El drama tras la brecha digital: sin ayudas sociales al no poder presentar los papeles

El confinamiento impuesto por el estado de alarma para combatir la expansión del coronavirus está provocando igualmente una avance en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas. Las carencias personales derivadas de la falta de dispositivos electrónicos en el hogar o de la ausencia de las habilidades necesarias para la comunicación vía telemática están conllevando en algunos casos la suspensión o el no acceso a las ayudas sociales ante la imposibilidad de presentar toda la documentación requerida para la concesión o el mantenimiento de las prestaciones.

El Defensor del Pueblo del País Vasco, el Ararteko, ha constatado que esta brecha digital está provocando durante el estado de alarma la denegación, suspensión o extinción de la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV), así como la desestimación de las ayudas de emergencia social, entre los receptores y posibles beneficiarios de este auxilio económico por no poder cumplir con los trámites requeridos.

El cierre de oficinas ha acrecentado los problemas entre la población más vulnerable al "no disponer de dispositivos electrónicos o destrezas informáticas"

La suspensión de la atención presencial en las oficinas del Servicio vasco de Empleo, Lanbide, y en los servicios sociales municipales a consecuencia de la pandemia está acrecentando –según alerta– los problemas entre la población más vulnerable, que hasta el escenario de emergencia sanitaria acudía con carácter general a las oficinas para solicitar o renovar las prestaciones al "no disponer de dispositivos electrónicos o destrezas informáticas".

A la vista de la enorme dificultad que conlleva para algunas personas en el actual estado de alarma el cumplimiento de los trámites de forma electrónica, el Defensor del Pueblo vasco, Manu Lezertua, ha iniciado una actuación de oficio para reclamar a Lanbide que flexibilice la exigencia de la documentación a presentar para el acceso a mantenimiento de la RGI y la PCV con el objetivo de “priorizar el dar una respuesta a las necesidades sociales”. Asimismo, deja constancia de las “dificultades de comunicación” con el Servicio vasco de Empleo o los servicios sociales de algunos municipios con las que se encuentran los afectados de cara a la resolución de su problema.

El ararteko inicia una actuación para pedir a Lanbide que flexibilice la exigencia de la documentación a presentar para acceder a las prestaciones sociales

Los afectados, como constata el ararteko, son además personas que ya tenían “dificultades serias” para “hacer frente a sus necesidades más básicas antes de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19”. Lezertua pone en valor la “agilidad” con la que han actuado las administraciones vascas para hacer frente a los efectos de la pandemia, pero advierte de que las medidas puestas en marcha “deberían tener en cuenta esta grave dificultad” a la hora de cumplimentar los trámites por vía telemática, y que “pone de manifiesto la existencia de una brecha digital en las capas de la población más desfavorecidas” que “afecta también a las personas inmigrantes con dificultades, además, de accesibilidad idiomática”.

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El ararteko alerta de las graves consecuencias que se están dando en materia de inclusión social por la existencia de esta brecha digital en un amplio resumen que recopila las quejas ciudadanas más relevantes que están llegando a la institución desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma por las restricciones derivadas de la actual emergencia sanitaria. En este informe, Lezertua deja constancia de que está tramitando un “importante número de expedientes” por la denegación, suspensión o extinción de las prestaciones o ayudas de emergencia social por estas dificultades a la hora de presentar la documentación por vía telemática.

Su actuación ante esta problemática ha dado ya algunos frutos, ya que el Defensor del Pueblo vasco informa de que algunos ayuntamientos han “flexibilizado la presentación de la documentación para el acceso a determinadas ayudas y servicios”. Ahora, confía en que su petición sea atendida por Lanbide.

La actuación del ararteko ha comenzado a dar sus frutos: algunos municipios ya han "flexibilizado la presentación de la documentación" para las ayudas

En esta materia, el Defensor del Pueblo vasco reconoce que los servicios sociales de los ayuntamientos están "haciendo un esfuerzo importante", pero deja constancia de que "un elevado número de personas" están planteando "su preocupación por la tardanza en tener una respuesta", expresando "el temor a que no puedan percibir las ayudas previstas a tiempo", y llamando la atención "sobre los problemas emergentes, como es el de la documentación exigida y la compatibilidad entre las distintas prestaciones económicas y ayudas que gestionan las diferentes administraciones públicas".

"Uso injustificado de la fuerza policial"

Más allá de las quejas en el ámbito de la inclusión social, el informe de actuaciones del ararteko durante la emergencia sanitaria refleja la existencia de "varias" protestas por el "uso desproporcionado e injustificado de la fuerza" por parte de la Ertzaintza y de las Policías locales en la vía pública a la hora de velar por el cumplimiento de las medidas derivadas del estado de alarma. Igualmente, las quejas aluden a la disconformidad con algunos de los criterios que los agentes están aplicando en el control del cumplimiento de las limitaciones a la movilidad personal establecida –algunos ciudadanos han denunciado que se les mire el contenido de la bolsa de la compra–. En el lado opuesto, al ararteko han llegado protestas por un "insuficiente control del cumplimiento" de las limitaciones impuestas por el estado de alarma "en algún municipio".

También ha habido quejas en el ámbito de los derechos de niños, en especial por el "estricto confinamiento" decretado para los menores de edad en la declaración del estado de alarma. Con el transcurso de las semanas, según da cuenta Lezertua, "se han ido incrementando las voces" que han solicitado al Defensor del Pueblo vasco "interceder ante las autoridades para facilitar, con las oportunas medidas de protección, la salida a la calle de los niños".

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Otras de las quejas y consultas recibidas aluden a la falta de material de protección frente a posibles contagios entre el personal sanitario, la actuación seguida en residencias de personas mayores, la situación de los alumnos afectados por la suspensión de las clases y el confinamiento, el ejercicio de la custodia compartida o el régimen de visitas de los hijos en casos de separaciones, el incremento de la contaminación acústica en las viviendas o la disconformidad con las escasas ayudas del Gobierno vasco a los autónomos, entre otras cuestiones.