Almeida abre expediente a ocho empresas de 'renting' por tributar en 'paraísos fiscales' de coches
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia Tributaria municipal, persigue presuntas irregularidades en el pago del impuesto de circulación en la capital, víctima de un éxodo masivo de entidades a pequeños municipios
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El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, se ha puesto serio con los conocidos como paraísos fiscales de coches. La Agencia Tributaria municipal investiga ya a ocho grandes empresas de renting de vehículos por presuntas irregularidades en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), al tributar en municipios periféricos de la capital a través de sucursales supuestamente ficticias para ahorrar costes. La inspección a estas sociedades, intensificada en 2022 y 2023, podría desembocar en diferentes expedientes sancionadores si se confirma la existencia de infracciones contra las arcas públicas.
La investigación se enmarca en el plan Estratégico de la Agencia Tributaria de Madrid 2021-2024 contra el fraude fiscal. Entre las inspecciones desarrolladas destaca la estrategia para poner coto al problema con los vehículos de renting que, aunque se matriculan en pequeñas localidades, circulan a diario por la capital sin pagar un solo euro. Este conflicto no es nuevo y las lagunas con el impuesto de circulación se arrastran desde hace años.
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El Ayuntamiento de Madrid hace tiempo que puso el foco en esta cuestión. El Confidencial ya informó el verano pasado del inicio de la campaña para detectar y denunciar las sucursales supuestamente ficticias de las flotas de renting, atraídas por las bajas tarifas de estos municipios. Según los últimos datos de la asociación de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), existen pequeños pueblos de poco más de 500 habitantes con miles de coches empadronados. El caso más paradigmático en la Comunidad de Madrid es Rozas de Puerto Real, que con 577 vecinos contabilizó en 2022 un total de 18.019 matriculaciones. También Patones, con 536 personas censadas y 10.037 vehículos registrados. La diferencia en el tributo, que se mide en función de la potencia, llega a duplicarse en la comparativa con la capital.
"Huida tributaria"
La Agencia Tributaria de Madrid dedica un capítulo específico a la lucha contra estos paraísos fiscales, según ha detallado el área a este diario, tras una pregunta a través del Portal de Transparencia. "Proseguir las actuaciones concernientes al presunto fraude por la “huida tributaria”, que se produce con grandes flotas de vehículos, domiciliadas, ficticiamente, en pequeños municipios de menor tributación", señala el departamento sobre la estrategia iniciada. Así, hasta la fecha se han desarrollado distintas actuaciones en relación con ocho empresas que cuentan con grandes flotas de automóviles, aunque no ha trascendido el nombre de las entidades investigadas.
La inspección, explican desde el consistorio, no tiene un objetivo recaudatorio o penalizador en ningún caso. "Dichas actuaciones no tienen naturaleza sancionadora, sino tributaria, dirigiéndose a investigar y comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que, entre otras, afectan a los contribuyentes del citado tributo respecto de los que se han iniciado las aludidas actuaciones", expone el departamento en su escrito. El siguiente escenario, no obstante, es que la agencia adopte medidas punitivas si confirman las presuntas irregularidades. "Todo ello, sin perjuicio de que puedan incoarse los oportunos expedientes sancionadores, si se apreciara la existencia de indicios racionales de infracción tributaria", concluye.
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El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria prevé varias actuaciones para perseguir los presuntos fraudes fiscales. En primer lugar, la inspección a través de la captación y análisis de información. Después, la comprobación e investigación de los hechos imponibles declarados y no declarados, así como las bases imponibles. Y por último, si fuera necesario, la regularización mediante procedimientos de comprobación y la tramitación de expedientes.
Madrid no es el único ayuntamiento que ha iniciado esta labor. Barcelona es la punta de lanza de esta ofensiva, con acciones contra las empresas de renting avaladas por la Justicia. Diferentes juzgados del territorio han emitido en los últimos meses sentencias a favor del consistorio sobre esta problemática, señalando que es el competente para regularizar los vehículos que tributen en otros municipios. Los jueces, como informó este diario, consideran que no se trata de un caso de libertad de establecimiento, sino de fraude de ley. "Nos hallamos simplemente ante la legítima inspección por parte de la Administración municipal demandada (Barcelona) en relación con los tributos que se devengan en su territorio", indica uno de los fallos.
Esta situación ha armado de argumentos a las dos principales ciudades de España, cada vez más cerca de poner coto a la "huida fiscal". El impacto en las arcas municipales no está determinado, aunque los dos gobiernos municipales hablan de millones de euros. Barcelona eleva el menoscabo a los 3 millones de euros al año, mientras que Madrid llegó a reclamar 60 millones por el acumulado de varios ejercicios durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. Los tribunales, al contrario que en la actualidad, desestimaron la petición.
El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, se ha puesto serio con los conocidos como paraísos fiscales de coches. La Agencia Tributaria municipal investiga ya a ocho grandes empresas de renting de vehículos por presuntas irregularidades en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), al tributar en municipios periféricos de la capital a través de sucursales supuestamente ficticias para ahorrar costes. La inspección a estas sociedades, intensificada en 2022 y 2023, podría desembocar en diferentes expedientes sancionadores si se confirma la existencia de infracciones contra las arcas públicas.