Navalcarnero pide 9 años para el alcalde que ideó un 'tour' por cuevas que se hunden

Ya hay fecha para el juicio. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de fijar los días 22, 23 y 24 de enero de 2020 para sentar en el banquillo de los acusados al exalcalde del municipio madrileño de Navalcarnero Baltasar Santos y a la que fuera interventora del ayuntamiento Teresa de Jesús Hermida, acusados de prevaricación continuada, fraude, malversación, falsedad en documento público, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico, después de que en 2004 Santos ideara un ambicioso proyecto para realizar excavaciones que unieran las conocidas cuevas de la legalidad y crear una red de galerías que se podrían explotar turísticamente. El problema es que lo hizo saltándose los requisitos legales y técnicos. Santos fue expulsado del PP en el año 2015 tras ocultar al partido que estaba imputado por varias causas judiciales.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado para ambos nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público. El ayuntamiento, una coalición formada por PSOE, Cambiemos y un edil independiente, que es acusación particular, pide además nueve años y nueve meses de prisión. El juzgado ya le has exigido a cada uno de ellos 1,5 millones de euros como fianza. Las respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (una especie de censo de los pueblos de la Corona de Castilla elaborado a mediados del siglo XVIII) revelaban ya la existencia de 125 cuevas en Navalcarnero, construidas bajo las casas de los vecinos y que eran usadas como despensas y bodegas. El conjunto histórico del municipio es Bien de Interés Cultura (BIC) desde el año 2000.

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Baltasar Santos, que fue alcalde de la localidad entre 1996 y mayo de 2015, ideó en 2004 un ambicioso proyecto para realizar excavaciones debajo de la plaza de Segovia y alrededores y unir así las cuevas que hay en el subsuelo. El objetivo era crear una red de galerías para explotarlas turísticamente. En numerosas viviendas del casco histórico existen cuevas que originalmente eran utilizadas por sus propietarios para guardar cereal, alimentos, vino... Cuevas que, por su propia finalidad, eran individuales para cada vivienda, aisladas y no conectadas con otras. Muchas superan los 300 años.

El problema del proyecto de Santos es que lo hizo saltándose los requisitos legales y técnicos. No hubo proyecto técnico, ni proyecto de seguridad ni estudio geotécnico. Según la Fiscalía, Santos actuó en "claro fraude de ley" pese a tener "pleno conocimiento de las irregularidades descritas, siendo consciente de que se estaban incumpliendo los trámites legalmente establecidos". Por su parte, Teresa de Jesús Hermida Martín, como interventora municipal, "faltó a su deber de control y fiscalización, no emitiendo informes negativos ni cuestionando o poniendo en duda la legalidad de las obras, pese a las claras irregularidades presentes y de las que tuvo conocimiento".

El coste de las obras, además, se disparó. El presupuesto inicial fue de 1.053.943 euros, aunque el coste final del proyecto ascendió a 3.630.145 euros, por lo que hubo una desviación del 244%. En relación con los pagos, "no se aplicaron los procedimientos establecidos por ley, por cuanto no consta la elaboración de expediente alguno de contratación para la prestación de los correspondientes servicios y la realización de los correspondientes suministros vinculados a las obras que se estaban ejecutando. A sabiendas de que se estaban incumpliendo los procedimientos aplicables, y de nuevo en claro fraude de ley, el alcalde optó por un fraccionamiento de los indicados contratos, creando una ficción de contratación menor o adjudicación directa, práctica expresamente prohibida".

El PSOE denunció las obras tras aparecer las primeras grietas en los edificios. Santos terminó las obras en 2011, pero solo pudo abrir las cuevas unos días. Había peligro de derrumbe y el subsuelo está desde entonces cerrado. No se puede visitar. El entonces regidor también presentó un proyecto paralelo al de las cuevas para rehabilitar el casco urbano, que conllevaría la construcción de pilones en los caminos, un rosario de mojones y cruces de granito que adornarían varios puntos del municipio. La Fiscalía también define esta obra como "fraude de ley". Fue el proyecto que más se disparó: de los 586.099 euros iniciales se pasó a 11.508.084, una desviación del 1.863%.

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El actual equipo de Gobierno creó una comisión de investigación para analizar la gestión de Santos y ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios fiscales del municipio entre los años 2007 y 2015. Según el Ministerio de Hacienda, Navalcarnero es una de las localidades más endeudadas de Madrid. Cada uno de los vecinos debía más de 3.790 euros en diciembre de 2017 (últimos datos). El fisco hace ese cálculo con una deuda de 102,5 millones de euros. Esa comisión municipal ha desembocado en muchos procesos judiciales. Aparte del de las cuevas, los juzgados han abierto otras 11 investigaciones judiciales por la gestión de Santos.