Los juzgados de Madrid empiezan a tener vigilantes armados... con 17 meses de retraso

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha exigido a las empresas Sasegur y Grupo On Seguridad que reintegren a las arcas públicas 224.318 euros por un servicio que cobraron pero que nunca prestaron. Ambas compañías ganaron el contrato de seguridad de todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El pliego regulaba que 271 vigilantes, 85 de ellos armados, debían vigilar los juzgados. Así cobraron por ello desde abril de 2016, pero no será hasta este viernes, ya en octubre de 2017, es decir, 17 meses después, cuando las primeras armas lleguen a las fundas de los vigilantes de algunos juzgados madrileños.

Los 85 vigilantes que debían portar armas nunca las han llevado, aunque la Comunidad de Madrid sí ha pagado por ello. "Ese podría ser el resumen de lo que ha pasado aquí", señala un portavoz del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS), que asegura que fueron ellos los que alertaron al Ejecutivo autonómico de que no se estaban cumpliendo los pliegos. El contrato entró en vigor el 1 de abril de 2016 y tuvo una duración de 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2017. La comunidad abonó por ello 9,44 millones de euros. El 1 de abril se prorrogó hasta finales de año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017.

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Sasegur y Grupo On Seguridad están reintegrando ahora poco a poco a la Comunidad de Madrid los 224.318 euros que deben por un servicio que cobraron pero realmente nunca han prestado, el de vigilancia armada. Ambas firmas han solicitado devolver esta cantidad en varios pagos, en mensualidades de 37.386 euros, que empezaron a abonar en julio y que terminarán de hacerlo en diciembre de este año. Corresponden a los pagos percibidos indebidamente entre abril de 2016 y enero de 2017. Desde febrero de 2017, al detectar el error, la Consejería de Justicia empezó a minorar de la factura mensual que pagaba a estas empresas las cantidades correspondientes a vigilancia armada.

Sasegur es propiedad de Jesús Capote Calvo, quien fue concejal de Urbanismo con el PP en el Ayuntamiento de Navalcarnero. Grupo On Seguridad es una pequeña empresa de Lugo que se asoció en una UTE con Sasegur en esta licitación porque la misma incluía una parte de mantenimiento de las sedes judiciales. ¿Cómo es posible que un contrato comenzase con unos requisitos claros y estos hayan estado varios meses sin cumplirse? La Cadena SER reveló que el Gobierno de Cifuentes no se dio cuenta del desaguisado hasta febrero de este año. "Unos por otros, la casa sin barrer", explican desde el sindicato STS.

La Comunidad justifica el retraso en la prestación del servicio armado alegando que al inicio del contrato se solicitó a la Delegación del Gobierno la autorización pertinente. Pero que la Delegación tardó dos meses en contestar diciendo que no la había recibido y que se debía solicitar nuevamente. "Desde la Subdirección de Infraestructuras Judiciales se solicitó otra vez, contestando la Delegación que se debía pedir con un formulario oficial con el preceptivo pago de tasas", explican desde Justicia. Problemas de burocracia.

El Ejecutivo autonómico recalca que el pliego del contrato deja claro que "la empresa adjudicataria deberá encargarse de la tramitación de las notificaciones de los diferentes servicios con arma, y de la legalización de los mismos ante las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento del contrato. Para ello, la Comunidad de Madrid facilitará formulario de solicitud de los servicios armados, para que la empresa adjudicataria realice la gestión de los mismos". Gobierno regional y Sasegur perdieron un tiempo valioso en ponerse de acuerdo. "Se mantuvieron conversaciones llegando a la conclusión de que debía ser la empresa la que solicitara la autorización a la Delegación del Gobierno, a nombre de la Comunidad de Madrid, y la que se hiciese cargo del pago de las tasas".

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Así se perdió casi un año. No fue hasta el 24 de marzo de 2017 (el contrato entró en vigor en abril de 2016), cuando Sasegur presentó ante la Delegación del Gobierno la solicitud de autorización administrativa para la prestación del servicio armado en las primeras 21 sedes judiciales (hay 66), abonando las tasas correspondientes. Además, cada juzgado debe tener un armero donde los vigilantes depositen sus armas cuando acaban su jornada laboral. Una infraestructura que debe ser supervisada por la Guardia Civil, que debe comprobar la seguridad de los mismos.

"La Guardia Civil ya ha inspeccionado la mayoría de las sedes, pero falta el acta favorable firmada por la Benemérita en algunas de ellas", explican desde Justicia. Todos los juzgados de la periferia, unos 40, tienen ya ese permiso policial. A lo largo de esta semana han estado llegando también los libros diligenciados por la Guardia Civil, donde se registran las armas. Este viernes, por tanto, algunos vigilantes ya podrán portar armas en las sedes judiciales de muchos municipios. Servicio que se irá completando en los próximos días.

Habrá que esperar un poco más, no obstante, para los juzgados de la capital, 26 en total, como los de Plaza Castilla. "Todavía no tenemos las actas de inspección de todas estas sedes, así que se tardará un poco más". Justicia espera que todas estén armadas al finalizar el mes de octubre. Los vigilantes llevarán un revólver 38 especial y cobrarán un plus de 140,7 euros mensuales por llevar armas.