El Gobierno vasco crea fichas personales de 20.000 víctimas de la Guerra Civil

Un informe elaborado por el Gobierno vasco ha cifrado en 19.998 las víctimas mortales provocadas durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945) en el País Vasco, a las que pone nombre y apellidos, a excepción de 698 fallecidos que no han podido ser identificados. Los resultados de la investigación se han volcado en una única base de datos de acceso público que contiene fichas de todos los vascos que murieron por el bando franquista que se alzó contra el Gobierno de la II República y por los republicanos, tanto en Euskadi como fuera de las fronteras vascas, con todo tipo de información personal y documental.

Cada ficha recoge los datos personales disponibles de la víctima (nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, vecindad, domicilio, número de hijos, profesión, ideología política, bando o batallón, entre otros), la causa del fallecimiento y las fuentes archivísticas y bibliográficas de donde se ha extraído la información, así como todos los datos que las instituciones han ido recopilando en cada caso en otras actuaciones relacionadas como exhumaciones, informes individualizados solicitados por allegados, recogida de ADN a familiares y otras investigaciones.

El informe se basa en una investigación "exhaustiva" de registros civiles, libros de defunción parroquiales y de cementerios en el País Vasco

El informe, que ha sido elaborado en colaboración con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se basa en una investigación "exhaustiva" de registros civiles, libros de defunción parroquiales y libros de cementerios en el País Vasco, que ha aportado una información que se ha cruzado con otras fuentes archivísticas, investigaciones locales y testimonios de familiares de las personas fallecidas para posibilitar la creación de una gran base de datos donde se puede acceder a toda la información disponible de cada persona de origen vasco fallecida durante la Guerra Civil.

El estudio 'Víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)', presentado este miércoles, determina que el mayor número de fallecimientos correspondió a 'gudaris' y milicianos muertos en combate (6.767), por delante de los sublevados que perdieron la vida en la contienda (5.479). Esto quiere decir que prácticamente dos de cada tres fallecidos perdieron la vida en combate. Por su parte, 2.252 vascos perecieron en la cárcel, 1.363 a consecuencia de los bombardeos y 1.130 por ejecuciones extrajudiciales, al tiempo que se produjeron 955 muertos causados por los republicanos en acción no combatiente, 895 por ejecuciones sumarísimas (penas de muerte) y 247 por causas extra combatientes. Asimismo, la causa de la muerte de 910 víctimas está sin clasificar: tienen soporte documental pero "sin la suficiente información" como para clasificarlas en una de las categorías.

El informe determina que prácticamente dos de cada tres fallecidos durante la Guerra Civil y el primer franquismo perdieron la vida en combate

En todo caso, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, asegura que se trata de "una investigación viva" que está abierta a nuevas incorporaciones, ya que "todavía quedan por localizar muchos casos de personas de origen vasco que fallecieron durante la Guerra Civil fuera del País Vasco". Según constata el informe, "todavía quedan zonas por investigar" y, además, se ha constatado la existencia de inscripciones tardías en los registros civiles que fueron realizadas a finales de los años setenta e inicios de los ochenta, a las que por el momento "no ha sido posible acceder". Por ello, el Gobierno vasco ha hecho un llamamiento a las familias de víctimas que puedan ofrecer datos sobre allegados que murieron en la Guerra Civil a que aporten la información de la que dispongan para completar la investigación.

El informe "sigue la estela" de otros similares realizados en Galicia, Cataluña y Andalucía, si bien, como destaca la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, Aintzane Ezenarro, incorpora dos grandes novedades: por un lado, ofrece una visión "incluyente" al registrar "por primera vez" a "todas" las víctimas de las que se tiene constancia, tanto de uno u otro bando, y, por otro, incorpora la perspectiva del derecho penal internacional, de modo que a los datos históricos sobre el número de víctimas producidas se acompaña la calificación que el derecho penal internacional otorga a la causa de la muerte, caso de crimen de lesa humanidad, de asesinato (bombardeos, penas de muerte o fallecidos en prisión) o de desaparición forzosa (ejecuciones extrajudiciales). A este respecto, las víctimas mortales causadas en combate no tienen calificación en el derecho penal internacional.

A los datos históricos sobre el número de víctimas se acompaña la calificación que el derecho penal internacional otorga a la causa de la muerte

De las 19.998 fichas de víctimas incluidas en la base de datos, que puede ser consultada de forma presencial en la sede del Instituto Gogora en Bilbao, un total de 18.958 corresponde a hombres y 998 a mujeres (sobre las 42 restantes no ha sido posible determinar el sexo). De todos los fallecidos, más de 8.000 no se sabe a día de hoy dónde están enterrados, lo que, como apostilla Ezenarro, "no quiere decir que estén desaparecidos", sino que en los registros civiles no se recoge el lugar de enterramiento. La directora de Gogora resalta la trascendencia del contenido de esta base de datos, donde "se ha volcado todo lo que las instituciones han ido recopilando" de las víctimas registradas durante la Guerra Civil y el primer franquismo, y que puede servir de gran ayuda para el desarrollo de otras investigaciones.

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El archivo creado tras la investigación se nutre de la base documental que aportan los registros civiles, libros de defunción parroquiales y de cementerios y otro tipo de investigaciones, pero también de fuentes orales y familiares que vienen a cubrir el vacío documental derivado del hecho de que muchas víctimas mortales, sobre todo en el caso de los ejecutados y combatientes del lado republicano, no fueron inscritas en ningún registro archivístico. Este hecho hace que 470 casos concretos se hayan contabilizado en el informe a partir de los testimonios orales y familiares.

Fernández pone en valor que esta investigación, que contiene la primera fase del 'Informe de vulneraciones de derechos fundamentales entre 1936-1978', constituye "un primer paso necesario" para "culminar el proceso de reconocimiento institucional de la verdad de la memoria histórica". Por ello, el informe servirá de base de cara a la celebración en el futuro de un homenaje institucional a todas las víctimas de la Guerra Civil para su "reparación moral". La pretensión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu es celebrar este acto antes de que acabe la legislatura el próximo año.