La financiación irregular del PP de Madrid, unida en una sola pieza

Dos causas distintas que convergen en los mismos hechos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha llegado a esta conclusión tras examinar los procedimientos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los casos de corrupción que instruye. Las prácticas ilícitas investigadas en Púnica y Lezo han resultado ser partes de un mismo todo y por ello, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado ha decidido agruparlas en una sola pieza bajo el sumario que investiga la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.

En su escrito explica que el objetivo ha sido desde el inicio "analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", en el caso de Lezo, tras las elecciones del año 2011, y en el de Púnica en los comicios de 2007 y 2008. Como ya ocurrió desde el primero de los años rastreado, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores, dice el magistrado.

El objetivo en todos los casos era eludir la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid y abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales.

En la pieza que hasta ahora se instruía en Lezo los indicios apuntaban a un uso del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- distintas cantidades. "Se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones", dice el juez y argumenta que debe acumularse toda la investigación en Púnica porque estas diligencias se incoaron con anterioridad y ya afectaban a la campaña electoral de 2011.

La única diferencia radica en la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid en las distintas campañas. En el caso de 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González pero esta circunstancia "en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".

Por ello, el juez dispone el cese en Lezo de la investigación de todos los hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral del año 2011 y su inhibición y continuación en Púnica, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Remite allí testimonio de todas las pruebas que puedan sustentar la declaración, que detalla en su auto. Envía, por ejemplo, una conversación intervenida a González en la que habla con su antecesora Esperanza Aguirre y otras charlas pinchadas en Lezo. También el material incautado en registros de domicilios y de las sedes de ICM e Indra y las declaraciones prestadas por varios testigos, entre ellas la de Silvano Corujo, y los imputados en relación con esta investigación.