Boadilla rebelde: 400 funcionarios rechazan devolver lo que les subió 'el Albondiguilla'

Motín en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, municipio del este de Madrid de 49.000 habitantes. Sindicatos con representación en el Consistorio, como CCOO, UGT y CSIF, han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nulidad de la sentencia que declaró ilegal una subida de sueldos que el exalcalde de la localidad, Arturo González Panero, aprobó en 2008 para todos los funcionarios, cargos de confianza y sus concejales. González Panero, alias 'el albondiguilla', es uno de los principales imputados en el caso Gürtel.

La sentencia, de enero de 2013, provocó todo un terremoto en el Ayuntamiento, ya que afecta a más de 400 funcionarios (incluidos los agentes de la Policía Local), y una treintena de cargos de confianza y exconcejales, entre los que se encuentran por ejemplo la actual senadora del PP María Arenales Serrano o la esposa de David Pérez, el polémico alcalde de Alcorcón. Se trata de Elena Cerezo, que fue jefa de gabinete del 'albondiguilla'. Cerezo sigue en el Consistorio como coordinadora técnica de Servicios Sociales y Personas Mayores, un cargo de confianza del actual regidor, Antonio González Terol (también diputado nacional).

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Alternativa por Boadilla (APB), el grupo municipal que denunció la subida, calcula que solo la devolución que deben hacer los cargos de confianza y los exconcejales asciende a más de 180.000 euros. La de los funcionarios, "unos 7.000 euros por cabeza", señala el edil Ángel Galindo, portavoz de APB, con lo que la suma podría llegar a los tres millones de euros. Según la sentencia del TSJM, el equipo municipal entonces dirigido por 'el albondiguilla' aprobó en mayo de 2008 una subida salarial para todos los funcionarios del 5,2%, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado limitaba el incremento al 3%. En el caso de los altos cargos y concejales, el incremento fue más generoso, llegando al 23,9%. El TSJM obligaba a funcionarios, cargos de confianza y ediles a devolver la diferencia entre el 3% de subida legal y la que realmente tuvieron sus salarios. Elena Cerezo, por ejemplo, pasó de cobrar 45.053 euros a 55.727 euros, un incremento del 23,69%. Cada trabajador y cargo debería devolver en función de su subida y los años que ha estado trabajando desde 2009.

"El Ayuntamiento tenía dos meses desde que se le notificó la sentencia para ejecutarla, pero nunca lo hizo", señala Galindo. Alternativa por Boadilla tuvo que solicitar la ejecución de la misma, procedimiento que se ha abierto en la sección de ejecuciones del TSJM. Galindo recuerda que en 2008, antes de denunciar los hechos, ya informó al interventor municipal y al secretario general que las subidas ilegales, "subidas que ellos mismos disfrutaron y ahora tienen que devolver". Ahora, UGT, CCOO y CSIF han presentado en la sección sexta del TSJM un incidente excepción de nulidad. "Plantean la nulidad de la sentencia cuando el tribunal ha abierto la pieza de ejecución, justo en el momento en el que el Ayuntamiento ha sido requerido para que pida a los trabajadores la devolución del dinero", concluye Galindo.

Fuentes municipales señalan que la petición de nulidad se sustenta en la indefensión que tuvieron los trabajadores municipales, ya que el gobierno de González Panero no les emplazó como interesados en el procedimiento judicial, "tal y como exige el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, evitando así que hubieran podido personar en el procedimiento y así ejercer la defensa de los intereses de todos los trabajadores municipales, suponiendo este hecho una vulneración de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución Española". El Ayuntamiento asegura que acatará lo que digan los tribunales y recalca la dificultad de este tipo de sentencias, ya que los funcionarios y los altos cargos son los que deberían devolver el dinero.

El TSJM deberá ahora decidir, ya que la sentencia afecta a una disposición general, el presupuesto municipal. El plazo para plantear el incidente de nulidad es de 20 días desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión. Fuentes jurídicas del TSJM destacan que los sindicatos recurrentes forman parte de la comisión de seguimiento del acuerdo entre funcionarios y Ayuntamiento, comisión a la que en su momento se dio cuenta de la sentencia, sus recursos y su ejecución. El incidente de nulidad podría estar fuera de los plazos. De hecho, el pasado 26 de septiembre de este año, el TSJM solicitó al Consistorio "copia certificada de las actas de la comisión de seguimiento". Petición que el TSJM volvió a reiterar el pasado 10 de noviembre.

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El Ayuntamiento de Boadilla, por su parte, ofrece su versión de los hechos a El Confidencial: "El Ayuntamiento va a cumplir la sentencia, el problema actualmente es que es el TSJ es quien tiene que decir cómo se ejecuta, que es a lo que estamos a la espera. Lo que está en interrogantes ahora mismo es si la sentencia de 2013 es una sentencia declarativa porque el presupuesto de 2008 ha sido superado por los siguientes presupuestos durante la legislatura de Arturo González Panero y no han sido impugnados. El problema es que los gastos se han realizado a través de unos actos que no han sido reclamados y han sido consentidos, incluso por el denunciante. El Ayuntamiento quiere cumplir la legalidad, la cuestión ahora es cómo, algo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia. Nuestra postura en todo momento ha sido siempre en esta cuestión salvaguardar los intereses de los trabajadores y de los vecinos, que no tienen por qué pagar los platos rotos de anteriores gestores".

Muchos de los exconcejales de Boadilla que formaron parte del equipo del 'albondiguilla' y tienen que devolver la subida salarial calificada de ilegal han encontrado acomodo en otros consistorios del PP. Belén Húmera Contreras fue por ejemplo cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. Tuvo que dimitir tras ser imputada en Gürtel, aunque posteriormente fue desimputada. Mercedes Nofuentes fue cargo de confianza del PP en Las Rozas. Olivia García Moyano tras dejar Boadilla fue concejala en Villaviciosa de Odón. Ahora es asesora de la Consejería de Transportes con Cristina Cifuentes. Cristina Sánchez Masa concurrió a las últimas elecciones municipales en la lista del PP de Valdemoro, aunque no fue finalmente elegida. Miriam Villares González fue diputada autonómica en la última legislatura. Isabel Fernández Guzmán fue cargo de confianza en Las Rozas, e Inmaculada Lázaro Muñoz es actualmente concejala del PP en el Ayuntamiento de Getafe.

Otros casos judicializados

La gestión de Arturo González Panero, alias 'el albondiguilla', al frente del Ayuntamiento de Boadilla está siendo investigada en una pieza separada del caso Gürtel. La Audiencia Nacional decidió separar los tejemanejes de la trama en este municipio, considerado uno de los epicentros del caso, ante la magnitud de los conatratos a investigar. La pieza ha dejado 27 procesados, entre ellos varios ex cargos municipales del municipio.

Pero fuera de la Gürtel, otras decisiones políticas del 'albondiguilla' también han acabado en los tribunales. En diciembre de 2010, por ejemplo, la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que el edificio principal del Ayuntamiento de Boadilla fue construido de forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se permitía que se edificara un equipamiento escolar.

Otro juzgado, el Contencioso Administrativo número 18 de Madrid, dirime actualmente quién debe hacerse cargo de una deuda de 105.000 euros, ya que el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero de 2014 que González Panero y los 15 ediles que fueron elegidos junto a él tras las elecciones municipales de 2007 se constituyeron irregularmente como grupo municipal y, por tanto, no debieron percibir la asignación pública correspondiente: 1.500 euros anuales por grupo y 2.000 euros anuales por concejal.

El actual equipo de Gobierno de Boadilla, también del PP, ha reclamado a Panero y a sus 15 exediles esa suma, pero los exconcejales afectados alegan que los grupos municipales no tienen personalidad jurídica propia, por lo que el responsable de esa deuda es el partido. Además, han presentado una relación de gastos ante el juez para acreditar que ese dinero lo utilizó el partido, no ellos.