Jaque de Villar Mir al Gobierno de Feijóo

Javier López Madrid ha puesto encima de la mesa de Feijóo uno de esos órdagos que tan buenos resultados le dieron en sus relaciones con la Xunta a su suegro, Juan Miguel Villar Mir. El presidente de Ferroatlántica, imputado en la operación Lezo, ha entregado al Gobierno gallego la solicitud de segregación de sus negocios en Galicia, con la advertencia de que si no la acepta antes del 31 de mayo, retirará el plan de inversión de 100 millones de euros con el que la empresa trata de hacer frente al rechazo de los trabajadores y a las críticas de la oposición política, que ve en la operación un 'pelotazo' del Grupo Villar Mir.

La prohibición de segregar el negocio hidroeléctrico —seis centrales en Galicia— y de las plantas de ferroaleaciones —tres fábricas— forma parte de las condiciones que se le impusieron a Villar Mir cuando se hizo con el control del grupo, a principios de los años noventa. Agobiada por las deudas, Ferroatlántica, integrada ahora en su nueva matriz, Ferroglobe, necesita vender las centrales para hacer caja, lo que para los 400 trabajadores de las fábricas sería el principio del fin, no solo de sus puestos de trabajo sino de una de las pocas actividades industriales que generan riqueza en la Costa da Morte.

Feijóo había mantenido hasta la fecha que Ferroatlántica debe permanecer “unida”, y ha esgrimido la defensa de la legalidad

La empresa presentó formalmente el pasado jueves la solicitud de segregación, que defiende con el argumento de que es la única manera de mantener el empleo y el futuro de la compañía en Galicia. Al hacerlo, puso en un serio compromiso al Gobierno gallego, que se encuentra con el rechazo incluso de alcaldes del Partido Popular. Feijóo había mantenido hasta la fecha que Ferroatlántica debe permanecer “unida”, y ha esgrimido la defensa de la legalidad, y en concreto de esa prohibición de segregar los dos negocios de la empresa de Villar Mir, pero la postura de la Xunta parece ablandarse por momentos.

El 'conselleiro' de Economía, Francisco Conde, se entrevistó recientemente con miembros del comité de empresa, a los que pidió cautela. “La mejor forma de dar respuesta a sus demandas es no precipitarse”, recomendó. Los representantes de los trabajadores salieron de la reunión “preocupados” e “intranquilos”, porque vieron al 'conselleiro' “un poco esquivo”.

Feijóo, por su parte, citó a los alcaldes de la Costa da Morte para trasladarles que su Gobierno actuará “conforme a derecho”. El presidente de la Xunta ha pedido un informe a la asesoría jurídica que, asegura, será el único elemento que guiará su decisión.

El órdago a Feijóo viene acompañado de un plazo de apenas 15 días. Para el 31 de mayo, la empresa debe contar con “todas las autorizaciones administrativas necesarias para hacer posible, con todas las garantías legales, la segregación y posterior venta de los activos energéticos”. De lo contrario, desistirá de ejecutar un plan inversor de 200 millones de euros de los que 102 se destinarán a Galicia, para “mantener y rejuvenecer las plantillas actuales, crear otros 200 empleos directos y favorecer la generación de 300 indirectos”. Ese plan cuenta con el aval sindical estatal, pero fue rechazado por 20 de los 27 delegados de las diferentes empresas del grupo en Galicia, y provocó el abandono de sus sindicatos de los representantes de CCOO y UGT en Ferroatlántica.

La empresa que preside López Madrid defiende su propuesta con un informe elaborado por los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Mato. El dictamen concluye que la vinculación de los dos negocios se aprobó para defender un negocio “dudoso”, el de las ferroaleaciones, con el apoyo del más rentable de la generación hidroeléctrica, una obligación que estima que deja de tener sentido desde el momento en que la situación se ha “invertido”, al trasladarse la rentabilidad a las fábricas. Los catedráticos avalan por lo tanto la segregación, mientras del lado contrario se exhibe otro informe, este del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Carlos Aymerich —antiguo portavoz parlamentario del BNG—, que defiende la prohibición de segregar las actividades.

Aunque el primero de los dictámenes cuestiona la rentabilidad de las explotaciones hidroeléctricas, lo cierto es que desde principios de año se sabe el precio al que la empresa se deshará de ellas. Tal y como informó Ferroglobe a las autoridades de las bolsas de Londres y Nueva York, la compañía las venderá por 255 millones de euros, de los que recibirá 153 una vez descontados los gastos financieros.

Al menos parcialmente, el proyecto inversor contará con financiación del Ministerio de Industria y Energía, que ha otorgado al grupo dos préstamos

Las inversiones prometidas por la empresa pasan por un nuevo horno de ferrosilicio en Dumbría, implantar el proceso de sinterización del mineral de manganeso, con lo que cerraría el ciclo productivo, y levantar una nueva planta de carbón vegetal, que sería la encargada de suministrar a la de silicio solar de Sabón, otra de las grandes inversiones del plan. Al menos parcialmente, el proyecto inversor contará con financiación del Ministerio de Industria y Energía, que, en plena investigación a Villar Mir y López Madrid por su implicación en la operación Lezo, ha otorgado al grupo dos préstamos de 45 y 27 millones de euros para financiar una alianza de Ferroatlántica con dos empresas del yerno del expresidente de OHL. Según publicó El Confidencial, la planta de Sabón forma parte de esos proyectos con financiación ministerial.

El préstamo de 27 millones de euros cubrirá el 68% de la inversión en la planta de silicio solar de Sabón, presupuestada en 42 millones. Se trata de un crédito a un tipo de interés fijo inferior al 5% a 10 años, con tres de carencia. López Madrid —presidente y consejero de Ferroglobe, exconsejero de OHL y consejero delegado de Grupo Villar Mir— controla también un tercio del capital de Blue Power Corporation y Aurinka, las dos empresas con las que llevará a cabo la planta de Sabón, entre otros proyectos. El resto del capital de estas sociedades está en manos de inversores próximos al yerno de Villar Mir, pero ajenos a la familia.

Pero, de cualquier modo, la Xunta adelanta que la operación Lezo, el caso Púnica, en el que también está implicado López Madrid, y el resto de los problemas judiciales que puedan acecharles a este y a su suegro no afectarán a sus decisiones. El propio 'conselleiro' afirmó, a preguntas de los periodistas: “La situación personal de cualquier persona es una situación personal que en ningún caso afecta a la tramitación de un expediente administrativo de la Xunta”.