El satélite espía del Canal detecta en Madrid fraude en... 75 piscinas tras 4 años vigilando

El proyecto es muy ambicioso. Controlar desde el espacio a través de satélites más de 28.000 hectáreas de zonas verdes y 126.000 piscinas, las que están en fincas privadas y urbanizaciones. Un trabajo minucioso para detectar posibles fraudes. Cuatro años después, Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, valora el proyecto como positivo tras analizar en una primera fase 725 "inconsistencias" detectadas desde el aire. De ellas, la División de Fraude ha confirmado irregularidades en 75 parcelas (un 10,3%) y otros ocho casos están en estudio.

Aunque los resultados pueden parecer 'a priori' pobres, el trabajo realizado ha sido ingente (se han analizado 2.400 kilómetros cuadrados) y ha servido para constatar que el nivel de fraude en la región no es alto. "El proyecto, utilizando novedosas técnicas de interpretación de imágenes de satélite de alta resolución, ha permitido tener una información actualizada y detallada del uso del agua en la Comunidad de Madrid para el riego de parques y jardines y otros usos recreativos. El contraste de la información observada mediante satélite con los registros propios de Canal se ha probado muy eficaz para la identificación de inconsistencias, y como orientación para la localización de usos irregulares o fraudulentos", señala Francisco Cubillo, subdirector del departamento de I+D+i del Canal.

Canal compró en 2014 imágenes de alta resolución a la agencia espacial francesa, el CNES, que tiene en órbita los satélites Pleiades

Canal decidió en el año 2014 comprar imágenes de alta resolución a la agencia espacial francesa, el CNES, que tiene en órbita los satélites Pleiades, capaces de fotografiar cualquier parte del mundo con altísima resolución (0,50 metros por píxel). Las imágenes se tomaron la semana del 1 al 8 de agosto de 2014. El objetivo era controlar desde el cielo todas las zonas verdes y piscinas que hay en la región dentro de ámbitos urbanos para intentar detectar "usos irregulares" del agua que el Canal suministra a sus clientes.

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Y es que Canal ha calculado que cada año los madrileños gastan entre 90 y 110 millones de metros cúbicos de agua, dependiendo de la metereología, en lo que se conoce como "usos exteriores", es decir, piscinas privadas y mantenimiento de jardines. "Esta cifra puede ser mayor en años cálidos y secos. Los usos de exterior suponen en un año normal del orden del 20% del volumen total de agua suministrada por el Canal", señala un portavoz de la empresa pública. Por eso, para la División de Fraudes era importante contar con nuevos sistemas que la ayudaran a detectar anomalías.

Por eso el Canal decidió recurrir a satélites en el año 2014, como ya publicó El Confidencial. Antes se tomaban imágenes, menos precisas, gracias a aviones. En 1999, por ejemplo, el Canal aprovechó los vuelos de trabajos de cartografía que hizo la Comunidad de Madrid. No fue hasta el año 2006 cuando el Canal contrató sus primeros vuelos fotogramétricos. Un trabajo mucho más arduo y más caro. Pero en 2014 el departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación decidió invertir 60.000 euros para aquirir las fotografías proporcionadas por el satélite francés.

La primera fase ha permitido analizar 725 parcelas en que se detectaron anomalías. De todas ellas, se ha confirmado fraude en 75 casos y otros ocho están en estudio porque hay sospechas. La mayoría, 48, tiene una incidencia que el Canal bautiza como 'comercial'. Es decir, la mayor parte son manipulaciones en los contadores que no provocan una sanción, porque no se puede demostrar quién los ha manipulado. En estos casos, el departamento comercial soluciona la incidencia. También entran en esta clasificación contadores averiados o parados. De momento, de los 75 casos, siete han derivado en la apertura de un expediente de infracción y otros tres, en expediente sancionador o denuncia.

¿Qué es lo que permite el satélite? Este toma imágenes en cuatro bandas: rojo, verde, azul e infrarrojo cercano. El rojo y el infrarrojo cercano proporcionan un índice normalizado de vegetación, que permite identificar la actividad clorofílica de las plantas y su vigor. Por ejemplo, un césped artificial, no natural, tiene un índice del 0%. El Canal utiliza luego una fórmula matemática para calcular las necesidades de agua de cada zona verde en función de la climatología. Esa información se cruza con los datos del catastro y con los contadores que tiene el Canal para facturar a cada cliente. Si se detecta, por ejemplo, un chalé con un jardín con un índice muy alto, es decir, bien cuidado y bien regado, pero luego su facturación revela que es demasiado baja para que las plantas tengan ese vigor, ahí hay una anomalía, "una inconsistencia", como la define el Canal, que puede esconder un fraude o simplemente un error en el sistema de medición del contador de ese cliente.

Lo mismo pasa con las piscinas, que han crecido muchísimo en la Comunidad de Madrid. Si en 1999 había 40.000, hoy son más de 126.000. El Canal es capaz de detectar el grado de evaporación de las piscinas y si su uso coincide con el servicio que tienen contratado. Para este arduo trabajo, que ha durado cuatro años, Canal de Isabel II Gestión dividió la región en 700 zonas. Obviamente, solo se han controlado piscinas, arbolados, praderas (jardines) y arbustos que están en ámbitos urbanos, no en zonas rurales, donde el Canal no suministra y por tanto no tiene un control efectivo.

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En 2016 (últimos datos), el Canal detectó en total 212 fraudes, de los que 98 acabaron en los tribunales (en 2015 fueron muchos más, 3.207 fraudes). La valoración económica del fraude demandado judicialmente se cuantificó en 627.715 euros, es decir, 441.004 metros cúbicos, lo que consumen 8.900 madrileños. Pero aunque parezca mucho, proporcionalmente es poco: 0,4 hectómetros de agua robada, cuando se consumen 500 en todo Madrid durante un año. No han sido las únicas actuaciones en esta materia. A lo largo de 2016, fruto del trabajo realizado, se abrieron a clientes otros 459 expedientes sancionadores y se realizaron 935 condenas de acometidas fraudulentas, es decir, se inutilizaron definitivamente 935 tomas irregulares que estaban gastando 5,5 millones de metros cúbicos de agua.

Enchufar una tubería a una acometida y empezar a consumir agua sin mediar contrato es un robo, un delito. El Código Penal lo deja bien claro en su artículo 255: se llama defraudación de fluidos y se castiga con una pena de multa de tres a 12 meses cuando el fraude es superior a los 400 euros.