Navalcarnero devuelve 136.000€ en toallitas compradas sin contrato y al triple de precio

El Pleno del Ayuntamiento madrileño de Navalcarnero (27.000 vecinos) aprobó este miércoles declarar nulos los suministros por valor de 136.000 euros en herbicidas, insecticidas y toallitas de baño que el anterior Gobierno local, del PP, compró entre finales de 2013 y mediados de 2014. La mercancía se guardaba en almacenes municipales, sin usar, y ahora el Ayuntamiento, una coalición formada por PSOE, Cambiemos y un edil independiente, ha decidido devolverlo a las empresas vendedoras porque ha acreditado que la compra se hizo sin contrato ni adjudicación y a un precio que triplica el del mercado para este tipo de productos.

Incluso el PP, el partido que gobernaba cuando se materializó la compra, votó a favor de devolver la mercancía. El Consistorio ha creado una comisión de investigación para analizar la gestión de Baltasar Santos, alcalde popular de Navalcarnero durante 20 años (entre 1995 y 2015). Fue expulsado del PP en el año 2015 tras ocultar a su formación que estaba imputado por varias causas judiciales. Ahora el nuevo Gobierno local intenta arrojar luz sobre todos lo pufos heredados, que han convertido al municipio en uno de los más endeudados de España.

Los nuevos responsables municipales descubrieron todo el pastel cuando en enero de 2017 entraron por registro cuatro reclamaciones administrativas de cuatro empresas demandando el pago de 136.151,92 euros en concepto de suministro de insecticidas, herbicidas, desengrasantes, toallitas y absorbentes adquiridos presuntamente por el Ayuntamiento entre finales de 2013 y mediados de 2014. La primera reclamación, de la firma Proviserv Ecological, exigía el pago de 33.632,57 euros "por el suministro de productos químicos de limpieza y jardinería que fueron adquiridos mediante venta telefónica".

La segunda reclamación fue enviada por la empresa Recicla Productos y Servicios de Limpieza Verdes SL por un importe de 21.378,87 euros, y también aclaraba que el material se había comprado "mediante venta telefónica". La tercera era de Vesta Supplies por 65.410,54 euros, y la cuarta de New Lite por 15.729,94 euros. Las cuatro reclamaciones de las cuatro empresas fueron realizadas por la misma abogada, que exigía el pago "con el fin de evitar los inconvenientes y gastos que originaría una controversia judicial".

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El nuevo Gobierno local decidió entonces pedir una serie de informes a los técnicos y a los servicios jurídicos municipales. Lo primero que llamó la atención es que en total las cuatro empresas presentaban 23 facturas, todas por importes inferiores a los 18.000 euros, cantidad que constituye el límite de los contratos menores. Además, los justificantes de entrega de los materiales demostraban que las cuatro empresas suministradoras tenían la misma sede, en San Fernando de Henares. Una de ellas tiene por objeto la venta de lámparas. "En todas las facturas aparecen numerosas similitudes: descuento por pronto pago del 5%, mismo texto literal, mismos campos con diferentes plantillas... y todas contienen la mención de que van dirigidas al concejal Manuel Jordán Rodríguez", señala el informe del interventor municipal. Jordán fue tercer teniente de alcalde con Baltasar Santos.

Las conclusiones del interventor son demoledoras: no existe contrato, ni procedimiento de adjudicación alguno, incurriéndose en una contratación verbal que está prohibida por ley. "Tampoco consta justificada la necesidad del suministro". De hecho, desde 2014 la mayoría de estos productos siguen almacenados en el antiguo matadero municipal. "No hubo fiscalización previa por parte de la Intervención Municipal, ni crédito presupuestario". Es más, los técnicos analizaron los precios de mercado de los productos adquiridos, 50.852 euros, tres veces menos que los 136.000 euros que se pagaron.

La Intervención dictaminó en junio de 2017 que este suministro "incurre en los vicios de nulidad por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y por inexistencia de crédito adecuado y suficiente". Luego se solicitó un dictamen a la Comisión Asesora de la Comunidad de Madrid, que ha dado la razón al Ayuntamiento. Por tanto, ahora en el Pleno de 2018 se ha decidido declarar nulos los suministros y devolver la mercancía. "Se notificará a las empresas que retiren sus productos de los almacenes municipales, y se les abonará un total de 10.999,70 € en concepto de productos que ya han sido utilizados, de acuerdo a los precios de mercado y detraído el beneficio industrial", explica un portavoz municipal.

"Estos eran los negocios que hacía el Partido Popular de Navalcarnero con el dinero del pueblo", señalan desde el PSOE, que lamentan que la herencia política de Baltasar Santos siga erosionando las arcas públicas. Según el Ministerio de Hacienda, Navalcarnero es el municipio madrileño más endeudado de la comunidad de Madrid (y el número 24 de toda España). Cada uno de los 27.000 vecinos debía, a diciembre de 2016, más de 3.700 euros. El fisco hace ese cálculo con una deuda financiera de 101 millones de euros, aunque el actual equipo de Gobierno la cifra en 240 millones. Una cantidad que se puede ir incrementando poco a poco a causa del goteo de sentencias judiciales que están llegando contra el Ayuntamiento por culpa de la anterior gestión del exregidor. El nuevo Gobierno local ha contratado además una dirección jurídica para que se puedan judicializar todas las irregularidades detectadas y ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios fiscales de Navalcarnero entre los años 2007 y 2015.