Puertos del Estado rechaza las quejas de Vigo en su guerra con el de Pontevedra

Puertos del Estado ha dado la razón a la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, que preside José Benito Suárez, marido de la ministra en funciones, Ana Pastor, en su guerra comercial frente a su homólogo de Vigo, Enrique López Veiga, un histórico del PP gallego. El ente dependiente de Fomento rechaza los argumentos de Veiga, que pedía la prohibición del traslado de gran parte del tráfico de contenedores de Vigo a los muelles de Marín por haber sido estos -según él- declarados ilegales por el Tribunal Supremo en 2009, e insinuaba además trato de favor hacia el puerto que preside Suárez.

López Veiga recurrió ante la institución de la que dependen ambos puertos para tratar de impedir el traslado de Maersk, principal operador de contenedores del mundo, de Vigo a Marín-Pontevedra, un golpe muy duro para el principal puerto de Galicia, que perderá así alrededor de la mitad de este tipo de tráficos, el de mayor valor añadido. El presidente de la Autoridad Portuaria viguesa reclamó a Puertos del Estado que prohibiera el movimiento de esos contenedores desde unos “rellenos declarados ilegales”, y recordaba además los distintos costes laborales de carga y descarga entre ambos puertos, al denunciar que las condiciones de trabajo autorizadas a Marín son menos exigentes que las de Vigo.

En una resolución firmada este lunes por su presidente, José Llorca, Puertos del Estado da por buenas las alegaciones de Marín, en las que se sostiene que los terrenos en concreto desde los que operará Maersk no estarían afectados por la sentencia del Tribunal Supremo, y rechaza además la existencia de la “desventaja competitiva” que denuncia Vigo. Muy al contrario, señala que el conflicto planteado por Vigo “se ubica inequívocamente en el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas privadas”.

El negado trato de favor al puerto tiene que ver con la asignación en Vigo del 100% de su plantilla de carga y descarga a la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores (SAGEP), una entidad con unos costes laborales muy superiores a los de la gran mayoría de los trabajadores de Marín, donde la plantilla de esta antigua sociedad estatal es muy reducida. Llorca replica que “no son conocidas las ofertas presentadas por unos y otros licitadores”, esto es, las empresas concesionarias que operan en Vigo y en Marín, en la subasta en la que se decidió el traslado. Y añade que tampoco hay noticias de la incidencia que en las mismas “haya podido tener la estructura de todos y cada uno de los costes de cada empresa y, en particular, los asociados a la estiba y desestiba de los contenedores”.

Los costes son evidentes

El informe firmado por Llorca revela que la SAGEP de Vigo, heredera de la antigua sociedad mixta de estiba y desestiba, dispone de 119 trabajadores en Vigo frente a los 12 de Marín. Y añade además una comparativa de costes de jornada notablemente más elevados en el caso de la primera sociedad, donde representan hasta un 60% de los salarios que paga la de Marín. Pero aunque la existencia de estas sociedades es una exigencia legal, “las decisiones sobre el dimensionamiento de su plantilla y el régimen salarial de sus empleados son estrictamente privadas”, concluye Puertos del Estado. Así, resuelve que la situación “no solo debe considerarse que no infringe la Ley de Defensa de la Competencia, sino que es consecuencia de la existencia de un mercado competitivo”.

La resolución de Llorca respalda en lo fundamental lo adelantado por la propia ministra en funciones, cuando salió públicamente en defensa del puerto de Marín al afirmar que el conflicto “es un asunto entre empresas”. Esta opinión no coincide con la de López Veiga, que desde que se conoció la fuga de Maersk viene denunciando que la estructura de trabajo de Vigo, y su obligación de gestionar la estiba y desestiba a través de la sociedad de gestión, es “una imposición de la legislación”. “En Vigo no se puede contratar mano de obra para cargar o descargar fuera de la plantilla de estibadores dirigida por la SAGEP, mientras que en Marín contratan con total libertad de mercado con empresas externas”, ha afirmado el presidente del puerto vigués.

Sobre la sentencia del Supremo, Puertos del Estado sostiene la tesis del de Pontevedra: que esos terrenos se ejecutaron al amparo de la Ley de Puertos de 1992, que estaban contemplados en los planes de empresa de 1998 y 1999 y que las obras se realizaron antes de la aprobación del Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra de 2000, que anuló el Supremo en su sentencia de 2009.

Llorca apela además a un auto del alto tribunal en el que señala que la reposición ordenada afectaba a los rellenos realizados al amparo de ese plan especial, sin que “en ningún momento” se precise que sean los 300.000 metros cuadrados de rellenos “lo que haya que demolerse”. “No existe un relleno de 300.000 metros cuadrados, sino siete rellenos distintos, ejecutados a lo largo de más de una década en lugares alejados entre sí que no alcanzan la superficie indicada”, interpreta Puertos del Estado.