"Ignorar el criterio de la Junta de Fiscales sería la muerte política del fiscal general"

En cuatro años, Eligio Hernández pasó del pupitre de la Universidad a un despacho en la Audiencia Nacional y, con ese salto meteórico, el destino ya había comenzado a marcar la vida que le esperaba a este hombre que nació en El Pinar, en 1947, cuando en ese pueblecito de la isla del Hierro no había ni instituto ni carreteras asfaltadas y los niños jugaban en la calle a la lucha canaria.

Eligio Hernández Gutiérrez ingresó en la carrera judicial en 1976 y, cuando llegó a la Audiencia Nacional, en 1980, ya había pasado por dos juzgados de instrucción. Esa vocación como jurista, unida después a su militancia socialista en el PSOE de Felipe González, le han llevado a completar un currículum asombroso: juez, magistrado, gobernador civil, delegado del Gobierno, vocal del Consejo General del Poder Judicial, miembro del Consejo de Estado, Fiscal General del Estado, diputado autonómico y abogado.

Un abanico completo en el que solo falta el apodo por el que siempre se le ha conocido, El Pollo del Pinar, el título de lucha canaria que heredó de su padre. En Kioto, Eligio Hernández les explicó una vez a los luchadores de Sumo que la lucha canaria, como algunas artes marciales, también utiliza la fuerza del contrario. Quizá ese espíritu es el que luego aplica a la lógica de todo en la vida. También ahora, en este tiempo político en España tan convulso, cuando enfrente tiene al líder de su propio partido.

PREGUNTA. En este tiempo de las primeras veces, lo último que ha sucedido es la controversia insólita sobre el informe cambiante del fiscal Álvaro Redondo y el criterio contrario de la Junta de Fiscales al aprobar por mayoría que se investigue por terrorismo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont. ¿Es la primera vez?

RESPUESTA. A mi entender, lo que debería haber hecho ese fiscal es consultar a la Junta de Fiscales antes de hacer un informe contrario a la posición que venía manteniendo, coincidente con la del juez García Castellón. La Junta de Fiscales ha desautorizado ese cambio por una mayoría aplastante y lo que, nuevamente, no tendría precedentes es que la teniente fiscal se aparte de ese criterio. Yo no conozco en la historia del Ministerio Fiscal ni un solo caso en el que el fiscal general del Estado, y menos la teniente fiscal, se separen del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales. Legalmente es posible, pero es inimaginable. Yo jamás lo hice cuando fui fiscal general porque hacerlo supone la muerte política y tendría que dimitir al día siguiente. De modo que no, no creo que la teniente fiscal haga un informe contrario al de la Junta de Fiscales en este caso de Puigdemont. Insisto, puede hacerlo legalmente porque no está vinculada por la Junta de Fiscales, pero tendría que dimitir después porque no conozco a ningún fiscal general del Estado que haya hecho eso. Se puede discrepar de la Junta de Fiscales, pero nadie ha impuesto como fiscal general un criterio contrario. Al menos, que yo sepa. Desautorizar a la Junta de Fiscales, que es la cúspide de la carrera fiscal, juristas muy experimentados, con una gran cualificación, es desautorizar al Ministerio Fiscal.

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Marcos Lamelas. Barcelona

P. Alguna vez le he oído decir que se estaban traspasando muchas líneas rojas. Esta sería una más, supongo.

R. Sí, pero es que, además, se trata de línea rojas que se había marcado el propio presidente Pedro Sánchez, como cuando dijo que la amnistía era inconstitucional y, tras las elecciones, empezó a defender lo contrario. Por siete votos de Puigdemont… O cuando pretende crear un tipo de delito de terrorismo distinto a lo que establece del Código Penal. Eso va directamente contra el principio de legalidad. Quien define el terrorismo es el Código Penal y no una ley de amnistía. Eso es el colmo y, además, un callejón sin salida.

P. ¿Por qué dice que es un "callejón sin salida"?

R. Porque alarma la ignorancia que existe. Vamos a ver, en el año 2015 se reformó el Código Penal con el consenso del Partido Popular y del PSOE para adaptarlo, en materia de terrorismo, a dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a dos directivas de la Unión Europea. Es el artículo 573 del Código Penal que engloba varias conductas delictivas que tengan la finalidad de "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas". Luego se citan otras finalidades, pero esa es la primera que se incluye para los delitos de terrorismo. El terrorismo no se limita a los delitos de atentados y asesinatos; no, abarca más conceptos. De qué vale aprobar una ley, o incluso reformar el Código Penal si lo hicieran, si luego los jueces españoles van a aplicar, porque son jueces europeos, el criterio de la Unión Europea. Pueden hacer todos los juegos malabares que quieran con la Ley de Amnistía, le pueden dar las vueltas que quieran, como pretender blindarla, pero es un esfuerzo inútil porque los jueces españoles son jueces de la Unión Europea.

P. Seguro que ha oído usted a defensores del Gobierno cuando dicen que nadie culpa de terrorismo a, por ejemplo, los agricultores cuando estos días bloquean las carreteras o algunos puertos. Hasta el ministro Marlaska ha dicho que "no hace falta ser jurista para saber qué es terrorismo y qué no".

R. Que Marlaska haya dicho eso… Marlaska, que ha sido como yo, juez de instrucción de la Audiencia Nacional… En fin, lo sabe perfectamente y que ahora diga esas cosas solo nos demuestra el poder que ejerce Pedro Sánchez sobre sus ministros y sobre la militancia socialista. Vamos a ver, es que esto está muy claro: las protestas de los agricultores podrían constituir un delito de terrorismo si lo hicieran con el fin de subvertir el orden constitucional, como ocurriría con cualquier otro delito de desórdenes públicos cometido con esa finalidad. Pero no es el caso y, por lo tanto, en absoluto es equiparable. Ese es, por cierto, el error que cometió el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, cuando cambió su informe sobre Puigdemont.

P. Ciertamente, para que un magistrado como Marlaska diga esas cosas, debe ser grande el poder de Pedro Sánchez…

R. El poder de Pedro Sánchez es bonapartismo. Y lo ejerce sobre los ministros, sobre el partido y sobre la militancia. Eso nunca se ha visto en la historia del PSOE. Ese bonapartismo, esa sumisión genuflexa, de la militancia socialista a un líder no se ha visto jamás en el Partido Socialista. Estamos, además, ante un hombre que no tiene la capacidad intelectual de Fernando de los Ríos, la inteligencia política de Indalecio Prieto, el liderazgo de Felipe González o el equipaje cultural de Alfonso Guerra… Pedro Sánchez es de una mediocridad intelectual pavorosa.

P. Permítame que vuelva a la Ley de Amnistía por algo que decía usted antes: que es inútil. ¿Acaso no le ve futuro? El Grupo Socialista parece decidido a aprobarla en el Congreso y blindarla ante los tribunales españoles para que su aplicación sea inmediata.

R. Podrán aprobarla, pero no se va a aplicar. Estoy completamente seguro. Lo primero está claro, la aprobarán porque, si no lo hace, se acaba el Gobierno, aunque cualquiera sabe cuántas líneas rojas más es capaz de saltarse Pedro Sánchez para seguir gobernando, incluso con presupuestos prorrogados. Pero lo segundo, también está claro: la ley de Amnistía no se va a aplicar porque esa parte le corresponde a los jueces. Se olvidan de ese detalle… Todos los jueces y tribunales que están instruyendo asuntos relativos al procés independentista plantearán una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y desde el mismo instante que la planteen, se suspende la aplicación de la Ley de Amnistía. Eso de querer blindarla, incluso cuando se plantee la cuestión prejudicial en Europa, es otro disparate; por mucho que una ley española diga que no se suspende su aplicación, lo que impera es el derecho comunitario. Le repito que los jueces españoles son jueces europeos y se deben a esa norma superior. Se han vuelto tan locos que están en una lucha a ciegas, cometiendo una barbaridad jurídica detrás de otra.

P. No sé si incluye ahí la última propuesta de Pedro Sánchez de acortar los plazos del juez de instrucción.

R. Otro planteamiento completamente absurdo, porque supone ignorar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los que hemos sido jueces de instrucción lo sabemos perfectamente… De nada vale que se limiten los plazos de una instrucción Penal porque, aunque lo haga, se seguirán practicando pruebas, si quedan pendientes, antes de decretar la apertura de juicio oral. Es decir, vencido el plazo que quieran señalar para la instrucción, el fiscal puede pedir nuevas pruebas en el escrito de calificación. Y en la apertura del juicio oral, puede nuevamente pedir pruebas. La instrucción penal no se agota con el plazo que se establezca. Eso, por no remitirnos a que el PSOE defendió que no se limitaran los plazos de instrucción para no beneficiar a los corruptos. Otra línea roja de Pedro Sánchez que se salta Pedro Sánchez y, de la misma forma, inútil. Como el disparate del lawfare, con el que se han puesto a toda la judicatura en contra.

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P. Fíjese que esto último que ha dicho, lo de que la judicatura esté en contra, es lo que dicen ministros y portavoces del PSOE, que son los jueces los que están haciendo política contra el Gobierno.

R. Es que eso, en primer lugar, no es verdad, y, en segundo lugar, intenta ocultar la gravedad del lawfare. Conozco a García Castellón, como a otros magistrados y jueces de instrucción, y sé que no es cierto. Los jueces, cuando instruyen, reciben los informes policiales, de la Guardia Civil en el caso de Tsunami Democrático, y adoptan decisiones tras valorar esa información. La instrucción tiene sus plazos, su tiempo, que, a veces coincide con los intereses políticos y a veces no. Afirmar que sus resoluciones se dictan con una intencionalidad política es desconocer todo ese procedimiento. Por eso han provocado la protesta de todas las asociaciones de jueces y fiscales, porque las acusaciones de lawfare son inadmisibles en un Estado de Derecho. No encontrará usted a otro presidente europeo, ni de ninguna democracia equiparable, diciendo que en su país existe lawfare. Eso, sin contar con los diputados independentistas a los que se les permite señalar a los jueces, con nombre y apellidos, y llamarlos prevaricadores en el Congreso. El pacto infame del PSOE y de Junts ha sido el que le ha abierto la puerta a todo eso. Pero bueno, también eso es inútil: con la ley orgánica del Poder Judicial en la mano, ningún juez puede comparecer ante el Parlamento para ser investigado.

P. Dice usted que conoce al juez García Castellón. Imagino que también conoce al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. ¿Qué opinión tiene?

R. Dicen a diario que Conde-Pumpido ha sido el autor de la ley de amnistía, pero yo creo que eso no tiene fundamento. Al final, en estas situaciones, cuando llega el momento de dictar sentencia, detrás de Conde-Pumpido hay una familia de juristas prestigiosos, su padre, su abuelo… A Pedro Sánchez le puede pasar como a Donald Trump, que puso a una magistrada creyendo que le iba a favorecer y acabó votando en contra. En todo caso, la aplicación de la ley de amnistía no la va a resolver el Tribunal Constitucional sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

P. Cuando usted fue fiscal general, con Felipe González de presidente, su vinculación con el PSOE no es que se sospechara, es que era directa. Ya había sido usted gobernador civil y delegado del Gobierno. ¿Por qué tengo que entender yo que usted no estaba contaminado políticamente cuando lo nombraron?

R. El fiscal general del Estado es un cargo político y cuando me nombran, yo ya había dejado la judicatura. Cuando he hablado, en otras ocasiones, de contaminación política de los jueces, me he referido siempre a las puertas giratorias. Y lo sigo diciendo: el juez que va a la política no debería volver a un juzgado porque no podrá ser nunca imparcial. Cuando acabó mi etapa política, volví a la Sala de lo Contencioso de Tenerife para pedir la excedencia, irme de la Carrera y dedicarme a la abogacía. Tendría que estar regulado por ley que los jueces que se dedican a la política no puedan volver nunca más a la judicatura.

P. En todo caso, el fiscal general del Estado representa al Ministerio Fiscal que tiene como principios fundamentales la legalidad y la imparcialidad. Y usted era, y es, militante del PSOE. ¿Cómo puede ser compatible una cosa y la contraria?

R. Pues porque las funciones del cargo están muy delimitadas y porque yo, volviendo a lo que hablábamos al principio, jamás tomé una sola decisión en contra de la Junta de Fiscales. En todo momento, yo tenía claro que ejercía un cargo político designado por el PSOE y que no podía actuar a mi antojo.

P. En su época, de 1992 a 1994, se vio usted envuelto en varias polémicas sonadas, como aquella en la que se le acusó de salir escondido en el maletero de un coche tras una reunión sobre el proceso judicial contra el GAL…

R. Todavía podrán encontrarse en internet algunas de las cosas de las que me acusaron que eran completamente falsas, como esa del maletero del coche. Pero hay algo que quiero dejar muy claro: Felipe González nunca me dio ninguna orden, ni ninguna instrucción, que fuera contraria a la ley. Felipe, que es uno de los grandes estadistas de la España contemporánea, siempre respetó mis decisiones, aunque algunas de ellas fueran perjudiciales para el Gobierno. El problema fue que era ya su última etapa de gobierno y empezaron a considerarme como el guardián de Felipe González en algunos temas como el de los GAL. Voy a contar algo, porque Felipe ya me ha autorizado a decirlo. Cuando él llegó al Gobierno en 1982, ya había más de veinte muertos de los GAL y del Batallón Vasco Español. En el procedimiento de los GAL se incluyó una ‘equis’, que apuntaba a Felipe González. Me indigné y le dije que quería abrir una investigación: "te están atribuyendo unos crímenes que se cometieron antes que llegaras al Gobierno". Entonces Felipe me contestó con un argumento que lo engrandece: "Yo no te puedo apoyar porque no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez". Con posterioridad, la Junta de Fiscales también desechó la idea de investigar porque consideró que la prescripción lo invalidaba. Y yo acepté ese criterio, como ocurriría luego con las peticiones de indulto de Amedo, condenado por el GAL. La Junta de Fiscales determinó que no procedía el indulto y así lo informé al Gobierno. Nunca se me ocurrió ir en contra de lo que decidían.

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P. Tras esa experiencia como fiscal general, en alguno de los años más salvajes de la banda criminal ETA, ¿qué piensa ahora del entendimiento de un Gobierno del PSOE con Bildu?

R. Un socialista viejo de mi pueblo decía que una izquierda radical y terrorista es el fascismo rojo. Pues eso. Todos nos alegramos de que ETA haya sido derrotada, que haya dejado de matar, pero tienen que pasar más generaciones para que desaparezca la relación, directa o indirecta, de la izquierda abertzale con el terrorismo etarra. Puedo entender que el PSOE pacte con Bildu políticas concretas, sobre temas sociales o económicos, pero es deleznable pactar un gobierno con ellos.

P. Una última cosa: le decía antes que sigue usted militante del PSOE. ¿Le han incluido ya en la fachosfera?

R. Sigo siendo militante y me importa poco que me puedan expulsar. La militancia es un cartón y ser socialista se lleva en el corazón. Si me expulsan, ni me voy a otro partido ni recurriré la expulsión. Las ejecutivas cambian y, si me expulsan, volveré a pedir la militancia cuando haya otra dirección en el PSOE. Menos aún me preocupa lo de la fachosfera. Si fuera el único socialista que está en contra de Pedro Sánchez, podría pensar que estoy equivocado, que debo rectificar, pero cuando veo que tantos socialistas, de tanta relevancia, están en la misma posición, me da igual lo que digan. Estoy acostumbrado y, a todo el que me dice que me he pasado a la derecha, siempre le contesto lo mismo: lo que me interesa no es que me etiqueten, díganme qué argumentos de izquierda tienen para enfrentarse a los míos. La democracia interna en el PSOE se ha acabado, ya no hay debate ni críticas, y de eso es de lo que deberíamos hablar: del bonapartismo de Pedro Sánchez.