Castlelake se pone en manos del exdirector jurídico de BBVA en la guerra de Millenium

La guerra desatada en el consejo de administración de Millenium Hospitality ha llevado a las dos partes enfrentadas a cargarse con artillería legal. Como adelantó El Confidencial, Javier Illán, consejero delegado de la compañía hasta el pasado 24 de enero, se ha puesto en manos de Álvaro Remón, el abogado que ha defendido a Andrea Orcel e Ismael Clemente frente a Santander y a Albert Rivera frente al despacho Martínez-Echevarría, entre otros casos.

Con este fichaje, ha respondido al envite lanzado por la socimi del fondo estadounidense Castlelake, que ha confiado su ofensiva judicial a otro nombre propio del sector, el abogado del Estado en excedencia y, desde hace cuatro años, of counsel del bufete Pérez-Llorca, Eduardo Arbizu.

El abogado navarro fue durante casi dos décadas el guardián de los secretos de BBVA, entidad a la que se incorporó en 2002 como director general de Asuntos Legales, posteriormente fue nombrado director de Servicios Jurídicos, responsabilidad a la que años después se sumaron asesoría fiscal, auditoría y cumplimiento. En 2011, fue nombrado máximo responsable global de Legal y Compliance, y en 2018, de Regulación y Control Interno.

Sin embargo, apenas un año después, en julio de 2019, salió del banco tras verse envuelto en una investigación interna por el caso Villarejo. Aunque aquel expediente sancionador acabó siendo archivado por BBVA, Arbizu ha terminado siendo uno de los directivos del banco imputados por el juez García-Castellón.

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R. Ugalde

En Millenium, el epicentro de la disputa está en la compra de un terreno en El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), el 11 de noviembre de 2022 por 12 millones de euros para desarrollar un resort de lujo. Castlelake acusa a Illán de no haber informado ni al consejo de administración, ni a la comisión de auditoría, ni al comité ejecutivo de que Grupo Millenium Investment Partners (GMIP), sociedad del propio Illán, era titular de un préstamo hipotecario sobre la finca.

Las fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que, en la reunión del pasado 24 de enero, ya estuvieron presentes los abogados de Pérez-Llorca, que llevaban preparada toda su artillería legal para emplazar a Illán a presentar su dimisión como única alternativa posible al cese inmediato. Desde el bufete, han declinado hacer ningún comentario.

Las mismas fuentes aseguran también que la operación de Vejer de la Frontera contaba con las bendiciones de otro importante despacho de abogados, Uría, que habría asesorado la misma, con el añadido de que el bufete trabajaba tanto para GMIP como con la socimi. Consultado por este medio, un portavoz de Uría también ha declinado hacer cualquier tipo de comentario.

Según el relato que la propia socimi ha comunicado al mercado, GMIP había adquirido por tres millones de euros la deuda del solar, que se encontraba en ejecución, y a cambio recibió 10 millones de euros, como cancelación del préstamo, cuando la socimi adquirió el terreno. Un lucro que Illán no habría comunicado y que Castlelake ha utilizado ahora para forzar su salida. Sin embargo, desde el entorno del ex consejero delegado se defiende que la socimi sí tenía conocimiento de dicho préstamo.

Fuentes consultadas por El Confidencial han confirmado a este medio que ya en 2020, como defiende Illán, el ex consejero delegado planteó la compra del suelo de Vejer de la Frontera por parte de la socimi hotelera, ofrecimiento que fue rechazado por la cúpula de aquel entonces, de la cual todavía no formaba parte Castlelake. El fondo aterrizó en Millenium Hospitality en julio de 2021, aunque fue en una ampliación de capital de mayo de 2022 cuando llegó al 49,9%.

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Entonces, también se hizo con una participación del 5% la Mutualidad de la Abogacía. A pesar de ser el segundo accionista de la socimi, junto a una sociedad de la familia Sainz de Vicuña, ha asegurado a este medio que no se les comunicó la ofensiva contra Illán que iba a llevarse al consejo del pasado 24 de enero, que están siguiendo la información a través de los comunicados oficiales a la bolsa y que están "analizándola detalladamente".

La compra del terreno de Vejer se produjo en noviembre de 2022, con un consejo renovado tras la llegada de los tres representantes de Castlelake y de dos independientes que entraron tras la toma de control del fondo (el actual presidente, Luis Basagoiti, y la abogada fiscalista de Uría Pilar Muñoz).

El hecho de que la anterior cúpula descartara comprar este suelo y que ahora su adquisición haya derivado en el cese del consejero delegado lleva a preguntarse qué due diligence llevó a cabo el nuevo consejo, ya bajo el control de Castlelake, para apoyar la compra. Ni desde la socimi, ni desde el fondo han respondido a la pregunta.