Una mención al hermano de Ayuso dinamita el pleno de contratos, con la oposición en la calle

El pleno monográfico sobre las contrataciones de emergencia durante la pandemia en la Comunidad de Madrid no ha defraudado. Una mención al hermano de Isabel Díaz Ayuso ha embarrado el debate hasta un límite extremo. Tanto, que todos los grupos de la oposición, desde las fuerzas de izquierda a Vox, han abandonado la cámara después de que la diputada que hizo el comentario, del PSOE, fuera expulsada por la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo. La socialista Carmen López dijo que el familiar de la presidenta "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". Y la sesión se dinamitó.

El episodio no es más que el reflejo del tono utilizado desde el inicio. Aún no había empezado el punto en cuestión sobre los contratos cuando Isabel Díaz Ayuso ya avanzó en una de sus intervenciones en la sesión de control lo que estaba por venir: "Hasta luego, da igual. Paso". Era una simple anécdota, pero apenas unas horas después el pleno se interrumpió abruptamente, con los consejeros y diputados del PP como únicos representantes en la cámara. La sesión, no obstante, continuó a pesar de las ausencias y solo se detuvo en el habitual receso de la hora de comer.

Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Vox salieron al patio del hemiciclo de Vallecas con la queja generalizada de que la actuación de Carballedo menoscaba la libertad de expresión. Sus llamadas al orden, de hecho, fueron casi automáticas tras el comentario de la diputada socialista, aunque en el mismo pleno ya se habían hecho alusiones al presunto trato de favor que recibe Tomás Díaz Ayuso en la adjudicación de contratos. "Lo está haciendo, además, no con palabras amables, sino con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Todos los diputados tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria", dijo Carballedo, ya entre un revuelo total. Tras una discusión de varios minutos, finalmente López dejó la cámara a negarse a retirar lo dicho, pero junto a ella la mitad de la Asamblea.

Vox, que durante la sesión recibió las críticas del Gobierno por "ser compañero de viaje de la izquierda", fue tan vehemente como el resto de formaciones. Rocío Monasterio anunció que su grupo presentará un escrito para que les aclaren cuáles son los límites de la libertad de expresión en la Asamblea, en alusión a que en otras ocasiones ellos han sido objeto de diferentes insultos y descalificaciones. "Hay una doble vara de medir", dijo la líder del partido, tras defender el derecho de todos los diputados a expresarse con total libertad. "Se acaba de dar una situación absolutamente esperpéntica. La presidenta de una cámara ha coartado la libertad de expresión que tiene una parlamentaria en el uso de su palabra porque no le gustaba lo que estaba diciendo", espetó la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Juan Lobato, portavoz del PSOE, se sumó a la queja compartida. "Trasladar nuestra más sincera repulsa ante este acto antidemocrático y esta acción por parte de la presidenta del Parlamento. Va en contra de la libertad de expresión de la democracia y de cómo tiene que funcionar un Parlamento", dijo, ya en el exterior.

5.210 contratos

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, justificó la concesión de un total de 5.210 contratos por la vía de emergencia para hacer frente a la pandemia, con un desglose de lo invertido en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Justicia. Estos miles de expedientes, explicó, se adjudicaron por un importe de 1.109,7 millones de euros, de los cuales 4.526 se corresponden al ejercicio de 2020, por valor de 965,9 millones, y 684 de este año, por 143,8 millones de euros. Lasquetty se afanó en negar que el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas señale irregularidades en la contratación, e insistió en que estos procedimientos fueron vitales para la construcción del hospital de Ifema, el Isabel Zendal, la morgue del Instituto de Medicina Legal o la compra de material sanitario de China. "La Cámara de Cuentas evidencia que fue un reto de gestión hasta entonces inédito y para el que nuestro sistema legal no estaba preparado", subrayó el titular del ramo.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron en ningún caso a la oposición, con independencia del signo político. Todos los partidos exigieron que el Gobierno regional suba al Portal de Transparencia todos los contratos, habida cuenta de que los facilitados por Lasquetty no coinciden con los documentos a los que han tenido acceso a cuenta gotas en los últimos meses. "Que cumpla la ley", espetó la propia Carmen López. El consejero de Hacienda, no obstante, entregó a la cámara un tomo de tamaño notable con estas más de 5.000 adjudicaciones para su estudio.

TE PUEDE INTERESAR

Juicio político a la contratación de Díaz Ayuso: más de 4.800 adjudicaciones, a examen

Ignacio S. Calleja

Los grupos parlamentarios emplearon sus diferentes turnos de palabra para señalar los contratos que, al contrario de lo manifestado por Lasquetty, no cumplen con los requisitos que marca la ley para utilizar la vía de emergencia. Fundamentalmente remiten al hecho de que se firmaron cosas que poco o nada tienen que ver con la pandemia del Covid-19. Alberto Oliver, de Más Madrid, enumeró una serie de expedientes que profundizan en la teoría de que el Gobierno de Díaz Ayuso utilizó este tipo de contratos para eludir los controles que marca la ley. La compra de dos cuchillas para vehículos quitanieves, maquinaria para talar árboles, un nuevo sistema de drones para el Cuerpo de Bomberos, básculas para bebés y un potro de ginecología, material de escalada... "Han retorcido la ley para saltarse la contratación", espetó Oliver. Además, recordó que de los 249 contratos revisados por el órgano fiscalizador, halla algún tipo de anomalía en 188.

Carolina Alonso, de Unidas Podemos, centró sus críticas en las sospechas de que en todo este proceso, además, ha habido volumen significativo de adjudicaciones a dedo. Así, la diputada mencionó a Ferrovial, la empresa de seguridad de una exconcejal del PP en Alcorcón o los más 70.000 euros concedidos al hermano de Ayuso. En este caso, sin embargo, no hubo la misma reacción que instantres después. Ana Cuartero, de Vox, preguntó si se habían pedido al menos tres ofertas para la adjudicación de los servicios, además de insistir si se pidió precio a Iberia para el transporte de material. "Es el momento del análisis y el debate y de exigir toda la transparencia", declaró Cuartero, diputada de la formación que precisamente ha impulsado este pleno monográfico.