La Fiscalía pide el archivo de la causa de las muertes por amianto en el metro de Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado al juzgado de instrucción encargado de investigar la muerte y enfermedad de trabajadores de Metro de Madrid expuestos al amianto que archive el procedimiento al considerar que, a lo largo de la instrucción, no ha sido posible determinar si la empresa omitió de forma intencionada la adopción de medidas de seguridad frente al amianto o que ocultaran intencionadamente su existencia. En un extenso informe que firma la fiscal decana de la Unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo, Alejandra Navarro Herrera, se asegura que, aunque el riesgo de exposición al amianto pudo ser conocido en el periodo de 2003 a 2006 por los investigados que tenían cargos de responsabilidad en Prevención de Riesgos Laborales, no se ha concluido que pusieran en riesgo a los trabajadores de forma consciente.

El escrito de 30 páginas explica que, de las declaraciones de investigados y testigos, se concluye que todos desconocían que después de los tres años en los que se detectó amianto se habían efectuado hasta 2017 trabajos con esta sustancia. "Los informes se extraviaron sin que haya podido determinarse los motivos de dicho extravío, de modo que no consta probado que fueran conocidos por éstos", dice la fiscal.

En su opinión, por el hecho de haber efectuado informes que les fueron solicitados o por ocupar cargos de responsabilidad, "no pueden ser considerados responsables 'in integrum' de todas y cada una de las conductas ejecutadas por otros y que han podido generar o incrementar el riesgo para la vida o la salud de los trabajadores". Asegura que su posición no les convierte en garantes de todas las actuaciones que tengan lugar en el ámbito de la empresa en el que ejerzan sus competencias.

El Ministerio Público alude a la complejidad de determinar el responsable penal cuando la acción delictiva tiene lugar en el marco de una organización y estructura compleja y jerarquizada. La empresa Metro Madrid cuenta con más de 7000 trabajadores y la capacidad de decisión recae en un grupo diverso de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección dentro de la empresa, "lo que hace difícil la afirmación de la responsabilidad criminal".

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Destaca en el informe que la responsabilidad penal tampoco puede ser exigida a la empresa, a pesar de que ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos configuradores del delito contra los derechos de los trabajadores previsto en el art. 316 Código Penal, dado que no reúne los requisitos para ser responsable penal. Es un hecho constatado que Metro Madrid SA expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amianto en lugares y equipos desde el año 2003 y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso. Durante los años 2003 a 2006 se adoptaron por la empresa medidas eficaces para eliminar el riesgo de amianto y, sin embargo, después de 2006 hasta 2017 se hicieron trabajos de mantenimiento sobre piezas que contenían amianto sin que se adoptara ninguna medida de seguridad "con un absoluto desprecio a la seguridad y salud de los trabajadores".

Sin embargo, la dirección ha emprendido hasta la actualidad y desde 2017 las acciones necesarias para eliminar el riesgo existente, "cumpliendo, por tanto, con la normativa en prevención del riesgo de la exposición al amianto". Además, ha efectuado las gestiones adecuadas para tratar de reparar el daño de los trabajadores enfermos y de sus familias, formalizando un acuerdo indemnizatorio con las acusaciones personadas.

Pacto con la comunidad

Hace solo unos días, el pasado 20 de julio, la Comunidad de Madrid suscribió un acuerdo con los sindicatos y trabajadores afectados por enfermedad profesional que estableció indemnizaciones. Concluían así años de negociaciones para llegar a un pacto. Los afectados renunciaban, en función del acuerdo, al ejercicio de acciones penales, civiles y laborales.

El importe global que Metro pagará asciende a 7.359.176,13 euros correspondientes a las indemnizaciones a siete trabajadores y a los familiares de otros 11. Para aquellos empleados con enfermedad profesional reconocida que hayan derivado en incapacidad permanente total para su profesión habitual se estableció una indemnización de 140.000 euros, mientras que para los de incapacidad permanente absoluta para toda profesión se acordó que ascendiera a 190.000 euros. En caso de que el trabajador haya fallecido, el cónyuge percibirá 200.000 euros. En cuanto a los hijos, la cuantía varía en función de si existe o no convivencia y dependencia económica con el trabajador (entre 66.650 y 115.525 euros).

En cuanto a las cantidades fijadas en el acuerdo, se han comprobado de forma exhaustiva por el Ministerio Fiscal y se considera que superan con creces las cantidades fijadas en la Ley 35/15, siendo unas cifras que garantizan adecuadamente los derechos económicos de los trabajadores y de sus familias. Se trata de una de las mayores indemnizaciones conseguidas en España por la exposición al amianto.