La cruzada de un abogado sevillano contra la lentitud en los tribunales de Justicia

Se dice con frecuencia que 'Justicia lenta no es justicia'. Aunque para muchos puede ser una mera expresión, para el abogado Daniel Sánchez Bernal, estas palabras se han convertido en una lucha personal. Residente en Sevilla y especializado en Derecho Laboral, este letrado ha llevado ante los tribunales los en ocasiones exasperantes tempos judiciales. El pasado 21 de diciembre, interpuso un recurso ante el Constitucional después de que un juzgado de la capital andaluza señalara el comienzo de un juicio por despido para las 10:10 del 7 de noviembre de 2024; tres años más tarde de la presentación de la demanda.

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La idea de reclamar ante el Constitucional por la lentitud de algunos tribunales llevaba tiempo rondando en su cabeza. Pero materializarla le resultaba complicado por las reticencias de los clientes de judicializar su caso aún más, con el consecuente tiempo y coste económico que ello suponía. A ello se le sumaban otros factores, como la sensación de que el recurso no llegara a buen puerto y el temor que suele generar entre los propios abogados presentar este tipo de quejas. "Muchos piensan que puede acarrear consecuencias", subraya.

Gran parte de ese miedo se esfumó cuando consiguió que un juzgado le adelantara un juicio señalado para mayo de 2024. "Era un caso bastante sencillo de despido. Defendíamos la improcedencia y había bastantes pruebas", recuerda. Al recibir la fecha de la vista, presentó un recurso ante la letrada de la Administración de Justicia de ese juzgado, que le dio la razón y confirmó que se estaban vulnerando los derechos del denunciante. "La jueza reorganizó la agenda y nos citó dos meses después, en noviembre de 2021", celebra. La sentencia se dictó unas semanas después, declarando el cese improcedente.

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Poco después, se encontró con el mismo problema. En esta ocasión, el letrado interpuso una demanda contra una universidad de Sevilla por haber incumplido el contrato de su cliente, que había terminado su doctorado y tenía derecho a incorporarse a la plantilla. El centro se negó, por lo que el afectado pedía una indemnización por daños. El juzgado fijó el juicio para noviembre de 2024. Sánchez presentó una queja y solicitó adelantarlo, pero se lo denegaron. "Era un asunto delicado porque el cliente estaba en una situación económica vulnerable. No podía esperar tanto", indica.

Con el beneplácito del cliente, ha interpuesto un recurso ante el TC solicitando un adelanto y alegando que un señalamiento tan dilatado en el tiempo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. De momento, la pelota está en el tejado de los magistrados, que deberán pronunciarse próximamente sobre la admisión a trámite de la demanda. En este sentido, el abogado es optimista, ya que considera que su causa cumple con los requisitos del tribunal al estar revestida de una gran trascendencia constitucional. Al fin y al cabo, recuerda, los señalamientos tardíos no solo se producen en el Juzgado n.º 11 de Sevilla, "sino prácticamente en todos los órganos jurisdiccionales de España", asevera.

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Aun así, se trata de un filtro complicado de pasar: de media, el TC suele rechazar el 97% de los recursos que recibe. El bajo porcentaje de admisiones, sin embargo, no amedrenta a Sánchez, que confiesa que, si no tiene éxito en España, "acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La congestión judicial, un mal extendido

Aunque la pandemia ha contribuido a aumentar la carga de trabajo de los juicios, lo cierto es que la fijación de juicios muy dilatada en el tiempo no es algo nuevo. "En laboral levamos años con esta problemática. También ocurre en otras partes, pero en Andalucía es escandaloso", lamenta. Los datos le dan la razón. Los tribunales especializados en Derecho del Trabajo de la región suelen tardar cerca de 17 meses en resolver un procedimiento judicial, la media más alta de España (la más baja son seis meses, en Asturias). De hecho, el juzgado más lento del país está en Sevilla y resolver un proceso le suele llevar un poco más de tres años.

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La lentitud se extiende por todas las órdenes jurisdiccionales y afecta incluso a los asuntos más sencillos de resolver. "A mí se me ha llegado a demorar más de dos años un recurso de apelación por las tarjetas 'revolving', que realmente no tienen ningún misterio, no es necesario practicar ninguna y la ley obliga a resolverlo en un mes", detalla. A día de hoy, algunos juzgados señalan juicios para cuatro o cinco años vista, pero eso no es lo más grave. "He visto casos de audiencias previas señaladas 'sine die', sujetos a la disponibilidad de la agenda del juzgado. Esto no se puede tolerar, genera una inseguridad jurídica que afecta a abogados y, sobre todo, a los ciudadanos", manifiesta el letrado.

Al final, el último perjudicado con estos señalamientos tan tardíos es el justiciable, ya que muchos acaban desistiendo al ver que no les compensa esperar cuatro o cinco años para ver satisfecha una pretensión o reclamación. "Acaban llegando a acuerdos que no les satisfacen o directamente no plantean ninguna reclamación", lamenta. Y cita el caso de un afectado por un banco al que, en vez de reclamarle los 10.000 euros que le debían, acabó firmando un pacto para recibir algo más de la mitad y resolverlo de forma rápida. "Y eso no es justicia", reitera.

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Uno de los casos más graves en este sentido, narra, fue el que protagonizó un compañero suyo. Representaba a un ciudadano al que le habían denegado el ingreso mínimo vital. La revisión del caso estaba fijada para 2025. "Quienes solicitan esta ayuda son personas muy vulnerables, no puede dilatarse tanto. Para cuando se celebre su juicio, esta figura legal a lo mejor ni existe", critica. También recuerda una demanda en la que su cliente pedía que le reconocieran la incapacidad total, pero el comienzo del juicio se alargó tanto que tuvo que ampliar a una incapacidad absoluta y, después, a una gran invalidez.

Aunque asegura que los profesionales de la Justicia realizan una gran labor, agrega que la Administración sufre desde hace años un mal endémico, que es la lentitud. "Es un problema estructural y hace falta más personal y medios", insiste.

Contra el Colegio de Abogados

Las reivindicaciones de Sánchez no se reducen al ámbito judicial. Insatisfecho con el apoyo recibido por parte de su colegio de abogados, el de Sevilla, el letrado ha presentado una solicitud formal para que le reduzcan la cuota que abona anualmente, que asciende a 480 euros. En el documento, argumenta que una de las obligaciones de los organismos es apoyar a los colegiados en sus reivindicaciones ante los tribunales, además de defender los derechos de los ciudadanos. "Si nosotros [los abogados] incumplimos nuestros deberes para con la institución, se nos puede sancionar y aplicar medidas correctoras. Pues lo mismo tenemos que exigir nosotros; si los colegios incumplen sus obligaciones, también tendrán que responder por ello", asevera.

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Además del organismo sevillano, el letrado también se ha dirigido al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Defensor del Abogado para que se sumen a sus peticiones, sin haber obtenido respuesta por el momento. En esta línea, Sánchez se muestra apesadumbrado por la falta de apoyo recibida por otras instituciones a nivel estatal como el Consejo General de la Abogacía Española, el Ministerio de Justicia, consejos territoriales y otros colegios de abogados. A todos ellos les pide que muevan ficha en esta causa "para que entre todos podamos subsanar este déficit que tiene la Administración", señala. De momento, la respuesta de todos ellos es la misma: silencio.