Angrois se revuelve contra Feijóo en el cuarto aniversario de la tragedia

Hace unos meses, el accidente de Angrois parecía políticamente amortizado. El juez instructor había cerrado el caso con el maquinista como único imputado, mientras fracasaban las reclamaciones de investigación parlamentaria y Bruselas se mantenía al margen. Pero cuando está a punto de cumplirse el cuarto aniversario del siniestro ferroviario, el descarrilamiento de un Alvia el 24 de julio de 2013 que causó la muerte de 80 pasajeros y lesiones a otros 144, el panorama ha cambiado por completo, y por fin los familiares de las víctimas vislumbran que habrá responsabilidades también en el ámbito de la política. Es una situación que incomoda especialmente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que esta misma semana consideró que “mezclar” investigación judicial y política “solo perjudica” a las víctimas.

Las quejas de Feijóo están relacionadas con el cambio de postura del PSOE, que ha pasado de bloquear a promover una comisión de investigación del accidente en el Congreso. Se rompe así lo que a juicio de los familiares era una “pinza” formada por socialistas y populares, que impedía explorar las responsabilidades políticas del siniestro que se produjo a las puertas de Santiago aquella trágica víspera de la festividad del Apóstol, en un tramo inaugurado por un ministro socialista y que gestionaba una ministra del PP, ambos gallegos: José Blanco y Ana Pastor. Pero el PSOE no es lo único que ha cambiado en el escenario de Angrois, que ha dado un giro de 180 grados después de que el juez imputara al que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y Bruselas instara a Fomento a repetir la investigación del siniestro para hacerlo de forma “independiente”.

Todo esto ha ocurrido en cuestión de semanas, aunque el origen de este cambio hay que situarlo en mayo del pasado año, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña ordenaba al juzgado reabrir la instrucción, que el juez, con el apoyo de la Fiscalía, había cerrado con el maquinista como único imputado. El instructor, Andrés Lago Louro, había concluido que la velocidad del tren al abordar la curva de Angrois era la única causa del siniestro, pero la Sección Sexta de la Audiencia Provincial le enmendaba y atendía las reclamaciones de quienes consideraron que la causa se había cerrado de forma prematura.

Los magistrados de la sala ordenaban al juzgado indagar sobre distintos aspectos expuestos por los peritos judiciales, con el objetivo concreto de comprobar si existían otras responsabilidades relativas a la seguridad de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense. En concreto, en la fatídica curva de Angrois.

Aquella reapertura del caso se sustanció el pasado 10 de marzo, cuando el juez imputó a Andrés Cortabitarte, considerado por las víctimas un símbolo de las responsabilidades políticas. El exjefe de Seguridad de Adif, actualmente reubicado por la empresa pública como subdirector de Gestión Logística de Aprovisionamiento, fue considerado presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, según notificó el juez, que le acusa ahora de “no cumplir” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.

El auto judicial señala que no consta que Cortabitarte “haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar” el riesgo en el tramo de Angrois, con lo que el entonces responsable de Seguridad generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento. “Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma”, señalaba el juez, que destacaba que ese riesgo “había sido detectado” por las propias empresas encargadas de construir la infraestructura y por Ineco, la consultora ligada al Ministerio de Fomento.

Son unas conclusiones muy distintas a las anteriores a la reapertura, cuando se centraban todas las responsabilidades en la velocidad con que el maquinista había encarado la curva. Ese peligro, rectificaba el juez, había sido comunicado a Adif, “explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo”. Pero, finalmente, “por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia” que exigen las normas, señala el auto.

Adif y el propio Andrés Cortabitarte presentaron recursos de apelación contra esta decisión judicial, pero lo que antes era una sucesión de decisiones exculpatorias, ahora se ha convertido en un tortuoso camino judicial para ambos. Así, el pasado 28 de junio, la Audiencia Provincial de A Coruña desestimaba sus peticiones y confirmaba la condición de investigado del exjefe de Seguridad, al no excluir “la indiciaria apreciabilidad de posibles responsabilidades penales” tras la defensa de la empresa pública y del alto cargo. Cortabitarte comparecerá ante Lago Louro en los juzgados de Santiago el próximo 27 de julio, tres días después del cuarto aniversario del siniestro ferroviario.

La apertura del caso a las responsabilidades políticas sobre la seguridad en el tramo de Angrois —que entró en funcionamiento en diciembre de 2011, en vísperas de las elecciones generales— no solo se produce desde el frente judicial. Este mismo mes de julio, un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, concluía que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), del Ministerio de Fomento, no fue independiente y obvió “elementos clave”.

El informe relata “las debilidades” en la actuación de la CIAF en cuestiones como la falta de numerosos análisis sobre la línea, su seguridad y el porqué de las decisiones tomadas. Alerta principalmente sobre el “conflicto de intereses” de Renfe y Adif, que son parte del equipo de investigación del CIAF. La investigación de este organismo “fue realizada por un equipo que incluía a personal de organizaciones directamente implicadas en el accidente”, lo que cuestiona la neutralidad de Ineco, la empresa encargada de revisar la seguridad de la línea.

Las críticas a la seguridad no tienen que ver únicamente con el trazado de la curva, sino también con el sistema de seguridad en él utilizado, el Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), diseñado en los años setenta, que consiste en proporcionar información puntual al maquinista mediante balizas instaladas en la vía. Los tramos de alta velocidad funcionan por norma general con el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), más avanzado y completo.

Para completar el cambio radical del panorama, el PP ha perdido a su tradicional aliado en el bloqueo de las investigaciones parlamentarias, después de que el PSOE se comprometiera con la plataforma de víctimas a apoyar la creación de una comisión de carácter político en el Congreso. Así se lo transmitieron esta misma semana la nueva portavoz parlamentaria, Margarita Robles, y el secretario de Transparencia del partido y también diputado, Odón Elorza, para indignación de Feijóo, que acusa a los socialistas de “politizar” la tragedia.

“En este momento, mezclar una investigación que realiza la Justicia con una investigación política solo perjudica a las víctimas, no aclara nada desde el punto de vista judicial y puede retrasar una sentencia que estamos esperando con mucho interés”, se defiende el presidente de la Xunta, que también cargó contra los socialistas y su cambio de opinión. “Ahora veo que hay nuevos titulares del PSOE. Parece que le interesan más este tipo de cuestiones que dificultan la tarea de la administración judicial”, dijo en referencia al recobrado liderazgo de Pedro Sánchez. Aunque, en realidad, no son solo los socialistas los que han cambiado el signo de las responsabilidades en el cuarto aniversario del desastre.