El desahuciado del barrio de Vallecas al que apoyan la ONU y Penélope Cruz

En el rodaje en Madrid de la primera película como director de Juan Diego Botto, llamada el 'En los Márgenes' y protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, estaba Richard Rodríguez. Hacía de extra en una escena en la que una mujer iba a ser desahuciada y los activistas de la Plataforma de la Vivienda iban a la sede del fondo buitre dueño del inmueble a manifestarse para evitar el desalojo. La escena no podía resultarle más conocida: a él mismo, padre de tres niñas que se vio obligado a okupar hace 6 años una vivienda vacía del BBVA, le han intentado desahuciar casi una decena de veces. Solo el apoyo de sus vecinos, de los activistas de la PAH y la asesoría de expertos defensores del derecho a la vivienda impidieron que él y su familia durmieran en la calle. Conmovido por historias como la suya, Botto no solo quiso contar con su asesoría para que su película fuera lo más fiel a la realidad posible: quería que actuara como extra. Y ahí estaba él.

Pero durante la grabación, algo ocurre. Antes de empezar a rodar una escena que simula el momento en que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se planta frente de un fondo de inversión, Rodríguez se echa a llorar. A su alrededor, hay quien lo achaca a la emoción de revivir una escena que no por repetida resulta en su memoria menos traumática. Pero no es eso. O, al menos, no es eso solamente. Richard acaba de recibir un mensaje de su abogado. Este le informa de que el Juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha emitido una orden para que desaloje su casa. Con esta, ya van 9. De nuevo, ese infierno. Rodríguez no puede más, se rompe y, a sus 50 años, se echa a llorar desconsolado. En cuanto Rodríguez consigue transmitir lo que le ocurre, se le acercan todos sus compañeros de rodaje para mostrarle su apoyo. Entre ellos, especialmente afectada, se acerca Penélope Cruz, que precisamente estos meses está interpretando a una mujer que va a ser desahuciada. Ambos se funden en un largo abrazo.

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La imagen, que captaron los fotógrafos que están siguiendo estos días la evolución de la grabación, representa para Rodríguez el momento en el que la ficción cobró vida ante él. “Lo que cuenta Botto son las penurias de lo que ha sido nuestra vida. Es real”, cuenta Rodríguez mientras recuerda el día en que llevó al director de cine a su casa para presentarle a su familia. “Cuando estábamos investigando para la película, conocimos a Richard y nos pareció que su historia era muy impactante. Él no tenía otra alternativa, o vivía debajo de un puente o ocupaba una vivienda vacía”, explica Botto en conversación telefónica con El Confidencial.

Como si de una escena de la película se tratara, este mismo lunes decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) decidieron llevar sus tiendas de campaña verdes con ellos para acampar ante las oficinas de la calle Serrano del fondo de inversión Cerberus & Divarian para pedirle a la gestora inmobiliaria del fondo estadounidense un alquiler social para Rodríguez, su mujer y sus tres hijas de 12, 9 y 2 años.

Entre gritos, proclamas y carteles, los activistas, escoltados por la policía, han pasado la mañana enfrente de las oficinas del fondo reivindicando el derecho a la vivienda.

El caso de la familia Rodriguez ha llegado a los titulares de los medios españoles más de una vez. No es para menos. Fue el primer desahucio que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mandó a parar en España. De aquello hacen 6 años. Tras tres resoluciones de la ONU más y tras desoír el Real Decreto emitido por el Gobierno que prohíbe los desahucios en España hasta febrero del año que viene, los tribunales lo vuelven a intentar. Entienden que el piso es de Cerberus, que lo compró a BBVA en 2017 y, desde entonces, se ha negado en rotundo a negociar con Rodríguez alquiler social alguno.

“Estamos viendo muchos casos en que los jueces no están cumpliendo con la ley que el Gobierno ha sacado. El Juzgado ha informado que ni la ONU ni el Escudo Social, ni la covid les va a proteger de este desahucio.”, afirma Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH.

Este lunes, el Comité de Naciones Unidas ha vuelto a emitir una resolución en la que pide al Gobierno de España que suspenda este desahucio hasta que la familia con tres menores tenga una alternativa habitacional.

Rodríguez vivía en el madrileño barrio de Vallecas, en un piso de alquiler, y trabajaba para el Ayuntamiento de Madrid hasta que la burbuja inmobiliaria estalló y se quedó sin trabajo. Desde ahí, ha ido encadenando contratos temporales precarios para poder mantener a tres hijas menores de edad. Ahora, recibe el Ingreso Mínimo Vital y sobrevive con trabajos que le salen por días. En total, los cinco integrantes de la familia pasan cada mes con unos 900 euros.

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En el 2015, dejó el piso donde vivían en Vallecas porque no podía pagar el alquiler. Fue entonces cuando conoció la PAH. Un familiar le contó que había un piso en Villaverde del banco BBVA que llevaba vacío cinco años. Rodríguez no se lo pensó. Tras hablar con los vecinos de la zona y explicarles su situación para contar con su aprobación, entró a vivir en el inmueble con su familia. Nunca le denunció nadie.

Durante estos años, él y su mujer, Josefina, han ido pintando la casa, han arreglado la cocina y poco a poco han ido adquiriendo lo necesario para poder vivir dignamente. “Vivimos siempre con miedo de tener que salir corriendo un día”, afirma Rodríguez.

Su familia lleva catorce años siendo solicitante de vivienda social, algo que nunca les han concedido. Hace ocho años, el BBVA vendió la vivienda con la familia dentro al fondo de inversión Cerberus sin ningún tipo de notificación. “Esta familia ha pedido en 37 ocasiones una vivienda pública al IVIMA debido a su vulnerable situación tras quedarse en el paro por su situación económica”, recuerda Revuelta.

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Su caso, hoy por cuarta vez, ha vuelto a ser estudiado por Naciones Unidas: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exige a España tomar medidas cautelares para evitar “daños irreparables” a esta familia. “España es un país que ha incumplido una y otra vez los tratados internacionales, y no lo podemos permitir. Vamos a luchar porque la Comunidad de Madrid le otorgue una vivienda a esta familia”, afirma Javier Rubio, miembro del grupo de monitoreo de la Sociedad Civil.

“Richard es un caso ejemplar de okupación por necesidad y de la dificultad que hay de acceso a la vivienda en Madrid. Es muy fácil caer en la precariedad y no poder pagar un alquiler”, afirma Rubio. Esto ha sido reconocido por la Audiencia Provincial de Madrid, donde Rodríguez fue absuelto del delito de okupación. El juez consideró entonces que okupar una vivienda vacía suponía en su caso un daño menor a la sociedad que el que hubiese supuesto que la familia se quedase en la calle.

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España ha sido condenada por la ONU cinco veces por vulnerar los derechos de las familias madrileñas. “Solo en un caso se dio vivienda pública a la familia”, afirma Rubio. Los anteriores, por sendos casos de desahucios también en Madrid, datan de 2015 y 2017.

El viernes pasado, Rodríguez y su abogado se reunieron con la Delegada del Gobierno, María de las Mercedes González Fernández, y el delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Diego Lozano Pérez. Su respuesta fue que no hay viviendas disponibles.

A pesar de todos los apoyos que ha recibido, ahora, enfrente de la tienda de campaña que ha instalado en la mitad de la calle Serrano, en mitad del opulento barrio Salamanca, para protestar contra el fondo de inversión que quiere dejar a su familia en la calle, se le caen las lágrimas. Rodríguez tiene miedo y no entiende por qué, una y otra vez, se pronuncie quien se pronuncie y reciba los apoyos que reciba, se encuentra siempre en el mismo punto de partida: desalojo sin alternativa, es decir, la amenaza de la calle.