El clavo ardiendo al que se agarran los pescadores contra la eólica marina de Teresa Ribera

La eólica marina se ha convertido en una de las preocupaciones de Teresa Ribera. Cada vez que el Ministerio de Transición Ecológica da un paso adelante con las energías renovables, los pescadores de Galicia, Asturias y Canarias encienden las alarmas. Esta vez han anunciado nuevas movilizaciones contra los planes del Gobierno. La primera será el 16 de marzo en la Cofradía de Puerto de Vega, en Asturias. "Las próximas fechas están por determinar", reseña su portavoz, Torcuato Teixeira. Y el Ejecutivo, en paralelo, inició hace dos semanas la audiencia pública del real decreto que regula la producción de energía eléctrica en el mar. El próximo miércoles tendrán un encuentro con todas las espadas en alto.

El sector pesquero, sin embargo, ha añadido otro valor a la ecuación. Además de las marchas, la plataforma ha solicitado una reunión con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, con la intención de ser escuchados por otra vía. "Este ministerio debería tener un protagonismo que no está teniendo. El tema lo está gestionando únicamente Transición Ecológica", explican. No obstante, su esperanza pende ahora de los tribunales.

El Tribunal Supremo ya rechazó algunas pruebas propuestas por los pescadores, pero les queda una última bala. El recurso contencioso-administrativo contra el real decreto, presentado ante el Alto Tribunal a finales de abril de 2023, continúa su tramitación. Se trata del último clavo ardiendo al que se agarran para evitar la implantación de molinos en el mar.

Todavía les queda algo que decir. Con la publicación del proyecto del real decreto 150/2023 –que regula la producción de energía eléctrica en el mar– en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2023, la plataforma presentó su primera denuncia. ¿La intención? Exigir evidencias de que las infraestructuras eólicas no dañarían el ecosistema marino y no perjudicarían los caladeros de pesca. Se admitió a trámite, pero no llegó a buen puerto. El pasado mes de enero, un auto del tribunal desestimó un recurso de reposición presentado por la entidad. Todas las esperanzas están puestas en el contencioso-administrativo.

El equipo de Teresa Ribera envió una carta a los pescadores el pasado jueves para buscar un entendimiento. La próxima semana tendrán un encuentro con dos directores generales vinculados a la eólica y con el jefe de gabinete de la ministra. "Con ella nunca nos hemos reunido", sentencian los pescadores. De igual forma, las asociaciones ecologistas catalanas también se han posicionado contra estos proyectos en la franja mediterránea. El pasado mes de julio, de hecho, se reunieron con la eurodiputada del PP Dolors Monserrat para trasladarles su preocupación por la construcción del parque eólico marino frente a Roses, en Girona.

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La queja es generalizada. "Hay estudios científicos sobre la posible incidencia que pueden tener estas infraestructuras en el ecosistema marino", sentencia Teixeira. Se refiere a la última publicación del Instituto de Investigación Marina de Noruega, donde analizan cómo están repercutiendo las eólicas en el mar Báltico. Un apunte llamativo de dicho artículo es, precisamente, la mención a la ausencia de investigación al respecto: "Existe muy poco conocimiento relacionado con cómo las granjas eólicas flotantes afectan el medio marino".

Los conflictos entre los profesionales del mar se remontan a 2021, cuando empezaron las primeras reuniones con la cartera de Transición Ecológica. "Nos contaron sus planes y les dijimos que era una barbaridad", continúa Teixeira. No obstante, el ministerio dio su brazo a torcer y modificó algunos puntos. Por ejemplo, se redujo el área de actuación de 7.000 metros cuadrados a 5.000, ocupando así el 0,46% de las aguas territoriales.

Los datos técnicos del plan se recogen en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, donde se detallan las 19 Zonas de Alto Potencial seleccionadas para producir la energía. Los objetivos del Ejecutivo central pasan por alcanzar 3GW de eólica marina hasta 2030. El plazo de alegaciones para el proyecto del real decreto cerrará el próximo 25 de marzo.