Así abusa de los microcontratos a dedo la Comunidad de Madrid: 1 millón en dos años

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha repartido 8.557 contratos menores, una fórmula de adjudicación discrecional y sin fiscalización, a un puñado de 20 profesionales durante los últimos dos años. Son los 20 mayores adjudicatarios de contratos menores desde el comienzo de la legislatura, aquellos que acumulan más de 100. A golpe de pequeñas adjudicaciones de menos de 18.000 euros (en caso de servicios) o de 50.000 euros (en caso de obras), el Ejecutivo regional les ha entregado 2,5 millones de euros desde julio de 2015.

Este es solo uno de los resultados del análisis de la base de datos que incluye todos los contratos menores del Gobierno regional y que El Confidencial ha elaborado a partir del portal de contratación oficial del Ejecutivo regional. En su totalidad, incluye 1,2 millones de contratos adjudicados entre 2015 y 2017 a pequeños empresarios, autónomos y también a grandes multinacionales. Tomando el último año como referencia, la Comunidad de Madrid ha adjudicado más contratos menores que Valencia, Galicia, Cataluña y Andalucía juntas, tal y como ha comprobado este periódico a través de los portales de Transparencia de los citados ejecutivos autonómicos

En total, se trata de 1.860 millones de euros en contratos menores, es decir, un 15% de los capítulos del presupuesto regional (inversiones reales y gastos corrientes) que se puede utilizar para adjudicaciones. En Cataluña, esa cifra asciende al 8,2% para el mismo periodo.

La comunidad asegura que se trata de una forma de agilizar la contratación, pero la coincidencia de fechas y objetos de contrato idénticos, además de los expertos consultados, subrayan el abuso de una forma de adjudicación donde es frecuente la fragmentación de contratos mayores, una práctica denunciada por el Tribunal de Cuentas. No es casualidad que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo de este año, ponga coto a los abusos de estas adjudicaciones a dedo.

Del autónomo a la multinacional

Un solo farmaceútico ha conseguido convertir su tienda en la farmacia de referencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Suma algo más de 2.500 contratos desde 2015, por un total de 870.000 euros. Cuatro contratos y unos 2.000 euros en adjudicaciones por día. No es un caso aislado, ya que el 94% de los contratos menores de toda la comunidad corresponden a este departamento y, en su mayoría, a hospitales, autónomos en su gestión de las contrataciones.

La comunidad asegura que es "para poder adquirir medicamentos y material de uso hospitalario (paracetamol, gasas, vendas, etc.) cuya compra se requiere de forma casi inmediata para atender a las necesidades de los pacientes”.

Pero los contratos no se limitan a material médico. El Hospital Psiquiátrico Doctor Lafora ha sumado 91.000 euros en adjudicaciones a un solo pequeño empresario para "material de conservación y reparaciones", todas adjudicadas a través de contratos menores con duración de un día. Desde mayo de 2016, no existen meses en los que el centro no adjudique un contrato a José Francisco Iturribarria, dueño de una ferretería del centro de Madrid. En total, en dos años suma 117.000 euros.

En el caso de servicios de los suministros para el Hospital Gregorio Marañón, hay una misma empresa que acumuló 49 contratos (72.000 euros en total, más IVA) solo entre junio y diciembre de 2017, todos para suministro de modelaje y material de oficina.

Es justamente en el área de sanidad donde abundan las grandes multinacionales, beneficiadas por encima de cualquier otra empresa. Al menos 450 millones de euros en adjudicaciones se concentran en 70 grandes empresas sanitarias, todas gracias a microcontratos a dedo. Medtronic, Gilead o Novartis han conseguido con este formato más de 50 millones de euros en adjudicaciones, tal y como adelantó 'eldiario.es'. Según la comunidad, esto se explica porque "un 70% de los fármacos de uso hospitalario son exclusivos”, esto es, un único laboratorio tiene su patente, por lo que "no es legalmente obligatorio recurrir a fórmulas administrativas más complejas".

La contratación menor, bajo sospecha

El uso de contratos menores para trocear grandes adjudicaciones, que deberían licitarse de una manera transparente, lleva años bajo sospecha. El procedimiento es sencillo. Una Administración, en lugar de organizar un concurso de licitación abierto a todas las empresas interesadas, se limita a partir esa adjudicación en pequeños contratos. Si son de menos de 18.000 euros, para servicios, o de 50.000, si se trata de obras, pueden adjudicarse con poco más que una llamada de teléfono a la empresa elegida.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde este 2018, ha puesto sobre la mesa nuevas limitaciones. Por un lado, rebaja las cuantías por debajo de las cuales un contrato es considerado menor. Pero, sobre todo, intenta evitar que una misma compañía pueda llevarse contratos millonarios a golpe de adjudicaciones menores. De ahí que el análisis de El Confidencial de los contratos llegue hasta diciembre de 2017, cuando todavía se aplicaba la vieja ley.

Con la nueva ley se elimina un proceso opaco, con la clara intención de poner un cerco a su indebido uso como sistema de adjudicación directa ordinaria

El uso fraudulento de contratos menores ha llevado a varias condenas penales bajo la antigua legislación. En abril de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la condena a siete años de inhabilitación para dos ex altos cargos del Principado de Asturias por fraccionamiento de un contrato para hacerlo menor. Meses después, el máximo tribunal aplicaba la misma doctrina al alcalde y al interventor de Torrepacheco, en Murcia, para encadenar contratos menores.

Sobre el abuso del contrato menor en España, hay incluso amplia literatura. Como señala José María Gimeno Feliu, director del Observatorio de Contratos Públicos y catedrático de Derecho, “es muy ágil, y se tiene la factura antes de tener que empezar un expediente. Con la nueva ley se elimina un proceso caracterizado por la opacidad con la clara intención de poner un cerco a su indebida utilización como sistema de adjudicación directa ordinaria”.

De hecho, la nueva normativa incluirá formas alternativas al contrato menor para limitar los riesgos de fraccionamiento. Procedimientos abiertos, pero más ágiles. Desde enero, varios colectivos están mirando con lupa la contratación de la Comunidad de Madrid —y también de otras administraciones— para vigilar la correcta aplicación de la ley. Una aplicación que, sin duda, dará que hablar, ya que, como señala Francisco Javier Vázquez Matilla, abogado y miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea, "está habiendo interpretaciones muy diferentes del artículo 118 de la nueva normativa, que regula los contratos menores. Comunidades como Madrid o Aragón están entendiendo que hay un límite por empresa, tipo de contrato, año y órgano de contratación. Pero organismos como la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado están entendiéndolo de forma menos literal”. Todo, a la espera de que haya fallos judiciales y jurisprudencia al respecto.

Cómo hemos conseguido los datos

Para elaborar la base de datos, hemos utilizado el 'script' creado por el @hmeleiros que permite descargar la información del Buscador de Contratos Menores de la Comunidad de Madrid. 

Utilizar programas informáticos es la única forma de conseguir toda la información sobre contratación menor de la comunidad, ya que su buscador no permite descargar más de 50.000 resultados a la vez. 

Puede descargar el 'dataset' completo en este enlace.