vandalismo y ocupaciones ilegales

Madrid paga 779.000€ para proteger el tren abandonado que le deja OHL en Móstoles

La comunidad aprueba este martes las obras de seguridad que ha tenido que contratar después de que la constructora le entregara lo que queda de la fallida línea ferroviaria ideada por Aguirre

Foto: El vestíbulo a medio terminar de una de las estaciones que iba a tener el recorrido.
El vestíbulo a medio terminar de una de las estaciones que iba a tener el recorrido.

La Comunidad de Madrid aprobará este martes un pago de 779.013 euros para proteger lo poco que queda de lo que estaba llamado a ser uno de los proyectos estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre. El tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero se estrelló mucho antes de que empezara a rodar y la constructora de la infraestructura, OHL, decidió lavarse las manos (con litigio judicial de por medio) y entregar a la Consejería de Transportes unas instalaciones a medio terminar y abandonadas. El Ejecutivo autonómico que preside Ángel Garrido hereda así los costes de un ferroviario marrón, ya que ha tenido que acudir a la tramitación de urgencia y contratar unos trabajos de seguridad para unas obras que languidecen paralelas a la A-5, la carretera de Extremadura.

Desde que Cemonasa (adjudicataria y empresa participada 100% por OHL) se llevara en diciembre de 2016 la tuneladora que utilizó para realizar las primeras fases del proyecto, todo lo que quedaba se podía resumir en material abandonado sin apenas valor: casetas de los trabajadores, alguna tubería por el suelo, bloques de hormigón, conos, biondas de plástico... Entre todo ello, varios centenares de metros de un túnel sin acabar y el vestíbulo de lo que iba a ser una de las siete estaciones del recorrido. La obra se valló, pero aparecieron los primeros agujeros por los que colarse y los primeros síntomas de vandalismo.

Aunque OHL paralizó los trabajos en enero de 2010, no fue hasta el 21 de julio de 2017 cuando la Comunidad de Madrid decidió resolver el contrato de concesión administrativa que se había firmado en 2007 y declaró la necesidad de que la constructora indemnizara a la Administración, un litigio actualmente en los tribunales. Tras la rescisión del contrato, empezaron los trámites para que OHL entregara lo que había construido a la Comunidad de Madrid, la recepción de la obra. ¿Las consecuencias? Nuevos costes para proteger lo poco construido. El 12 de julio de 2018, la Consejería de Transportes tuvo que dictar una orden para "la reposición y mantenimiento de las medidas de seguridad de la mencionada obra".

Tras la recepción de la misma, la consejería explica que "se detectaron problemas importantes en lo referente a medidas de seguridad, en concreto en los cerramientos de la obra, debido a que el vallado existente está deteriorado, o es inexistente en algunas zonas. Asimismo, se ha detectado que estas deficiencias o ausencias han provocado actos vandálicos, como pintadas en los túneles de la infraestructura y sustracción de material de obra, e incluso se han detectado restos de ocupaciones ilegales de personas". La ausencia de vallado está provocando "un peligro grave y cierto para las personas y los bienes afectos a la obra".

La tuneladora, trabajando en el túnel de Cercanías de Móstoles y Navalcarnero.
La tuneladora, trabajando en el túnel de Cercanías de Móstoles y Navalcarnero.

No quedaba más remedio, por tanto, que buscar una solución, y el Gobierno regional decidió acudir a la tramitación de emergencia, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El 20 de julio de este año, la consejería contrató a la empresa API Movilidad, iniciándose la obra de emergencia ese mismo día. El plazo de ejecución estimado para la realización de los trabajos es de tres meses, es decir, hasta finales de octubre. El importe total de las obras (IVA incluido) es de 942.606 euros.

Pero tras la extinción de la empresa pública Mintra (que se ocupaba de gestionar este tipo de obras), la Dirección General de Infraestructuras se dio de alta como empresario (con CIF propio), lo que supone que a efectos de IVA este impuesto es deducible. "En consecuencia, el gasto presupuestario que aprobará este martes el Consejo de Gobierno asciende a 779.013 euros", señalan desde la comunidad.

Mientras, la situación jurídica del proyecto se ha enredado. La constructora de Villar Mir y la Comunidad de Madrid han iniciado una guerra en los tribunales en la que ambas partes se reclaman millonarias indemnizaciones. Cemonasa entró en liquidación en marzo de 2017 y en junio de ese año acudió a la Justicia para reclamar al Gobierno regional 371 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) por la extinción, en su opinión irregular, del contrato de concesión.

La constructora quiere que se la indemnice por los costes por la expropiación de terrenos, la ejecución de obras y la compra de bienes necesarios para la explotación. El Ejecutivo de Ángel Garrido, por contra, piensa todo lo contrario y cree que es Cemonasa quien no ha cumplido con lo firmado y le reclama a su vez una cantidad cercana a los 300 millones de euros. En marzo de este año, la Comunidad de Madrid se apuntó su primera victoria judicial, aunque la constructora ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo admitió en abril.

El presidente del Gupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir. (EFE)
El presidente del Gupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir. (EFE)

La línea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero iba a tener un trazado de 14,7 kilómetros y siete estaciones, cuatro de ellas soterradas. La obra, presupuestada en 396 millones de euros, fue adjudicada el 27 de octubre de 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y la idea era que estuviera lista en enero de 2011. La entonces presidenta regional ponía la primera piedra en febrero de 2008. La obra fue contratada mediante el sistema de concesión, es decir, la comunidad no financiaba el proyecto sino que lo subvencionaba 'a posteriori', pagando un canon por cada viajero durante 20 años. El proyecto nunca se terminó.

El tren a Navalcarnero ha pasado de ser un sueño fallido a engordar una de las seis piezas en las que se divide el caso Lezo, cuyo principal investigado es el expresidente regional Ignacio González. Anticorrupción intenta esclarecer si González era el destinatario final de una presunta comisión de 1,4 millones que OHL envió a una cuenta suiza tras ganar este contrato y que acabó en los bolsillos de un intermediario, el empresario Adrián de la Joya.

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