Críticas de los expertos a la reforma del Consejo de Transparencia propuesta por el PP en Madrid

Gracias a la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, y bajo una ley ómnibus para la simplificación y mejora de las instituciones, el PP de Madrid propone que el Consejo de Transparencia, el órgano responsable de mediar entre particulares e instituciones en el ámbito de la rendición de cuentas y la fiscalización, ya no sea dirigido por el parlamento autonómico, sino por el propio Gobierno al que debe fiscalizar. También descafeína la ley madrileña para derogar su régimen sancionador, que era más exigente que el previsto en la legislación nacional.

"Pasamos de tener la mejor ley de transparencia de España a una de las peores", opina Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia. Ese es el consenso entre los expertos del sector consultados ante la proposición de ley ómnibus registrada por el PP de Madrid y que modifica, en trámite de urgencia, 15 textos legislativos.

La independencia del órgano es el primer elemento de crítica. Los actuales consejeros fueron designados por mayoría de tres quintos de la Asamblea de Madrid: uno a propuesta del PP, otro del PSOE y otro de Ciudadanos. Esto exige grandes consensos, cuenta Blanes, lo que "supone una mayor legitimidad democrática". El texto en tramitación los reduce de tres a uno, que será nombrado por el Gobierno y dependerá de la Consejería de Presidencia. Su mandato pasa, además, de seis a cuatro años.

"Copia uno de los problemas de la ley estatal: que, aunque se hable de independencia del organismo, en realidad no lo sea", critica Eva Belmonte, directora de Civio. El sistema de elección propuesto se asemeja al estatal con una salvedad: el parlamento madrileño ni siquiera tendrá la posibilidad de refrendar la decisión del Ejecutivo.

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"No es la mejor forma de asegurar su independencia, desde luego", opina Joaquín Meseguer, secretario ejecutivo del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, pero matiza que todo dependerá de la actuación del elegido. "Esta regulación no es un buen presagio, pero será importante analizar el perfil de la persona que se elija para presidir el Consejo", añade. La propuesta elimina también el requisito de experiencia del candidato, a quien ya no se le exigirá una trayectoria previa de al menos diez años.

El segundo factor que empeora la ley es la derogación del régimen sancionador propio. Este preveía la aplicación de multas, por ejemplo, a quienes obstaculicen o retrasen el acceso a la información pública. A diferencia de otras leyes de transparencia, la madrileña otorgaba al Consejo la capacidad de iniciar un expediente sancionador. Pese a que la última palabra, la de imponer o no la multa a la vista de las pruebas, era de la administración en la que trabajase el infractor, esta potestad era una garantía de objetividad e imparcialidad, a juicio de los expertos.

Este "es un elemento disuasorio para los poderes públicos que ya no tendrá efecto", explica Blanes, para quien el sistema sancionador de la ley estatal “no sirve para nada”. Algo en lo que coincide Joaquín Meseguer: "Es una ingenuidad pensar que alguien se va a auto sancionar".

"No nos constan quejas sobre el funcionamiento en estos tres años desde su puesta en marcha"

El Partido Popular defiende su reforma. En el primer caso, "la vinculación administrativa del Consejo es resultado de un análisis pormenorizado", responden desde el grupo parlamentario y recalcan que "toda esta nueva estructura cuenta con la participación de funcionarios públicos seleccionados en virtud de criterios técnicos que garantizan la independencia". En cuanto al régimen sancionador, se deroga "para consolidar el principio de seguridad jurídica y para adecuarnos al modelo del Estado", contestan.

Así, para los populares, estos cambios son fruto de una "valoración constante" para que, en caso de que "no consigan satisfacer las demandas ciudadanas", las estrategias "se puedan reorientar para optimizar los resultados". Su propuesta añade al Consejo de Transparencia competencias en protección de datos, como ocurre con su homólogo en Andalucía. "La creación de este Consejo de Transparencia y Protección de Datos va a permitir que la transparencia, la participación ciudadana y el tratamiento de los datos personales en la Comunidad de Madrid estén a la altura de las expectativas de los madrileños", alegan desde la formación, que rechaza que esto suponga un juicio de valor sobre los actuales consejeros.

Sin embargo, la iniciativa tomó por sorpresa al actual Consejo de Transparencia, que compareció el pasado mes de septiembre ante la Asamblea, con buenas palabras de los diputados. "No nos constan quejas sobre el funcionamiento en estos tres años desde su puesta en marcha y desconocemos los motivos por los cuales el Grupo Parlamentario Popular ha decidido modificar las competencias, organización, composición y funciones del órgano", explican fuentes del Consejo. Aunque el suyo no ha sido un camino de rosas.

Entre las solicitudes de información pública realizadas en los últimos años hay materias sensibles para el Ejecutivo madrileño. Peticiones de documentos sobre la ampliación de la línea 7 de metro a su paso por San Fernando de Henares, que provocó el hundimiento y derribo de viviendas o las comunicaciones previas al acto del 2 de mayo, cuando se impidió el acceso al ministro Félix Bolaños al escenario instalado frente a la Real Casa de Correos.

Un organismo superviviente

En 2019, Madrid aprobó su Ley de Transparencia con el único voto en contra del PP. Entonces gobernaba en minoría Cristina Cifuentes, con apoyo de Ciudadanos. A finales de 2020, con Ayuso como presidenta y ya con los naranjas dentro del Ejecutivo, tomaron posesión los tres consejeros.

No fue hasta casi un año después, en noviembre de 2021, cuando el Consejo autonómico comenzó su etapa de plenos poderes, tras vencer el convenio con el órgano estatal, que hasta entonces atendía las reclamaciones de la región. Y lo hizo a medio gas, sin ni siquiera conexión a Internet, lo que provocó un funcionamiento analógico, por correo postal o en persona. El organismo tampoco tenía capacidad para contratar, al depender de la Asamblea, y además lidiaba con la confusión entre la propia administración madrileña, al no saber cómo dar salida a las reclamaciones que pudieran llegar.

Pese a sus atribuciones, el Consejo no ha impuesto ninguna sanción hasta la fecha. Por un lado, por el efecto disuasorio y el cumplimiento mayoritario, incluidos los ayuntamientos que acudían al contencioso en lugar de responder con silencio administrativo y, por otro, por la falta de recursos para hacer este trabajo de seguimiento y control. Este año ha sido la primera vez que han emitido algunos requerimientos de cumplimiento, como paso previo a iniciar un expediente sancionador. Con una plantilla de cuatro personas, además de los tres consejeros, la prioridad era atender al resto de obligaciones, como las más de 400 reclamaciones tramitadas en 2022 o la supervisión de la actividad de más de 1.000 entidades públicas y privadas.

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Una situación inviable, a juicio de Joaquín Meseguer, quien ha impulsado las políticas de transparencia dentro del Ayuntamiento de Madrid, de la Junta de Castilla y León o desde la Federación de Municipios y Provincias. Para él, la falta de medios es un mal endémico que provoca un aumento exponencial de los retrasos en la resolución de las reclamaciones ciudadanas: "Si examinamos los efectivos de estos órganos, es para echarse a llorar".

"Aprovechando el ruido de la investidura y de la amnistía se han cargado todos los elementos de control", denuncia Alberto Oliver, de Más Madrid, en referencia también a la Cámara de Cuentas regional, otra de las instituciones modificadas por la ley ómnibus, junto a Telemadrid. La oposición alerta de estos trámites y no descarta plantear un recurso de amparo ante el Constitucional por, a su juicio, saltarse el reglamento: "Se están haciendo auténticas chapuzas".

Ahora, sin el cortafuegos de Ciudadanos y sin la necesidad de pactar con Vox, el Partido Popular limita la rendición de cuentas a través de ley de transparencia madrileña y también al Consejo de Transparencia de la región. "Esta norma no simplifica el organismo, le resta independencia y poder", lamenta Belmonte, de Civio. Meseguer concluye: "Necesitamos fortalecer la transparencia, no dinamitarla".