Última llamada para el tren fantasma de Madrid: sin uso y hasta 170.000€ al año de mantenimiento

Última llamada para el tren fantasma entre Móstoles y Navalcarnero. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abre la puerta ahora a acabar las obras de la infraestructura ferroviaria, iniciadas por la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre pero sin haber entrado jamás en funcionamiento. La línea, de hecho, se ha convertido en un agujero negro para las arcas públicas a la espera de que alguien asuma el final del proyecto. El Gobierno autonómico ya tuvo que pagar 188,4 millones de euros a la concesionaria en 2022 y en paralelo ha destinado hasta 170.000 euros al año solo en la vigilancia y conservación de la vía.

La ampliación de la línea C-5 de Cercanías hasta Navalcarnero es un problema desde hace años. Aguirre anunció una infraestructura de 15 kilómetros en 2005, pero en 2010 fue abandonada sin terminar la obra y sin ver un solo pasajero o convoy en circulación. La batalla judicial con la adjudicataria, Cemonasa (filial de OHL, ahora OHLA), ha sido una constante por los costes del tramo finalizado. También un lastre importante para la Administración.

Aunque el Ejecutivo primero dobló el pulso a la compañía, finalmente tuvo que hacer frente a una indemnización millonaria en concepto de liquidación del contrato, incluyendo el diseño, la construcción y la explotación de la línea. Y a esto hay que añadir su presunta relación con el caso Lezo, por supuestas comisiones irregulares de directivos de la constructora a altos cargos de la Comunidad de Madrid para hacerse con el proyecto.

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El pulso ahora es con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige en funciones la socialista Raquel Sánchez. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, reclama al Ejecutivo central que asuma el final de la obra para ponerla en funcionamiento dentro de la red de Cercanías, aunque fueron ellos quienes la impulsaron. Y casi veinte años después, se abre una posibilidad de reiniciar el plan.

Fuentes del departamento de Sánchez explican que se va a poner en marcha un análisis para medir hasta qué punto es viable asumir la infraestructura, aunque de momento solo es una intención y no se maneja ningún calendario. "El Ministerio va a realizar un estudio de viabilidad de esa conexión ferroviaria que estará abierto a todas las opciones", detallan a El Confidencial. En Transportes, no obstante, matizan que la responsabilidad del tramo ya construido debe recaer en la Comunidad de Madrid: "Fue la Administración que promovió esa actuación". La nueva posición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supone un nuevo horizonte al proyecto.

"El Ministerio va a realizar un estudio de viabilidad de esa conexión ferroviaria que estará abierto a todas las opciones"

La infraestructura ya finalizada continúa inútil y ajena al embrollo judicial y administrativo. Como un trayecto a ninguna parte. Pero la Comunidad de Madrid sí dedica cada año recursos públicos en su conservación. El último contrato, adjudicado a Api Movilidad, S.A. por un total de 169.346,48 euros (IVA incluido), data de 2022. El acuerdo fue formalizado el 26 de febrero de 2021, con un año operativo bajo el epígrafe "Servicio de conservación de infraestructura existente con motivo de la resolución del contrato de concesión de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero". Antes ya destinó casi 800.000 euros para el mismo trabajo.

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Los trabajos de mantenimiento incluyen actuaciones puntuales por gestión directa ante problemas o incidentes en la vía. Tanto antes como después del convenio de 2022. Desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras ponen como ejemplo los desperfectos detectados en febrero de 2023 por socavones en el tramo perteneciente al municipio de Móstoles. "Se realizó un proyecto con medios propios y se contrató la reparación inmediata", indican en el área, que esta legislatura dirige el popular Jorge Rodrigo.

Nuevo contrato

La Comunidad de Madrid ha optado en este momento por un modelo de gestión directa para vigilar la línea del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras explican a este diario que, una vez extinguido el contrato con Api Movilidad, decidieron no prorrogarlo. Así, la vigilancia y mantenimiento se hace hasta nueva orden a través de medios propios de la Dirección General de Infraestructuras.

La Consejería, no obstante, señala que próximamente se licitará un contrato de conservación y mantenimiento de todas las infraestructuras de la que es titular la Dirección General de Infraestructuras, entre las que se incluye el tren de la polémica, a la espera de que se decida cuál es su futuro. Este, añaden en Transportes e Infraestructuras, incluye la vigilancia y reposición de cualquier incidencia con carácter instantáneo. "Mediante este contrato se realizará tanto la vigilancia como la reparación, sin tener que realizar un segundo contrato administrativo, siendo más ágiles en la gestión", explican fuentes regionales. La fecha prevista es el primer semestre de 2024.