¿Ibuprofenos a domicilio? 400 farmacéuticos se levantan contra la nueva ley

400 farmacéuticos de la Comunidad de Madrid se han movilizado en contra de la nueva norma que prepara el Gobierno regional. Temen que si se aprueba el anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica (LOAF) se abra la puerta al envío de medicamentos mediante ‘riders’, lo que repercutiría de forma grave y negativa en las ya asfixiadas farmacias rurales. Además, el texto también contempla que las necesidades de aquellos usuarios en centros residenciales sean atendidas por departamentos propios y no por las oficinas de farmacia, como ha sucedido hasta ahora, dejando fuera de este servicio a cientos de establecimientos del circuito habitual. A ello se suma que la tramitación del anteproyecto se ha efectuado por la vía de urgencia.

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Ramón Sánchez es farmacéutico en Alcalá de Henares y ha sido el encargado de registrar algunas de las alegaciones firmadas por casi 400 compañeros de profesión. “Esta ley tiene cosas muy positivas para los pacientes, pero algunos apartados pueden ser muy lesivos para la farmacia rural, como ya ocurre en otros países”, comienza a explicar. Se refiere a lo que ocurre en Portugal y Alemania, donde empresas de ‘delivery’ se encargan de repartir a domicilio los medicamentos. En el caso de Estados Unidos, es Amazon quien canaliza de forma mayoritaria este servicio que ha llevado a la desaparición en ese país de hasta 1.500 farmacias rurales en diez años, relata el profesional.

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Se trata del artículo 13 de la LOAF, en el que se desarrolla el “acto de dispensación”. En él se precisa que cualquier persona de la plantilla de la farmacia podría desplazarse hasta el domicilio del interesado para entregarle el medicamento. “Desde luego, no va a ir el farmacéutico a tu casa. Como cualquier persona de la farmacia puede hacerlo, seguramente sean los auxiliares quienes se acaben desplazando”, agrega Sánchez. En este sentido, la Consejería de Sanidad, preguntada por si la persona encargada del transporte y envío debe pertenecer a alguna categoría laboral concreta, se limita a lo expuesto en el anteproyecto: “Se ha hecho referencia expresa a la presencia inexcusable del farmacéutico en el acto de dispensación y se ha limitado la entrega de los medicamentos a domicilio para que solo pueda ser realizada por personal de la oficina de farmacia”.

Esta ley podría hacer desaparecer las farmacias rurales

Sánchez añade que “esto hará que muchas farmacias urbanas desaparezcan de los barrios y se vayan a zonas con mucho valor logístico, como los polígonos industriales, y desde ahí hagan el reparto de medicamentos”. Y aquí es donde entran en juego las farmacias rurales, que directamente podrían desaparecer: “Estos establecimientos son un eslabón muy débil de toda la cadena y la mayoría tiene una viabilidad económica comprometida. Ahora que se quiere dar tanta visibilidad al mundo rural, no deberían olvidar que el farmacéutico es el único sanitario de referencia que, muchas veces, está disponible de lunes a sábado”, remarca.

Pérdida del contacto humano

La relación que establece este profesional entre la aprobación de la LOAF y la desaparición de las farmacias rurales radica en que el pretendido envío a domicilio tan solo lo podrán efectuar aquellos establecimientos que puedan hacer frente al servicio, pues tal y como recoge el texto deberá realizarse sin coste adicional ni incremento de precio de los productos sanitarios para el usuario. “Ven al medicamento como un elemento de consumo cuando es un producto sanitario. Aunque será una entrega informada, perderemos las labores que realizamos en nuestro día a día con el contacto de la gente, que son muy importantes: saber qué es cada medicamento, cómo y cuándo se lo tiene que tomar, comprobar que no haya duplicidades en los tratamientos”, ejemplifica Sánchez.

Desde la Consejería de Sanidad, con Elena Mantilla a la cabeza como directora de Inspección y Ordenación Sanitaria, rechazan el argumento: “La actuación del profesional farmacéutico es un requisito inexcusable y por tanto la orientación o consejo farmacéutico estaría garantizado igualmente”.

Paloma Calvo conoce bien la realidad de las farmacias rurales. Actualmente es farmacéutica adjunta en Colmenar Viejo, pero estuvo 16 años al frente de la botica de Torre Val de San Pedro, en Segovia, muy cerca de la Comunidad de Madrid. “Allí hay zonas en las que el médico va dos horas una vez cada 15 días, así que los farmacéuticos son una gran referencia a nivel sanitario para la población”, admite en la línea de lo defendido por Sánchez.

Las grandes contra las pequeñas

Ella misma recuerda cómo las farmacias fueron el único servicio sanitario que no colapsó en los peores momentos de la pandemia, lo que denota una gran fortaleza de esta red asistencial. Ahora, con la posible aprobación de la nueva Ley, “estas farmacias no van a ser competitivas con las más grandes y, al igual que sucede con Amazon y las librerías, por ejemplo, desaparecerán las más pequeñas”, opina.

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“Según lo que vemos es que puede haber farmacias que solo quieran hacer envíos, como las que ya están poniendo en polígonos a las afueras de Madrid. Una persona que compra un medicamento puede estar asustada y tener muchas dudas, y nosotros podemos ver si ha habido alguna incompatibilidad en los tratamientos o algún defecto en la medicación, y todo eso se perdería. El farmacéutico no es un mero tendero”, expresa Calvo. La LOAF, en este sentido, sí establece que “la entrega de los medicamentos deberá realizarse de manera que no sufran ninguna alteración ni merma de su calidad”.

Farmacia propia en las residencias

María Ángeles Montero, presidenta del Movimiento para la Defensa de un Modelo Farmacéutico Asistencial en España (Modemfa), se muestra más tajante con el texto en su conjunto: “Intentaron aprobar una ley muy similar en 2018 que no prosperó porque los partidos políticos la hicieron caer en la Asamblea. Ahora nos la quieren imponer sin ningún consenso”. Desde su punto de vista, esta nueva opción de envío a domicilio que abre la LOAF se resume en que “el final de la dispensación del medicamento, que ahora está en el mostrador de la farmacia, se traslada a la vivienda”. Más allá de eso, sus críticas van orientadas a la no remuneración de ese servicio, que además interferirá en el desarrollo normal de la farmacia.

Montero defiende que los medicamentos deben ser tratados como “un bien de salud, no de consumo”

De todas formas, su visión sobre el reparto a domicilio no deja de ser “un aspecto menor” en la Ley, pese a que ella defiende que los medicamentos deben ser tratados como “un bien de salud, no de consumo”. En la misma línea del reparto, Montero se centra en el artículo 43 de la LOAF, texto que aún no ha pasado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad ni se ha debatido en la Asamblea de Madrid. Este punto recoge que “los centros residenciales de asistencia social con 100 camas o más en régimen de asistidos, estarán obligados a disponer de un servicio de farmacia propio. No obstante, la Consejería competente en materia de sanidad podrá establecer acuerdos o convenios eximiéndoles de dicha exigencia”.

Así lo explica la presidente de Mondemfa: “Ese servicio propio del que hablan cubrirá la asistencia a cientos de usuarios que, hasta ahora, cubrían nuestras oficinas de farmacia. Serán las empresas de las residencias las encargadas de distribuir los medicamentos a quien lo necesite”.

El anteproyecto, en los tribunales

Su organización, además, ha interpuesto varias denuncias contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. “Primero, una demanda por lo contencioso, a la espera de medidas cautelares que suspendan el plazo de tramitación, y otra por lo penal al haber advertido ciertas irregularidades en el Portal de transparencia”.

Sánchez considera que esta normativa regional legisla en contra de otra superior, la Ley de garantías

Sánchez, asimismo, considera que esta normativa regional legisla en contra de otra superior, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios estatal. En esta última, se recoge que “se prohíbe la venta, por correspondencia y por procedimientos telemáticos, de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción” y que “se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos”. La Consejería, por su parte, defiende que su texto no se refiere a la “venta por correspondencia, procedimientos telemáticos ni tampoco venta a domicilio en el sentido general que la norma estatal ha recogido y que evocan a prácticas utilizadas en la venta de otros productos de consumo, por lo que no entraría en contradicción”.