La Justicia obliga al Ayuntamiento de Madrid a restituir la placa de Largo Caballero

En octubre de 2020 el Ayuntamiento de Madrid retiró la placa en honor a Francisco Largo Caballero, presidente de la II República, después de que Vox llevase al pleno del Consistorio madrileño en septiembre de ese mismo año una proposición para eliminar los nombres de los dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero en el callejero de la ciudad de Madrid.

La resolución se aprobó con los votos a favor de PP y Ciudadanos. La oposición calificó la medida de “ilegal” e iniciaron un proceso ante los tribunales, de hecho, los concejales agrupados en Recupera Madrid reaccionaron denunciando su destrozo y presentando diferentes iniciativas en las comisiones de Urbanismo y de Seguridad. Hoy, dos años después, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid obliga al Ayuntamiento a restituir la placa de Francisco Largo Caballero que retiró de la plaza de Chamberí a martillazos durante una hora.

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La sentencia responde a la demanda de UGT contra el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación reivindicativa de la memoria histórica Raíces y Vox. La retirada de la placa se basó en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. UGT recurrió por considerar que esta Ley no se podía aplicar, ya que ampara a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, destacando, por lo tanto, que esa decisión fue "totalmente arbitraria". La magistrada Carmen Casto Guijarro así lo asegura en su sentencia puesto que ninguno de los hechos alegados por el Ayuntamiento, Raíces y Vox “han sido acreditados”.

Recalcan además que “ni Francisco Largo Caballero ni Indalecio Prieto exaltaron la sublevación contra la República ni la fomentaron o apoyaron el golpe de Estado, así como tampoco exaltaron la represión de la Dictadura, ya que ambos murieron en el exilio” con lo que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica en la que se basó la destrucción de la placa no sería válido.

La razón de que retiraran las placas de los socialistas fue que se les imputó por citas literales de manifestaciones hechas entre 1933 hasta 1936. En esas declaraciones documentadas se recogen expresiones "en orden a promover el socialismo que resultan desafortunadas y altisonantes en el contexto histórico actual, pues que en ellas se apela a la revolución de la clase obrera, lo cual hoy en día también resulta anacrónico". Es por ello que la sentencia del Contencioso-Administrativo insta a que "tales manifestaciones han de tomarse con cautela, debiendo ser situadas en el contexto social y político en que fueron proferidas, en una época en que tanto España como Europa conformaban un espacio geopolítico de confrontación ideológica muy polarizada".