pronuncia el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) Álvaro Perea. "Hay muchísima volatilidad de personal en todos los funcionarios judiciales: tramitadores, auxilios, gestores procesales, LAJ...", indica. En su opinión, la inestabilidad de la plantilla se explica por la temporalidad habitual en la Administración Pública, a la que se suma una jubilación masiva de los trabajadores de la generación del 'baby boom', actualmente en edad de retirarse del mercado laboral.

Esto provoca una alta rotación entre los funcionarios de Justicia; un obstáculo que se ve agravado, en opinión de Del Barco, por la mala gestión por parte de las consejerías de las comunidades autónomas para reponer los puestos que se quedan libres. "Se está retrasando la tramitación de todo. Es normal, no hay funcionarios. En Madrid hay juzgados que llevan meses con la mitad de la plantilla". La frecuencia con que se convocan concursos públicos suele ser bastante alta, agrega, por lo que las bajas pueden llegar a estar sin cubrirse durante varios meses.

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A ello se suma la falta de formación que presentan muchos de los profesionales que se incorporan finalmente a los tribunales. "Muchas veces envían a personal que no ha pisado un juzgado en su vida, que nunca ha trabajado en el ámbito de la Justicia. Y las opciones son, o te lo quedas, o renuncias y esperas otros tres o seis meses a que te envíen a otra persona", relata la jueza. Una realidad que confirma Perea, para quien la falta de formación práctica es uno de los grandes males de la Administración judicial. "Y no la reciben porque no hay presupuesto, como ocurrió en las últimas convocatorias", afea.

Pozos negros

Cuando un órgano judicial suma una alta rotación en su personal y una alta carga de trabajo, se convierte en lo que algunos juristas denominan puntos negros o juzgados 'calientes'. Es decir, tribunales que, por donde están localizados o la tipología de asuntos que les asignan, tienden a acumular un volumen de trabajo, ya sea en número de casos o en complejidad. "En la geografía española hay algunos puntos negros. Son partidos judiciales donde hay muchísimo trabajo, por encima del 300% del baremo del CGPJ", describe Perea. Algunos ejemplos son San Javier, en Murcia, Utrera (Sevilla), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Illescas (Toledo), que acumulan cerca de 18.000 escritos pendientes de tramitación. En el caso de esta última, la tasa de congestión es del 2,23, casi un punto por encima de la media nacional, que se sitúa en 1,49.

Cuando un tribunal presenta una alta carga de trabajo y mucha rotación, se convierte en un punto negro o juzgado 'caliente'

Esto provoca que apenas haya funcionarios (ya sean jueces, letrados de la Administración de Justicia, tramitadores o auxilios) con plaza de titular. El personal de estos juzgados suele estar en calidad de interinidad o realizando rotaciones que apenas duran unos meses. "Nadie quiere aceptar estos destinos, solo hay funcionarios de paso", asegura el LAJ. En el momento en que se libera una plaza en otro lugar, los profesionales abandonan el juzgado, dejando los asuntos sin resolver para el siguiente. De este modo, los juzgados van acumulando aún más trabajo. Un círculo vicioso que los condena al colapso.

Un fenómeno que corroboran los abogados consultados. "Como te caiga un asunto allí, puedes estar fácilmente cinco años hasta que se efectúe lo mínimo", confirman Perales y Gude, que añaden a la lista de puntos negros Arganda del Rey, Valdemoro, Parla y Majadahonda.

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Ahora bien, ¿cómo se convierte un partido judicial en un pozo negro? Las razones son diversas y dependen de la jurisdicción. Así, por ejemplo, en el orden penal suelen formarse cuando una localidad concentra una alta tasa de criminalidad. "Por ejemplo, si hay mafias o bandas. Como es crimen organizado, todos los asuntos se derivan al juzgado de donde la banda tenga el núcleo", relata Perea.

En el ámbito civil, en cambio, la localización geográfica tiene mucho que ver. Así, suelen formarse pozos negros en los municipios periféricos de las grandes ciudades, especialmente aquellos en los que residen ciudadanos con menor capacidad adquisitiva. "Como Utrera o San Javier, que son ciudades dormitorio de Sevilla y Murcia", puntualiza. El incremento de precios en las capitales empuja a las personas con menor renta a estas localidades y la falta de solvencia económica acaba siendo abono para los litigios por impagos. "Por ejemplo, alguien que pide un préstamo para pagar el coche y luego no puede devolverlo", señala.

Algo similar ocurre en la jurisdicción social y mercantil, donde los pozos negros se configuran en las zonas donde hay polígonos industriales. "Las empresas que tengan problemas de liquidez acabarán teniendo que acudir a la Justicia para solicitar un concurso de acreedores o por problemas de despidos o impagos a la plantilla", aclara el letrado.