Tres grupos inversores apuestan por una piscifactoría en la central maldita de Lemóniz

No avanza, ni mucho menos, al ritmo deseado hace un año cuando se presentó el proyecto, pero la pretensión del Gobierno vasco de convertir los antiguos terrenos de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) en una piscifactoría va adelante. El laborioso proceso administrativo que derivará, en última instancia, en la cesión gratuita al Ejecutivo de Vitoria de los 55.000 metros cuadrados de instalaciones de hormigón y hierro en ruinas ha superado recientemente una importante etapa de cara a posibilitar que la instalación que fue objetivo de ETA durante su construcción albergue un criadero de especies marinas.

Dentro de los trámites necesarios para allanar el camino a este proyecto, el pasado 15 de octubre culminó favorablemente el procedimiento encaminado a la declaración de innecesariedad –es el término que se emplea– de los terrenos para la protección del dominio público marítimo-terrestre con la resolución dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera. Ahora, el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente ha solicitado a Hacienda la desafectación de dichos terrenos, el último paso necesario antes de que el Gobierno español ceda al País Vasco estos terrenos, situados a escasos 30 kilómetros de Bilbao.

El proyecto ha suscitado el interés de un grupo noruego para producir salmón, un holding británico para criar varias especies y otro franco-español para la producción de trucha asalmonada

A día de hoy, a la espera de que culminen los diferentes expedientes administrativos, hay tres grupos de inversores interesados en desarrollar proyectos de acuicultura en estos terrenos: un grupo noruego que pretende producir salmón, un holding británico que se inclina por criar “varias especies” y otro franco-español que tiene en mente la producción de trucha asalmonada. Existe un fuerte interés pero todavía no hay propuestas concretas ya que, como constata la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, “hasta que no se produzca la cesión efectiva de los terrenos y se conozcan los términos concretos de la misma no puede existir un proyecto definido que pueda ser objeto de una evaluación ambiental acerca de su impacto”.

El PNV arrancó del Gobierno de Mariano Rajoy en su acuerdo presupuestario de 2017 el compromiso de ceder estos terrenos, que se encontraban en manos de Iberdrola por concesión del Estado. En este escenario, el Ejecutivo de Vitoria presentó hace un año un proyecto para convertir la central en una piscifactoría de última generación dedicada a la producción de salmones, truchas, lenguados, rodaballos, lubinas, gambas o langostinos, entre otras especies, con el impulso del centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria Azti. La previsión establecida por esta entidad apunta a una producción superior a las 11.000 toneladas anuales de diferentes especies marinas dentro de un proyecto que generaría entre 350 y 550 puestos de trabajo.

Desde entonces, se han ido quemando diferentes etapas administrativas. Iberdrola ha renunciado a la concesión de la superficie que ocupa la fallida central nuclear para que los terrenos reviertan a la Administración española. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán renunció a las concesiones que afectan a los terrenos y “al no haberse presentado ninguna solicitud de prórroga de las concesiones otorgadas en su día destinadas a la construcción de Lemóniz, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Decimosexta del Reglamento General de Costas, el 29 de julio de 2018 se produjo la extinción de las mismas por vencimiento del plazo”, detalla Tapia en una respuesta parlamentaria a la solicitud de información de EH Bildu sobre el futuro de los terrenos de la central nuclear de Lemoiz.

Por su parte, el Ministerio no se ha opuesto a eliminar la protección de la franja costera en la que descansan las miles y miles toneladas de hormigón y hierro que confieren una imagen fantasmagórica a este espacio, algo imprescindible para la viabilidad del plan del Gobierno vasco. Ahora, a la declaración de innecesariedad de los terrenos para la protección del dominio público marítimo-terrestre le debe seguir la desafectación de los mismos a cargo de Hacienda, que ha iniciado la tramitación del expediente de cara a, en última instancia, la cesión gratuita de los terrenos al País Vasco. La autorización final está en manos de la Dirección General de Patrimonio.

El Gobierno vasco cree que el proceso debería estar ya culminado: no descarta que alguno de los grupos inversores interesados en el proyecto desista de sus planes si los trámites se demoran en exceso

Aunque se trata de una tramitación compleja por afectar a diferentes instancias, el Departamento vasco de Desarrollo Económico y Competitividad entiende que el proceso se está dilatando más de lo debido. La moción de censura contra Rajoy y la posterior llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa provocó un inevitable parón en el procedimiento, que ha sido retomado en los últimos meses. Por ejemplo, el Gobierno vasco solicitó en enero al entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la preceptiva declaración de innecesariedad, trámite que ha culminado en octubre bajo otro gobierno. Pese a los avances, el Gobierno vasco cree que el proceso debería estar ya culminado.

De hecho, el retraso en este proceso ha provocado la fuga de un inversor interesado en desarrollar un proyecto de acuicultura en esta área y que finalmente se ha decantado por instalarse en otro lugar, según admiten fuentes del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Incluso, el Ejecutivo de Vitoria no descarta que alguno de los tres grupos inversores que en estos momentos tienen interés en desarrollar sus proyectos en estos terrenos u otros posibles interesados desista de sus planes si los trámites se demoran en exceso. Por eso, reclama que el proceso se acelere. “Si el procedimiento no avanza puede que estudien otras posibles ubicaciones”, advierten desde el área que lidera Tapia.

El grupo noruego que pretende producir salmón está interesado en el proyecto desde “el principio”, ya con los contactos previos desarrollados por el Gobierno vasco con diferentes inversores internacionales una vez Azti constató la viabilidad “técnica y económica” de la reconversión para su uso acuícola de las instalaciones de Lemóniz, que cuentan con tomas de agua del mar y espacio suficiente para que “varias empresas” puedan instalarse y producir diferentes especies con “demanda alta de mercado”.

Existe, de este modo, la imperiosa necesidad de que se concreten los plazos para que los posibles proyectos se puedan ir definiendo y no haya nuevas bajas. En todo caso, las previsiones apuntan a un plazo mínimo de cuatro años para que las instalaciones hoy en ruinas cobren vida. Esto exigirá, además, acometer elevadas inversiones para acondicionar los terrenos y construir las instalaciones. El Gobierno vasco contempla dos proyectos en función de su magnitud que oscilan entre los 58 y los 113 millones de euros en él caso del plan más ambicioso –ocuparía las 5,5 hectáreas–, y entre los 43 y los 78 millones de euros para la opción más ‘modesta’, que abarcaría cuatro hectáreas. En función del proyecto, la producción estimada por el Ejecutivo de Vitoria varía entre las 8.000 y las 11.500 toneladas anuales, según se recoge en el plan desarrollado por Azti.

Serán necesarias elevadas inversiones, aunque el coste podría haber sido mayor de haber estado contaminadas las tierras. Y es que no se llegaron a instalar materiales nucleares ya que Iberduero, la actual Iberdrola, decidió paralizar la construcción de la central nuclear en 1984 cuando habían transcurrido doce años desde la puesta en marcha del proyecto a consecuencia del acoso de ETA. En pleno rechazo social a la construcción de la central, la banda terrorista llevó a cabo una ofensiva de atentados contra Lemóniz que acabó con la vida de cinco personas: José María Ryan Estrada, el ingeniero jefe en la construcción de la central nuclear, Ángel Pascual –su sustituto– y los también trabajadores Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños.