Los abogados podrán denunciar retrasos injustificados de los tribunales

Los Colegios de Abogados deberán crear un protocolo para tramitar las quejas de los letrados por retrasos injustificados de los tribunales. Se trata de una obligación introducida en el nuevo Estatuto de la Abogacía, publicado en el BOE el pasado miércoles y que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Además, el texto insta a los organismos a habilitar mecanismos que permitan trasladar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denuncias sobre posibles "tratos desconsiderados" por parte de los jueces, como puede ser una falta de respeto o un gesto que coarte la libertad o independencia del profesional.

Esta obligación ha pillado desprevenidos a muchos colegios profesionales. Así, y aunque los grandes ya cuentan con vías para atender este tipo de casos, desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) explican que, en general, no existen protocolos. "La mayoría o no tiene nada o solo atiende los casos más graves", aclaran a este medio fuentes de la institución. Hasta ahora, el estatuto no establecía ningún cauce para tratar estos asuntos. Con la aprobación del nuevo texto, los 83 colegios españoles estarán obligados a articular soluciones para cualquier tipo de impuntualidad en las vistas o faltas de respeto de los jueces hacia los letrados.

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La novedad viene articulada en los artículos 57 y 58 de la norma, que regula los retrasos en las actuaciones judiciales y la protección de la libertad e independencia de los profesionales. En este sentido, el texto fija que los letrados deben esperar "un tiempo prudencial" sobre la hora señalada, transcurrido el cual, y siempre que no exista causa justificada, podrán formular una queja. En caso de que los atrasos sean reiterados, los colegios deberán denunciarlo ante el CGPJ. Del mismo modo, el estatuto invita a los abogados a notificar las conductas de los jueces que "coarten la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales".

Madrid y Barcelona, preparados

Esta obligación, no obstante, no supone un gran cambio para algunas entidades. Es el caso del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que desde 2017 cuenta con un departamento llamado Defensa de la Abogacía destinado, precisamente, a gestionar este tipo de reclamaciones. Entre sus principales funciones, relata su responsable Victoria Espejel, destaca la de tramitar las demandas por retrasos reiterados por parte de los tribunales. "Es la queja más habitual", revela.

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Los abogados, por tanto, informan al colegio, y un representante se pone en contacto con el órgano judicial, por teléfono o personalmente, para preguntar el motivo de la demora. "Suele tener bastante resultado", comenta la responsable. Trimestralmente, el departamento prepara un informe en el que recoge todos los atrasos reiterados e injustificados de los tribunales y lo presenta ante el CGPJ para que tome las medidas que considere adecuadas.

Esta sección del ICAM también lleva los asuntos relativos a tratos desconsiderados por parte de jueces. "Cuando llega alguna reclamación, nos reunimos los seis miembros del equipo para revisar el caso con la máxima objetividad posible", describe Espejel. De confirmarse que ha existido una falta de respeto, se eleva la demanda al máximo órgano de los jueces para que decida la sanción.

Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) tiene desde hace años una Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) que se encarga de este tipo de asuntos, entre otras cosas. Otros organismos, como el de Cádiz o el de Sevilla, también cuentan con mecanismos específicos al respecto.