Madrid adjudica la vigilancia de los juzgados a una empresa investigada por ellos mismos

La Comunidad de Madrid adjudicará previsiblemente a la mercantil Alerta y Control el servicio de vigilancia y seguridad de las diferentes sedes judiciales de la región, un contrato que supera los 17,5 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha rechazado el recurso que interpuso el Sindicato Libre de Seguridad, que entendía que la empresa ganadora no contaba con el plan de acoso exigido y que, por lo tanto, no tenía derecho a los puntos que le ha concedido la Administración. El tribunal regional, sin embargo, no entra a valorar el argumento esgrimido por el recurrente porque considera que este no está legitimado para interponer la queja.

Cierra de este modo el juzgador la vía administrativa, por lo que únicamente existe la posibilidad de que el Sindicato Libre de Seguridad acuda a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde la organización recurrente, sin embargo, niegan que vayan a recurrir a esta segunda instancia, dado que aseguran que son un sindicato pequeño y que este camino judicial conlleva elevados gastos. La situación, por lo tanto, es propicia para Alerta y Control, que con toda seguridad se convertirá en los próximos días en adjudicataria del concurso que ganó el pasado febrero.

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En concreto, el día 13 de ese mes, la mesa de contratación otorgó 78 puntos a la unión temporal de empresas conformada por las mercantiles Alerta y Control y Diamond Seguridad, y 55,6 puntos a las sociedades Sasegur y Grupo On, que también iban unidas. Un mes después, mediante orden del viceconsejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, el Gobierno autonómico adjudicó el contrato a la primera por "haber resultado la oferta económicamente más ventajosa". Alerta y Control, que sustituirá a Sasegur —actual responsable del servicio—, se hará cargo de este modo de uno de los contratos más grandes que concede el Ejecutivo regional. De esta mercantil dependerán los casi 300 vigilantes que se ocupan de la seguridad en las 72 sedes judiciales de la comunidad.

Sin embargo, la honorabilidad de esta empresa está puesta en duda. El Juzgado de Instrucción 5 de Madrid investiga a la nueva concesionaria por amaño. En concreto, por apañar presuntamente el contrato convocado para adjudicar el servicio de seguridad de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por el momento, el juzgado ya ha ordenado la detención de tres directivos de Alerta y Control vinculados con esta supuesta trama de amaño y ha tomado declaración a otro grupo de personas relacionadas con el tema.

Según fuentes internas de la empresa, los detenidos son el director de seguridad de Aemet, Federico Mata, que está a sueldo de Alerta y Control; el coordinador de servicios de la mercantil de seguridad, Amador Palomino, y Carlos del Castillo Serrano, miembro de la dirección de la empresa e hijo a su vez del accionista mayoritario de la compañía, Pedro José del Castillo Peinado, que ya no lleva el día a día de la sociedad.

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La investigación, coordinada por el mencionado juzgado y dirigida por la guardia civil, trata de dirimir si los imputados pudieron acceder a las ofertas que presentó la competencia al concurso de Aemet. Con esta información privilegiada, los responsables de Alerta y Control habrían trabajado su propia oferta con el fin de superar al resto de mercantiles. De momento, la causa se encuentra bajo secreto, por lo que únicamente la Fiscalía y los responsables del instituto armado tienen conocimiento de la misma.

El contrato de Aemet, por su parte, no es especialmente grande, ya que asciende a un millón de euros y emplea a 65 vigilantes en las sedes del organismo de Madrid y del resto de España, aunque solo es uno más de los que han sido adjudicados a Alerta y Control en los últimos años. Además de este y de las sedes judiciales, la mercantil ha ganado el de otras instituciones públicas y privadas en este tiempo.

En este momento, la mercantil trabaja para los hospitales del Sureste, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y La Paz (en Madrid), el Complejo Hospitalario de Toledo y el Hospital General de Almansa, el CSIC, La Caixa, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Fomento, Altadis, Metro Ligero, la Diputación de Toledo o la Universidad Politécnica de Madrid, como la propia compañía cuenta en su web. El contrato de todos los juzgados de Madrid tiene un periodo de dos años y obliga a la adjudicataria a subrogar a los casi 300 empleados de seguridad que actualmente vigilan todas las sedes, dispersas por la región.