Otro pufo en Navalcarnero: el pueblo más endeudado perdonó 573.000€ a la Gürtel
  1. España
  2. Madrid
hay diez ex altos cargos denunciados

Otro pufo en Navalcarnero: el pueblo más endeudado perdonó 573.000€ a la Gürtel

Baltasar Santos, el alcalde del PP que gobernó el municipio durante 20 años, no cobró dos impuestos locales a Constructora Hispánica, procesada en Gürtel por pagar sobornos

Foto: Baltasar Santos.
Baltasar Santos.

Baltasar Santos, el alcalde del PP que gobernó el municipio de Navalcarnero durante 20 años (entre 1995 y 2015), perdonó 573.000 euros en impuestos locales a una de las principales empresas implicadas en el caso Gürtel por pagar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas, Constructora Hispánica, que ganó el contrato para construir un colegio en esta localidad madrileña de 27.000 vecinos. El actual equipo de Gobierno, una coalición del PSOE, Cambiemos y un edil independiente, ha llevado el asunto a los tribunales y acusa a diez personas de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso ha recaído en un juzgado de instrucción de Navalcarnero.

El ex propietario de Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, ha reconocido durante el juicio que se está celebrando sobre la primera etapa de la Gürtel, que pagó 1,2 millones de euros en comisiones a la trama de Francisco Correa a cambio de contratos públicos. El empresario es también uno de los donantes que aparecen en los famosos 'papeles de Bárcenas'. La Fiscalía pide una condena de cuatro años y seis meses para él por cohecho continuado, aunque ha solicitado al tribunal que dictará sentencia que tenga en cuenta su colaboración tras confesar los hechos.

Foto: Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero.

Baltasar Santos, por su parte, fue expulsado del PP en el año 2015 tras ocultar al partido que estaba imputado por varias causas judiciales. El Consistorio ha creado una comisión de investigación para analizar su gestión y ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios fiscales del municipio entre los años 2007 y 2015. Según el ministerio de Hacienda, Navalcarnero es la localidad más endeudada de Madrid (y el número 24 de toda España). Cada uno de los vecinos debía más de 3.700 euros en diciembre de 2016. El fisco hace ese cálculo con una deuda de 101 millones de euros, aunque el actual Gobierno local la eleva hasta los 230 millones.

Esa comisión de investigación detectó las irregularidades cometidas durante la licitación de colegio Nuestra Señora de la Concepción. El 18 de enero de 2007 el Ayuntamiento adjudicó a la UTE formada por Hispánica y Soluciones Educativas Integrales SA (Seisa) la construcción y la gestión de un centro educativo concertado en la localidad. Hispánica actuaba como gerente de la UTE. El convenio que habían firmado meses antes, en octubre de 2006, el Consistorio y la Comunidad de Madrid (quien tiene las competencias en materia de educación) estipulaba que "el adjudicatario construirá el centro a su costa (...) obligándose, asimismo, a no transmitirlo en un plazo de 15 años, contados desde su puesta en funcionamiento".

placeholder El colegio Nuestra Señora de la Concepción de Navalcarnero.
El colegio Nuestra Señora de la Concepción de Navalcarnero.

Pero en febrero de 2007, Constructora Hispánica solicitó al ayuntamiento que autorizara la transmisión de la concesión a la mercantil Soluciones Educativas Integrales SA (Seisa), que se había constituido el 23 de enero de 2007, cinco días después de resultar adjudicatario del colegio en una UTE junto a Hispánica. El Gobierno local de Baltasar Santos autorizó la transmisión, "a sabiendas de que no habían transcurrido los 15 años preceptivos para que ello fuera jurídicamente posible", reza la denuncia admitida a trámite.

En enero de 2008 se produjeron más cambios. Seisa comunicaba de nuevo al Ayuntamiento que cambiaba de denominación y pasaba a llamarse Seisa Nuestra Señora de la Concepción, cuya apoderada era entonces la hija de García-Pozuelo. García-Pozuelo vendió Hispánica en noviembre del 2009 al grupo asturiano Essentium para poder hacer frente a un juicio por delito fiscal por el que terminó pagando casi 20 millones. Essentium rebautizó Hispánica como Assignia Infraestructuras, que fue administradora de Seisa Nuestra Señora de la Concepción hasta 2013. Hoy el Grupo Essentium está en concurso de acreedores. En 2013 Seisa comunicó al ayuntamiento que transmitía todas las participaciones a dos nuevas entidades: Enseñanza y Pedagogía SA y Unión de Centros de Enseñanza.

Foto: Baltasar Santos, a la izquierda, junto a Francisco Granados. (Comunidad)

Los denunciantes aseguran que el pliego de condiciones de la adjudicación del colegio estipula que el concesionario tenía la obligación de costear el proyecto de obra y todas "las licencias y autorizaciones preceptivas para realizar los trabajos y poner en funcionamiento la actividad". Sin embargo la empresa adjudicataria nunca pagó las tasas de la licencia de obras ni el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), "pervirtiendo de forma consciente y voluntaria el procedimiento". El nuevo equipo de Gobierno asegura que si la empresa cumplió con el compromiso de inversión, 10,4 millones de euros, hubo un perjuicio para las arcas públicas de 177.348 euros en la tasa de licencia y 396.425 en pago del ICIO, es decir, un total de 573.773 euros.

Informes del Interventor Municipal, del Arquitecto Municipal y del Ingeniero Municipal, que se aportaron a la comisión de investigación, revelan que "no consta licencia de obra" no solo para la construcción del colegio, sino tampoco para la construcción posterior de la piscina y el patio cubierto del centro educativo. "Hay indicios racionales suficientes como para presumir que ha existido un plan preconcebido para que determinadas personas se enriquecieran a costa de las arcas municipales y en perjuicio del ayuntamiento por importes muy superiores a los 600.000 euros", explican desde el Consistorio.

placeholder El expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, en una de las sesiones de Gürtel.
El expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, en una de las sesiones de Gürtel.

El actual equipo local, del PSOE, señala además que "tampoco existe constancia alguna de que se haya vigilado y comprobado que la adjudicataria haya cumplido con la inversión mínima en obra de 10.432.252 euros a la que se comprometió en su oferta y por la que resultó beneficiaria del contrato". Los denunciados son el ex regidor Baltasar Santos, María Paz Fraile Garcés (ex concejal de Hacienda con el PP), María Jesús Neira San Román (ex concejal de Educación), Pilar Rodríguez Rodríguez (ex teniente de alcalde), Elena Pérez Gómez (ex teniente de alcalde), Manuel Jordán Rodríguez (ex teniente de alcalde), Enrique López Lavín (ex arquitecto municipal), Pilar Araujo Armero (ex Secretaria General), Teresa de Jesús Hermida Martín (ex Interventora General), y María José López Álvarez (ex técnico jurídico).

Adjudicaciones Francisco Correa Caso Gürtel Ministerio de Hacienda Noticias de Madrid
El redactor recomienda