Carmena y su Gobierno se abstienen en la condena al "golpe" catalán y el apoyo al 155

La crisis catalana volvió al pleno del Ayuntamiento de Madrid de la mano de una moción urgente presentada por el PP que lidera José Luis Martínez-Almeida y por la que este martes los grupos municipales se debieron pronunciar acerca de la situación en la comunidad autónoma y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Precisamente este lunes Manuela Carmena se pronunció por primera vez sobre la ilegalidad de la DUI y el referéndum del 1 de octubre. La alcaldesa reconoció que la intervención estatal en Cataluña se hizo "inevitable" tras la declaración unilateral de independencia. Sin embargo, en la votación de la moción la alcaldesa, como el resto de su grupo, optó por la abstención.

El texto podía haber tenido como consecuencia una nueva grieta en el equipo de Gobierno, teniendo en cuenta que alguna de sus integrantes se ha manifestado públicamente a favor "del proceso constituyente" y reconociendo la existencia de una "república catalana". Es el caso de la concejal Rommy Arce, perteneciente al sector de Anticapitalistas, y que secundó en su perfil de Twitter el comunicado de la facción de Podemos a la que ella pertenece. Hecho por el que los populares municipales exigieron una vez más su dimisión. Aún así, el grupo de Ahora Madrid evitó mostrar una nueva fisura, optando todos ellos por la abstención, también los concejales de sectores como Ganemos que en otras ocasiones se han desmarcado de la linea oficial del equipo de Gobierno.

La moción presentada por el PP madrileño se compuso de siete puntos. PSOE y Ciudadanos dieron su apoyo, aunque los socialistas reprocharon a los populares no haber recibido una llamada previa para tratar de consensuar la redacción. De hecho, la moción original aceptó una enmienda transaccional de los socialistas que pedían matizar dos términos.

El apartado fundamental planteaba que el pleno del Ayuntamiento condenara "el golpe a la democracia y al Estado de Derecho perpretado en el Parlamento de Cataluña mediante la aprobación de la DUI". Acto, "ilegal", "acordado en claro fraude de Ley, en una sesión ilícita, sin las mínimas garantías democrátas y sin la presencia de los diputados de la Oposición". Además, otro de los puntos solicitó un apoyo manifiesto al Gobierno central en la puesta en marcha del citado artículo de la Carta Magna, "en los términos aprobados en el Senado con el fin de restablecer la legalidad constitucional en Cataluña". Apartado que el PSOE-M secundó sin dudas habida cuenta de la postura mantenida por el grupo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. Hasta el momento la formación ha rechazado rotundamente la intervención de la autonomía, pero las declaraciones de Carmena este lunes secundándola "por ser inevitable", aunque también "indeseable", auguraba una posible fractura dentro de su equipo, que finalmente lograron esquivar.

Además, la moción contenía dos apartados en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —que el pleno dé su respaldo incondicional a la Policía y Guardia Civil por el "acoso" sufrido, e instar al Gobierno de la Nación a incorporar la equiparación salarial con otras policías autonómicas como los Mossos en los próximos Presupuestos Generales—.

Por otro lado, el texto presentado a última hora por los populares incluyó que Madrid manifestara su "solidaridad" con los millones de catalanes que "inundaron las calles de Barcelona" el pasado domingo en la manifestación contra la independencia, que la alcaldesa emitiera un bando consensuado con todos los grupos para expresar su condena "al golpe a la democracia" y garantizando el apoyo de todos los madrileños a los catalanes leales a la Constitución, y la reprobación expresa de las declaraciones de Rommy Arce ya mencionadas desde el pleno municipal.

La moción se debatió al término del pleno y protagonizó un polémico debate, provocadas en parte por las duras acusaciones del portavoz de los populares contra el equipo de Gobierno. Así sucedió en la sesión plenaria de septiembre cuando varias iniciativas relacionas con Cataluña causaron un importante desencuentro entre los distintos grupos municipales. Especialmente la cuestión planteada por el PSOE, que pretendía un apoyo unánime a los alcaldes amenazados en Cataluña por no querer participar en la organización del referéndum ilegal, y que no contó con el apoyo del equipo de Gobierno ni con el de la alcaldesa.

De hecho, el Gobierno local optó por añadir al orden del día una propuesta alternativa, aun a sabiendas de que no contaría con apoyos en el resto de grupos. La portavoz Rita Maestre defendió la propuesta reiterando la visión de su grupo como un "conflicto político" que requería de una firme apuesta por "el diálogo, la mediación y la voluntad de solucionarlo con más democracia". En este caso, sin embargo, podría darse la particularidad de que una vez más sea el equipo de Gobierno el que muestre su división sobre un tema tan sensible.