Dos casos polémicos en Madrid y una ley de hace 26 años: ¿cámaras en el pecho de los policías?

Las protestas de Ferraz y la patada en la puerta de un piso del barrio de Salamanca. Estos dos casos, ambos en la capital, y con un importante matiz mediático, han vuelto a poner sobre la mesa un debate que lleva latente varios años en el seno de la Policía Nacional. ¿Deben los agentes llevar por norma cámaras unipersonales que graben sus intervenciones?

La cuestión no es menor y ha sido clave, sin ir más lejos, a la hora de absolver los policías que irrumpieron en un domicilio de la calle Lagasca. Estos agentes llevaban cámaras que registraron su actuación y, en sede judicial, la grabación fue aceptada como prueba.

Sin embargo, al no ser dispositivos facilitados por el Cuerpo, no están incluidos como elementos de la dotación reglamentaria, un hecho que puede acarrear una sanción disciplinaria. Fuentes policiales explican que muchos agentes prefieren exponerse a un procedimiento interno, comprar sus cámaras y acudir con ellas a las intervenciones antes que quedar indefensos en caso de acabar en los tribunales.

El matiz para poder grabar o no, según las fuentes consultadas, radica en que exista un motivo de riesgo. De igual, modo, la grabación debe estar autorizada por las altas instancias, véase Delegación del Gobierno o el Jefe Superior de turno, pero es muy difícil prever con antelación que una intervención se torne de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR

Un jurado absuelve a los policías de la patada en la puerta en la pandemia y respalda el uso del ariete

Europa Press

"Estamos con una ley del año 1997 en lo relativo al uso de cámaras, ¿quién llevaba un móvil entonces?", lamenta Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que encabeza la petición de que se actualice la legislación para abrir la puerta a que las bodycam se abran paso por norma en todos los operativos.

Rodríguez considera que las cámaras, como un elemento más de la dotación de los agentes, ayudarán a contar con "una mayor seguridad jurídica" a la hora de desarrollar su trabajo en un momento en el que, critica, los policías están en el centro de "numerosas campañas de difamación": "A nosotros nos puede grabar cualquiera".

El otro efecto

En este sentido, desde el SUP argumentan que, además del papel que puede jugar en un juicio la grabación, que los agentes porten las citadas bodycam durante los operativos puede tener un efecto "disuasorio", de modo que podría desincentivar las agresiones por parte de terceros hacia los agentes una vez que los primeros constatasen que iban a ser grabados.

Fuentes policiales también indican que las cámaras no darían lugar a dudas ante situaciones polémicas, como las que se pueden dar en manifestaciones similares a las de Ferraz. La actuación de los policías quedaría registrada, algo que, a juicio del SUP, también evitaría campañas de difamación contra los agentes.

"En casos como los de Ferraz, si hay un protocolo actualizado para el uso de bodycams, se podrían aportar esas grabaciones como prueba en el caso de que haya detenidos", manifiesta Rodríguez, que insiste en el aumento de "seguridad jurídica" que se conseguiría si la legislación se actualiza para permitir este equipamiento entre los policías.