comparece hoy en la asamblea de madrid

Gómez de la Serna cobró 10.116€ por crear la fundación pública que le tuvo a sueldo

La Fundación Arpegio le pagó 179.000 euros en cuatro años y medio por asesoría jurídica. Tenía un salario mensual pero facturaba por cada trabajo extra que hacía

Foto: Pedro Gómez de la Serna.
Pedro Gómez de la Serna.

El exdiputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna cobró 10.116 euros por realizar los trámites de creación de la Fundación Arpegio, constituida a finales del año 2006 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Entre 2007 y 2011, Gómez de la Serna recibió 55 pagos de la fundación que ayudó a crear por "asesoría jurídica" que suman 179.000 euros. El primer pago consistió precisamente en los 10.116 euros por "trámites de inscripción, registro y protectorado" de la fundación, que nació para ahorrar impuestos a la empresa pública de la que dependía, Arpegio, que gestiona suelo en la Comunidad de Madrid. Tras ese pago inicial, la fundación le puso un sueldo mensual que duró cuatro años y medio. Gómez de la Serna comparece este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que inicia así la primera de las cuatro sesiones que la Cámara madrileña ha reservado para Arpegio y su fundación.

La exgerente de la fundación Carmen Plata Esteban, quien contrató a Gómez de la Serna, está imputada actualmente por la Audiencia Nacional dentro del marco de la operación Púnica. El juez Eloy Velasco investiga por qué la fundación firmó en marzo de 2007 un convenio de patrocinio de 139.200 euros con una de las principales empresas de la trama, Waiter Music. El convenio obligó a la fundación a pagar por poner publicidad en un concierto que la Guardia Civil califica de actuación "contraria al interés público".

Ese mismo mes, marzo de 2007, la Fundación Arpegio, que se había constituido en diciembre de 2006, hizo el primer pago a Gómez de la Serna. Los diputados de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) preguntarán al exdiputado qué tipo de gestiones realizó para facturar 10.116 euros por constituir la fundación. A partir de ese primer pago, el ente público abonó 3.030 euros mensuales a Gómez de la Serna por asesoramiento jurídico. La oposición le preguntará en qué consistía su asesoramiento y pedirá al Ejecutivo autonómico todos los informes jurídicos que hizo Gómez de la Serna para la fundación, ya que duda de que existan o se conserven. En total la fundación le pagó en cuatro años y medio 179.000 euros por sus asesorías.

En 2010 le bajaron el sueldo a 2.472 euros al mes

Los pagos de la fundación revelan que cualquier trabajo excepcional que realizaba Gómez de la Serna se facturaba aparte. Por ejemplo, en abril de 2008, la fundación le pagó 12.120 euros por "informes sobre modificación de estatutos". Y el 9 de julio de 2009 recibió un pago extra de 3.333 euros (distinto al de su nómina habitual de 3.030 euros) como "honorarios extraordinarios". En julio de 2010, la fundación le bajó el sueldo. Pasó a cobrar 2.472 euros mensuales. El último pago se produjo en julio de 2011. Gómez de la Serna llegó allí de la mano de Francisco Granados (que en 2007 era presidente de Arpegio) y el final de sus asesorías coincide con el ostracismo del exconsejero, que dejó el Gobierno regional en junio de 2011 tras enfrentarse con Esperanza Aguirre.

Gómez de la Serna cobró 10.116€ por crear la fundación pública que le tuvo a sueldo

Pedro Gómez de la Serna, por su parte, está imputado por la Audiencia Nacional por sus negocios como asesor de empresas españolas en el extranjero. El juez José de la Mata investiga si él y el exembajador Gustavo de Arístegui participaron en una trama que amañaba la adjudicación de obras en Argelia, por medio del soborno a funcionarios públicos, a cambio de comisiones. Gómez de la Serna fue elegido de nuevo diputado del PP en la breve legislatura que acaba de finalizar. Tras destapar 'El Mundo' sus negocios como comisionista, dejó el PP y pasó al Grupo Mixto. En el Congreso solicitó compatibilizar el escaño con la dirección de su empresa de asesoría y el ejercicio de la abogacía, lo que la Cámara Baja rechazó

Madrid

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