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hubo 897 expedientes expropiatorios

Madrid sigue pagando 20 años después por expropiaciones de la M-45: van 132 millones

Queda pendiente el recurso de otra sentencia de 47 millones. Y eso que los pliegos iniciales fijaban una cantidad para el coste de los terrenos de solo 11,5 millones

Foto: Obras en la M-45. (Ecoasfalt)
Obras en la M-45. (Ecoasfalt)

La Comunidad de Madrid sigue pagando 20 años después por las expropiaciones que se realizaron para construir la M-45, uno de los proyectos faraónicos de Alberto Ruiz-Gallardón. El Ejecutivo autonómico ha tenido que abonar ya en nueve sentencias firmes 132 millones de euros, según los datos facilitados por la Consejería de Transportes. Y está pendiente de que se resuelva el recurso de otra sentencia que con toda probabilidad supondrá un nuevo pago de 47,4 millones. Podemos tacha de "irresponsable" al Gobierno regional, ya que "ha ido recurriendo todas y cada una de estas sentencias, sabiendo que las primeras que perdieron ya constituían jurisprudencia, lo que ha supuesto un importante sobrecoste en intereses". Ciudadanos, por su parte, recuerda que el gasto inicial previsto en expropiaciones solo era de 11,5 millones.

La M-45 es una autopista de circunvalación de 36 kilómetros que transcurre desde la M-40, a la altura de Carabanchel, hasta el municipio de Coslada, donde se une con la M-50 y conecta con la A-2 y la A-5. Gallardón tramitó esta importante infraestructura por la vía de urgencia en 1998 y tras quedar desierto el primer concurso público se adjudicó en tres tramos distintos por procedimiento negociado tres meses después. Para construirla hubo que iniciar 897 expedientes expropiatorios, de los que el 20% afectó a empresas y el resto, a particulares. La carretera fue inaugurada en 2002.

Los pliegos de los tres tramos determinaban unos costes de expropiación bastante bajos, no superiores a los 11,5 millones de euros. la idea era que el precio que se iba a pagar por los terrenos no superara el 7% de la inversión de la obra ejecutada. Así, el Gobierno regional fijó un precio de expropiación de entre 1,59 y tres euros el metro cuadrado para el tramo uno, de 1,06 euros para el tramo dos y de 0,74 euros para el tramo tres. La mayoría de los propietarios callaron y aceptaron, pero un puñado de ellos no vio con buenos ojos la oferta de la Administración y empezaron a denunciar.

Las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegaron en 2007 y dictaminaron que esos terrenos expropiados eran suelo urbanizable, cuando la comunidad los pagó como rústicos. La Justicia valoró el suelo de acuerdo a su destino y entendió que la M-45 constituye una auténtica vía urbana, que configura el desarrollo de una vía de conexión entre varios municipios. Se fijaron así nuevos precios. En los tramos uno y dos, hasta los 39 y 43 euros respectivamente, 18 veces más; mientras que en el tercer tramo se fijaron precios que llegaron a los 52 euros, 66 veces más.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ideó la construcción de la M-45.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ideó la construcción de la M-45.

Las sentencias han ido llegando con cuentagotas pero erosionando las arcas públicas. Ya hay nueve que suman 132 millones de euros, y está pendiente una décima de un recurso presentado ante el Supremo que puede suponer otros 47,4 millones de euros. "Y todavía hay pendientes unas 30 sentencias" explica el diputado de Podemos Alberto Oliver, que está analizando las cuentas de la M-45 en la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid. Su grupo ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los sobrecostes de la carretera, que empezó a funcionar en julio de 2002. Desde entonces, la comunidad ya ha desembolsado 1.177 millones (datos hasta septiembre de 2017). La concesión dura hasta 2029 o 2032, en función del tramo.

"En el proyecto de construcción se contemplaba un coste de 11,5 millones por el concepto de expropiación forzosa de terrenos que la Comunidad de Madrid consideraba improductivos y situados en un gran secarral. Y en los pliegos firmados se estableció que el coste de esas expropiaciones debería ser asumido por las empresas explotadoras como parte del proceso de construcción y concesión. Luego las sentencias incrementaron el precio de las expropiaciones, un sobreprecio que está siendo abonado por la Comunidad de Madrid, a pesar de que, como dice alguna sentencia, las concesiones actuaban por riesgo y ventura suya", señala Oliver.

Los tres tramos

La M-45 se divide en tres tramos. El primero (entre la A-2 y el eje de O'Donnell) fue adjudicado por 119.108.578 euros a Concesiones de Madrid SA, formada por Dragados (25%), FCC (25%), Entrecanales (25%) y Caja Madrid (25%). El tramo entre el eje de O'Donnell y la A-4 se lo llevó por 137.553.640 euros Autopista Trados-45 SA, que representa a Abertis. Y por último, el tramo tercero (que une la A-4 y la A-5 ) fue adjudicado por 75.298.153 euros a Euroglosa 45, formada por Construcciones Laín (30%), OHL (29%), Sacyr (29%), Argentaria (5%) y el Central Hispano (5%).

La construcción se ofertó por 330 millones y acabó costando a las constructoras 510 millones. El sistema de la M-45 se llama 'peaje en la sombra', un sistema con el que las empresas que construyeron los tres tramos de la autovía cobran cada año un canon en función del número de vehículos que circulan por ellos. En principio 84 millones, pero hay reequilibrios de la concesión. En 2016, por ejemplo, la comunidad pagó 158 millones, cifra que ha subido hasta los 177 millones entre enero y septiembre de 2017.

Lo "inexplicable" para Podemos es que la Comunidad de Madrid ha ido recurriendo todas y cada una de las sentencias, "sabiendo que ya constituían jurisprudencia y que por tanto tenia perdidos de antemano esos recursos y que debería pagar intereses de esas cantidades que superaban el 10% e incluso intereses de esos intereses durante el tiempo que mediase entre las sentencias y el fallo de los recursos. La decisión política adoptada ha supuesto más de 34 millones de intereses que se suman a los sobrecostes de expropiación. Es indudable que los servicios jurídicos de la comunidad conocían este extremo, y si se tomó la decisión de ir recurriendo las sentencias que incrementaban los precios fue por decisión política y con la única finalidad de ir difiriendo en el tiempo el pago de una forma irresponsable".

Para Victoria Alonso, diputada de Ciudadanos, los contratos firmados siempre han protegido a las concesionarias. "Hemos delegado en la empresa la potestad de expropiación, incluso el pago, si bien lo hemos amparado bajo la fórmula de reequilibrios para que pueda recuperarlo. La comunidad estableció este mecanismo para que la concesionaria recuperara el importe destinado a expropiaciones, pero en los contratos no he visto que se articulase cláusula análoga para la Administración, y cuando digo análoga no digo exactamente en los mismos términos, pero sí que permitiera simplemente que nuestra Administración recuperara la gestión de estas expropiaciones cuando se desbordaran. Tampoco entendemos qué razón se ha seguido para no aplicar los intereses de demora al interés legal del dinero y sí hacerlo en la rentabilidad pactada con las concesionarias. No hay ventajas para la Administración".

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