La Diputación de los 38 becarios 'ilegales': golpe al feudo socialista de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra se pasó de frenada al poner a trabajar a 38 becarios como empleados normales. Esa es la conclusión de la magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, Aránzazu Fernández Rodríguez, que el 12 de mayo estimó la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la diputación socialista y declaró que los 38 ejercían labores que iban más allá de lo establecido en sus contratos. En su sentencia, contra la que cabe recurso, la jueza echa por tierra el sistema de becas con el que se encontraban, obligando entonces a las autoridades a reconocerles como trabajadores ordinarios.

Bajo el apartado de hechos probados, la magistrada recoge las inspecciones de trabajo que se llevaron a cabo en cuatro instituciones que dependen de la diputación en 2018: la Estación Fitopatológica Areeiro, entidad asociada a la Misión Biológica de Galicia; el Plan Revitaliza, proyecto que apuesta por convertir los biorresiduos en un producto fertilizante; el servicio de patrimonio documental y bibliográfico de Pontevedra, y las prácticas que se realizaban en la propia diputación y ayuntamientos de la provincia. En todos los casos, los inspectores se encontraron con becarios cuya responsabilidad iba más allá de la aceptable.

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"Todos los becarios estaban realizando tareas de laboratorio con total autonomía y solos", explica la sentencia sobre la situación de la estación fitopatológica. "En el momento de la visita, no estaba presente ninguno de los tutores", y "manifestaron que era normal que los becarios antiguos formasen a los nuevos y creasen los protocolos científicos" sin "programa formativo". En cuanto al Plan Revitaliza, la inspección se produjo en los centros de Alemaña y Ponte Boleira, y en ambos se halló a becarios "efectuando funciones de control del compostaje con total autonomía y sin supervisión".

Escenas similares se repitieron en la sede de la diputación o en distintos centros del patrimonio documental y bibliográfico. "Los becarios realizan con total autonomía las tareas propias de su categoría profesional", sostiene sobre la primera. Y en lo que se refiere al patrimonio, la magistrada subraya el centro de Souto Maior, en el que "los becarios asumían gran parte del archivo al representar más de la mitad de la plantilla", llegando incluso a manifestar una empleada que trabaja en la institución desde los años ochenta que siempre "se han ido sucediendo becarios" y "solo se han realizado contrataciones de forma puntual".

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En cuanto a la contraprestación que recibían por su trabajo, la jueza apunta a que varía en cada institución, pero las becas solo superaban los 1.000 euros mensuales en uno de los casos. La duración de las mismas también cambiaba en función del destino, y en la estación fitopatológica, llegaban a ser "prorrogables hasta cuatro años previa emisión de una memoria con los trabajos realizados, metodología utilizada y objetivos alcanzados".

Tras advertir esta situación, la Inspección de Trabajo de Pontevedra interpuso una demanda de oficio para que se reconociera la "naturaleza laboral" de los becarios, solicitud que fue rechazada por la Diputación al alegar que el acta presentaba "contradicciones" y se basaba en visitas "aisladas y poco concluyentes". Con ambas posturas sobre la mesa, la magistrada pone el foco en si en las becas primaba "la formación del becario", tras lo que concluye que se trata de "relaciones laborales encubiertas" en las que el hecho de que se "mejore una situación de desempleo [...] no es suficiente para mantener la presencia de una beca", ordenando su reconocimiento como trabajadores ordinarios.