conflictiva relación con el ayuntamiento

FCC rompe el contrato de limpieza en Vitoria al ser deficitarios los 22,8 millones anuales

La UTE liderada por la multinacional solicita al ayuntamiento la extinción del contrato logrado en 2015 y que la vincula hasta 2023, al tener que asumir los costes derivados del elevado absentismo laboral

Foto: Operarios de limpieza recogen la basura de la plaza de la Virgen Blanca tras el inicio de las fiestas de Vitoria. (EFE)
Operarios de limpieza recogen la basura de la plaza de la Virgen Blanca tras el inicio de las fiestas de Vitoria. (EFE)

La polémica y conflictiva relación de más de una década de FCC con el Ayuntamiento de Vitoria está a punto de llegar a su fin después de que la compañía de servicios medioambientales haya solicitado la ruptura del contrato para la recogida de basuras y limpieza de las calles que la une a la capital alavesa hasta 2023. La multinacional considera que los 22,8 millones de euros anuales que percibe son insuficientes para la prestación de un servicio que, sostiene, le es deficitario.

La pérdida de dinero es, según informan fuentes municipales, el motivo que esgrime en la solicitud formal que remitió al ayuntamiento el pasado miércoles 28 de marzo para iniciar el expediente de resolución del contrato firmado en 2015 a la UTE integrada por FCC y la firma vizcaína GMSM Medioambiente, y que representa la mayor contrata de la ciudad. La compañía defiende que no le cuadran las cuentas, al tener que asumir el coste que conlleva el elevado absentismo laboral, cifrado en 1,7 millones de euros anuales, y que pretendía imputar a las arcas municipales. Además, las relaciones con los actuales gestores municipales son problemáticas y han derivado en la apertura por parte del consistorio de siete expedientes a lo largo de la legislatura por supuestos incumplimientos de contrato.

El Gobierno vasco avala al ayuntamiento en su rechazo a renegociar el canon anual para cubrir el coste del absentismo laboral, de 1,7 millones al año

El ayuntamiento se ha negado en todo momento a atender la petición de renegociar al alza el canon anual a abonar a FCC para cubrir el coste de la contratación de personal adicional, y para ello ha contado con el aval de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco (Cojua), que en un dictamen emitido en enero ante este conflicto entre ambas partes determinó que “las modificaciones de las antigüedades medias, las primas de jubilación anticipadas y los días de absentismo” deben correr a cargo de la empresa y no del consistorio.

Esta resolución que le obliga a asumir este coste ha sido la puntilla y ha llevado a la UTE formada por FCC y GMSM a solicitar la ruptura de un contrato que en todo momento ha considerado muy ajustado a nivel presupuestario. A este respecto, en 2016 cifró en tres millones de euros el desequilibrio financiero por la prestación del servicio para reclamar al ayuntamiento un incremento de las cantidades a percibir para los ocho años de duración del contrato. Desde la compañía que encabeza Esther Alcocer Koplowitz se limitan a confirmar de forma oficial que se ha solicitado la ruptura del contrato y rehúsan aportar detalles sobre los motivos. En todo caso, la firma ya había advertido con anterioridad de que asumir los costes del absentismo del servicio resultaba inviable.

FCC asumió por primera vez el contrato de gestión de los residuos y la limpieza viaria de Vitoria en 2006 bajo mandato del entonces alcalde Alfonso Alonso (PP), que concedió a la firma diferentes adjudicaciones a partir de entonces. La relación hasta 2015 no estuvo exenta de polémica, con acusaciones de presuntas irregularidades que han salpicado al también regidor Javier Maroto. De hecho, un juzgado de Vitoria mantiene abierta una investigación por posibles delitos de prevaricación y malversación por la compra en 2015, durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Sectorial del PP, de dos camiones de recogida de basuras por más de 660.000 euros por parte del ayuntamiento para cederlos a la contrata cuando el contrato de limpieza con FCC se encontraba en periodo de prórroga.

La compra de dos camiones ya fue archivada por el Tribunal de Cuentas, que también investigó a Maroto por posibles irregularidades al prorrogar el contrato del servicio municipal de limpieza a FCC en junio de 2014 por un periodo de un año cuando estaban pendientes de ejecutarse servicios por valor de 820.846 euros.

Durante los más de 10 años de relación con Vitoria, el servicio prestado por FCC en la ciudad ha sido objeto de críticas a nivel municipal, entre ellas por no disponer de una flota adecuada para acometer su tarea. En lo que va de legislatura, los supuestos incumplimientos del contrato han motivado la apertura de siete expedientes por parte del ayuntamiento presidido por Gorka Urtaran (PNV), que ha actuado contra la UTE por no tener instalados GPS de seguimiento en los camiones, no realizar los recorridos marcados o no prestar el servicio requerido en algún barrio, entre otras cuestiones, según apuntan fuentes municipales. Además, está pendiente la resolución de la reclamación de un millón de euros que solicitó el ayuntamiento a la UTE por los supuestos servicios no prestados durante el primer año de contrata, de verano de 2015 a 2016.

Vitoria ha abierto siete expedientes a FCC por incumplimientos de contrato y le reclama un millón de euros por servicios no prestados el primer año

FCC se hizo junto a GMSM con el actual contrato de limpieza en dura competencia con Cespa, tras rebajar de forma sustancial —unos 2,8 millones de euros— el montante económico de la anterior vinculación contractual, que se elevaba a 25,6 millones. La firma de servicios medioambientales se encarga también de la recogida de residuos y limpieza viaria de las otras dos capitales vascas. El Ayuntamiento de Bilbao adjudicó en septiembre del pasado año a una UTE participada mayoritariamente por FCC este contrato, que incluye también la gestión de residuos de MercaBilbao, durante un periodo de cuatro años con posibilidad de dos años más de prórroga por un importe anual por encima de los 43 millones de euros. Por su parte, San Sebastián se decantó por otra UTE liderada por esta compañía en 2015 para un periodo de cuatro años a razón de algo más de 13,1 millones de euros anuales. En Vitoria, la compañía también tiene adjudicadas las contratas del vertedero o la planta de reciclaje de Álava.

Que se rompa el contrato de limpieza de Vitoria no implica que este servicio no pueda volver a recaer en manos de FCC, que puede presentarse al concurso público para hacerse de nuevo con la que es la mayor contrata de la ciudad. Su oferta, de acuerdo a sus argumentos para reclamar la ruptura del actual contrato, debería ser sensiblemente superior a la que le llevó a imponerse en el anterior proceso público por escaso margen económico.

FCC deberá seguir prestando el servicio en Vitoria hasta la nueva adjudicación del contrato, a la que se podrá presentar sin ningún tipo de penalización

De momento, el ayuntamiento de la capital alavesa va a requerir a la UTE liderada por FCC toda la documentación para analizar si su petición para rescindir el actual vínculo contractual es ajustada a la ley de contratos públicos. Por ello, en base a los diferentes procesos administrativos requeridos, el Gobierno municipal rechaza concretar plazos para la posible adjudicación del nuevo contrato —su pretensión es hacerlo “lo antes posible”—, si bien el proceso podría prolongarse por espacio de cerca de un año. De cara a este proceso, EH Bildu, Podemos e Irabazi van a defender su histórica reivindicación de que el ayuntamiento gestione de forma directa el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, una fórmula que incluso respalda el PSE, socio de gobierno municipal del PNV, que rechaza de plano esta posibilidad junto al PP.

De formalizarse la ruptura del actual contrato, que no conllevará indemnizaciones ni penalizaciones a futuro para FCC y GMSM, la UTE deberá seguir prestando el servicio hasta la nueva adjudicación, según remarcan fuentes municipales. De este modo, el Gobierno municipal lanza un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía, ya que el servicio está “garantizado” a pesar de la incertidumbre que puede provocar la petición de FCC para acabar con una tormentosa relación de 12 años.

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