PSOE y PNV impiden la comparecencia de una consejera de Urkullu por un caso de abusos a menores tutelados

El PSOE y el PNV en Álava han tumbado la petición del PP para que la consejera de Justicia del País Vasco, Beatriz Artolazabal, compareciera por su gestión durante un escándalo de abusos sexuales a menores tutelados que estalló en 2016. Se trata del caso Sansoheta, que sentó en el banquillo a diez acusados por pagar a cambio de sexo a varios jóvenes que residían en un centro de Álava. Entonces, Artolazabal era la diputada responsable de Bienestar Social en esa misma provincia y estaba a cargo de la supervisión y gestión de estos espacios. Ahora, no solo ocupa una Consejería en el Gobierno de Iñigo Urkullu, sino que se postula como candidata del PNV a la alcaldía de Vitoria. El actual regidor, Gorka Urtaran, es de su mismo partido.

"La responsabilidad política no prescribe", defendió la portavoz de los populares en las Juntas Generales de Álava, el órgano territorial legislativo ante el que pidieron la comparecencia de Artozabal. Petición que, finalmente, no saldrá adelante tras sumar este martes los votos en contra del PSOE alavés y el Partido Nacionalista Vasco. Ante el cerrojazo, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, denunció un "bloqueo" por parte de ambos partidos.

"Es momento de que los responsables políticos que fallaron en la tutela de estos menores expliquen qué paso y cuál fue su gestión”, consideró el líder popular este mismo martes. Ha pasado un mes desde que concluyó el juicio por el caso Sansoheta, que quedó visto para sentencia. "Se marchó de la Diputación sin dar explicaciones, y debe darlas", sentenció el presidente del PP alavés, a sabiendas del "no" a la comparecencia de la consejera ante las Juntas Generales. Oyarzábal, que convocó de urgencia a los medios para valorar la resolución, se mostró muy crítico con el PSOE y el PNV por negarse a que Artolazabal diese explicaciones.

El caso Sansoheta

El centro de menores tutelados de Sansoheta cerró sus puertas por el escándalo de los abusos y está pendiente de una concesión para darle otro uso y dejar atrás lo ocurrido hace seis años. Todo comenzó con la denuncia de la madre de uno de los jóvenes el 5 de abril de 2016. Se percató de que algo iba mal, y acudió a las autoridades. Con el tiempo se destapó que varios de ellos, chicos y chicas, se prostituían a través de páginas web o aplicaciones de mensajería móvil a cambio de dinero u otros regalos. Los presuntos clientes —cuatro de los diez acusados admitieron los hechos ante el juez— argumentaron no conocer la edad de los siete jóvenes acreditados como víctimas. Por aquel entonces todos eran menores de edad, de entre 14 y 17 años, y su tutela corría a cargo de la Diputación de Álava.

He ahí una de las claves del proceso judicial, que variaría el tiempo de las condenas. La Fiscalía pidió penas de entre 14 y 34 años para los acusados, y aún se espera una resolución. El mismo año en el que ocurrió todo, Artolazabal abandonó el cargo como responsable de Servicios Sociales y dio el salto a la política autonómica como consejera de Empleo y Políticas Sociales con Urkullu. Tras las últimas elecciones, continuó en el Gobierno vasco como titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y ahora es la candidata para relevar al actual alcalde de Vitoria.

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La comparecencia podría haber sido un duro revés contra la consejera. Desde que se dieron a conocer los abusos de Sansoheta hubo críticas al PNV, y al departamento de Bienestar Social que ella dirigía, en las que se alegaba falta de transparencia y supervisión. También se achacó a la Diputación de Álava una supuesta tardanza a la hora de investigar los hechos, que habían sido denunciados por el director del centro de Sansoheta en 2016. El pleito duró una semana y se celebró entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de este año.

Algunos acusados llegaron a acuerdos con la Fiscalía y lograron rebajar sus penas a cambio de reconocer su implicación. Los otros seis encausados no dieron su brazo a torcer y negaron ser conscientes de la minoría de edad de las víctimas, con quienes mantuvieron encuentros sexuales. La cercanía del juicio con el arranque de la campaña electoral para las elecciones municipales en Vitoria, y la reciente candidatura de Artolazabal, provocaron que la lectura política del caso volviese a escena seis años después.

Ahora, la idea de una comparecencia ha sido frenada en seco y parece que la petición no tendrá mayor recorrido. "Hay cuatro acusados que han aportado novedades, que han reconocido los hechos y se han autoincriminado", argumentó Oyarzábal, que arremetió también contra los dos partidos que impidieron la solicitud: “Hasta ahora queríamos conocer la gestión de Artolazabal durante este escándalo. Ahora queremos saber también qué tienen que ocultar PNV y PSE, y a qué tienen miedo”.