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Almeida declara la guerra a los "paraísos fiscales" de coches y anuncia inspecciones
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Para el último trimestre

Almeida declara la guerra a los "paraísos fiscales" de coches y anuncia inspecciones

El Ayuntamiento de Madrid sigue los pasos de Barcelona e inicia una campaña para detectar y perseguir las sucursales ficticias de empresas de renting en municipios periféricos para pagar menos por el impuesto de circulación

Foto: José Luis Martínez-Almeida, durante un acto de renovación de flota de vehículos. (EFE/Luis Millán)
José Luis Martínez-Almeida, durante un acto de renovación de flota de vehículos. (EFE/Luis Millán)
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El Ayuntamiento de Madrid perseguirá los conocidos como "paraísos fiscales" de coches. El Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida va a seguir los pasos de Barcelona y prepara ya una campaña para detectar y denunciar las sucursales ficticias de empresas de renting que, supuestamente instaladas en municipios periféricos, pagan menos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) aunque sus turismos se mueven por la capital. El plan contra esta "huida tributaria", pilotado por el Área de Hacienda y Personal, comenzará a desarrollarse durante el último trimestre del año.

El conflicto por los "paraísos fiscales" de coches se arrastra desde hace casi 20 años en toda España. El problema radica en que las empresas de renting o leasing, cada vez con mayor presencia, empadronan su flota de vehículos en localidades donde el IVTM o impuesto de circulación es mucho menor que en las grandes ciudades. Así, según los últimos datos de la asociación de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), hay pequeños pueblecitos de apenas 500 habitantes con miles y miles de coches matriculados. La Comunidad de Madrid lidera esta clasificación y dispone de varios ejemplos. El más flagrante es el de Rozas de Puerto Real, al suroeste de la región. Con 590 vecinos empadronados (según datos de la Comunidad), cuenta con un total de 28.679 turismos matriculados a nombre de empresas.

Foto: Patones.

No es algo aislado. En Patones, un municipio serrano, hay 12.619 vehículos para 524 habitantes. En Colmenar del Arroyo, 43.780 para 1.875. En los diez primeros puestos de la lista, seis pertenecen a la Comunidad de Madrid, dos a la provincia de Barcelona, uno a Castellón y otro a Baleares. El desfase en el impuesto ha provocado que estos ayuntamientos hayan encontrado una suculenta fuente de ingresos sin que ello repercuta negativamente en ningún caso. Al tiempo que ingresan miles de euros por este tributo, ni uno solo de estos coches circula por sus calles. Todos lo hacen en las grandes urbes cercanas. Sobre todo Madrid, Barcelona y Valencia.

La diferencia en el IVTM es notable. Este impuesto se mide en caballos fiscales, una unidad de medida que se basa en la potencia del motor. En la ciudad de Madrid, según las cifras publicadas para 2022, los conductores pagan desde 20 euros por los coches de menos de 8 caballos fiscales a 224 euros por los que superan los 20. Vehículos de cilindrada media, entre 8 y 16 caballos, deben abonar entre 59 y 129 euros al año. En Rozas de Puerto Real, sin embargo, los turismos menos potentes no pagan ni 15 euros, mientras que los de mayor capacidad no alcanzan los 120; justo la mitad.

"Huida tributaria"

Fuentes del Área de Hacienda y Empleo, que gestiona Engracia Hidalgo (PP), explican a El Confidencial que ya incluyeron esta situación en el plan de Control Tributario del Consistorio para este año, elaborado por la Agencia Tributaria municipal. Señalan esta previsión: "Se analizarán posibles actuaciones en relación con la 'huida tributaria', presuntamente fraudulenta, que se produce con grandes flotas de vehículos domiciliadas en pequeños municipios aledaños". "En ejecución de dicha previsión, se iniciarán distintas actuaciones en el marco de la inspección tributaria centradas en esta línea de trabajo", añaden en la concejalía. Una forma de seguir esta pista podría ser a través de las solicitudes para el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que necesita de una tramitación especial a cargo de la empresa propietaria del vehículo para inscribirlo en la capital, pues debe estar matriculado en Madrid.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que este problema no es una prioridad: "Ahora mismo no se está trabajando en ello"

La campaña del Ayuntamiento de Madrid secunda la iniciada por Barcelona. Las políticas de José Luis Martínez-Almeida y Ada Colau se parecen en poco o nada, pero en este caso comparten un objetivo. Tanto, que los dos consistorios y el de Valencia impulsaron hace más de un año una iniciativa para acabar con estos "paraísos fiscales". Llevaron el tema a la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de poder realizar inspecciones para confirmar si las sedes donde se matriculan los coches operan como tal o si son ficticias. En el caso de que se confirmara alguna irregularidad, podrían modificar el domicilio en el registro de la Dirección General Tráfico (DGT) y recaudar ese tributo.

Desde la FEMP, sin embargo, señalan a este diario que no han recibido ninguna respuesta. Tampoco hay novedades desde la Dirección General de Tráfico o el Ministerio de Hacienda. Preguntados por El Confidencial, en Tráfico reconocen que es un tema en análisis, pero que la fiscalidad sobre los automóviles no está entre sus competencias. Para la cartera de María Jesús Montero ni siquiera es una prioridad. "Ahora mismo no se está trabajando en ello", subrayan. Sí cuentan con el aval de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl), que lleva años advirtiendo de la falta de control de la DGT en los cambios de domicilio del permiso de circulación.

Foto: Un coche, accediendo a la zona restringida de plaza Elíptica. (EFE/Mariscal)

Los tres ayuntamientos comparten la idea, aunque difieren en cuestiones técnicas, como la interpretación del concepto de domicilio para las personas jurídicas. De lo que no tienen dudas es que esta situación supone un enorme agujero a las arcas municipales. Barcelona, por ejemplo, cifró en casi tres millones de euros el quebranto de este "fraude fiscal encubierto", como señalaron desde el Área de Hacienda en la FEMP. Madrid no ha facilitado ningún cálculo, pero en 2005 lo elevó a los tribunales y reclamó más de 60 millones de euros por el acumulado de varios ejercicios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin embargo, desestimó en 2011 la petición del Ayuntamiento de la capital, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. Pero el escenario ha cambiado ahora.

Las Administraciones locales cuentan ahora con una sentencia favorable, de inicios de este año, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Barcelona. Los jueces dan por buenas las actuaciones iniciadas por la Inspección Tributaria del Consistorio de Ada Colau, que abrió expedientes a más de una decena de sucursales ficticias. Concretamente, el fallo respalda la inspección en una sede ubicada en la zona de El Bages, en la provincia barcelonesa. Esto ha inflado definitivamente las velas de los ayuntamientos, ahora con un respaldo jurídico.

El Ayuntamiento de Madrid perseguirá los conocidos como "paraísos fiscales" de coches. El Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida va a seguir los pasos de Barcelona y prepara ya una campaña para detectar y denunciar las sucursales ficticias de empresas de renting que, supuestamente instaladas en municipios periféricos, pagan menos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) aunque sus turismos se mueven por la capital. El plan contra esta "huida tributaria", pilotado por el Área de Hacienda y Personal, comenzará a desarrollarse durante el último trimestre del año.

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