Informe definitivo para tumbar el pelotazo de Botella con Ambasz y proteger el edificio

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado a la comisión de Patrimonio Cultural de la comunidad su último informe técnico sobre el edificio situado en el número 30 del paseo del Prado, considerado uno de los más calientes de toda la ciudad, y en el que aboga definitivamente por mantenerlo en pie. Este viernes, esa comisión debe pronunciarse sobre si da luz verde o no al proyecto presentado por la Fundación Emilio Ambasz tras la cesión gratuita firmada por la corporación de Ana Botella, que conlleva necesariamente el derribo del inmueble. El informe, elaborado por la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige José Manuel Calvo a petición de Patrimonio, insiste en la "importancia histórica y arquitectónica del inmueble" y apuesta por elevar su nivel de protección, llevando a cabo un proceso similar al que evitó la demolición del Edificio España.

Esta es la conclusión que el consistorio dirigido por Manuela Carmena traslada a Patrimonio tras un largo e intenso debate sobre la idoneidad de la propuesta presentada por la fundación, que lo que solicita es tirar el edificio situado en una zona privilegiada de la capital para crear su propio museo de arquitectura. La comisión, que ya pidió en 2016 un informe al ayuntamiento, ha preguntado en esta ocasión a los servicios técnicos municipales sobre la posibilidad de elevar el nivel de catalogación del inmueble.

Y los técnicos consideran, según ha podido saber este diario, que son varias las circunstancias que "recomiendan" ya plantear y tramitar la modificación del planeamiento a tal efecto. En primer lugar, por la nueva valoración sobre el edificio realizada en 2015 con motivo de la revisión del Plan General y su Catálogo, que describió este inmueble como "interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano", afirmando que "su conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX".

Segundo, para evitar la desaparición de un edificio relevante en el paseo del Prado de Madrid, y tercero, por la necesidad de implantar usos adecuados en el edificio que no supongan la alteración de sus valores a preservar en fachadas, volumetría y en alguna de sus escaleras. El informe de Urbanismo asegura que la edificación del inmueble fue diseñada para albergar oficinas municipales y, pese a que ha tenido otros usos, como una escuela de idiomas, el centro de Madrid Salud e incluso una sede de la UNED, la organización espacial del inmueble y su propia estructura "son incompatibles" con el nuevo uso que se pretende como museo.

En la actualidad, el edificio en cuestión —de 3.000 metros cuadrados y situado en pleno eje del Prado— está catalogado como "nivel 3 de grado ambiental", después de que en 2013 se modificara el Plan General por parte de la Comunidad de Madrid, bajando el grado de protección (hasta entonces se mantenía en "nivel 2 grado estructural" y se mantenía protegido), permitiendo a la postre que pudiera ser derribado y sustituido por otro si se demostraba que la nueva solución conservaba las características arquitectónicas del entorno.

A este cambio de catalogación se une la polémica sombra del pelotazo cultural que habría dado la corporación de Ana Botella antes de llegar a su fin. Ya en 2013, el ayuntamiento cedió gratuitamente el espacio público durante 75 años a la fundación que lleva por nombre el del arquitecto argentino y cuya estrecha relación con el PP y el llamado 'clan de Valladolid' se remontaba a años atrás, empezando por José María Aznar, marido de la entonces alcaldesa. Fue en la última junta de gobierno presidida por ella cuando Botella consumó la operación, aprobando la modificación del Plan Especial que permitía derribar el inmueble. De hecho, ante la posibilidad de que los populares fueran reelegidos tras las elecciones, la fundación contaba con que el proyecto empezara cuanto antes.

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Solo faltaba el visto bueno de la comisión de Patrimonio —que finalmente se reúne este viernes, dos años después—. El cambio de Gobierno en mayo de 2015 frenó los tiempos de la operación con la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles. La decisión que tome mañana el órgano dependiente de la comunidad deberá ser refrendada por la comisión de Patrimonio municipal, que debe conceder en última instancia la licencia. En estos dos años, las idas y venidas de informes acerca del proyecto propuesto por Ambasz han sido continuas.

El delegado José Manuel Calvo ya tildó de "chapuza" el asunto, reconociendo a este diario que para la adjudicación a dedo "ni siquiera se fijó un canon". En mayo, y tras estudiar diversos informes técnicos que concluían que el proyecto no era interesante para Madrid, el dictamen del consistorio fue desfavorable, aunque el informe técnico definitivo que la comisión estudiará en su reunión del viernes no deja lugar a dudas: los técnicos municipales insisten en que el edificio debe protegerse.

El objetivo último es revocar la cesión que Botella 'regaló' al arquitecto y devolver por completo al ayuntamiento su titularidad para un uso que beneficie a toda la ciudad. Cuestión aparte —que habrá de resolverse después— es la actual okupación del edificio, en manos del centro social 'La Ingobernable'. La alcaldesa ya se manifestó públicamente a favor de su desalojo y advirtió de que el consistorio "actuará conforme a lo que dice la ley".