La guerra en el PP por dos puertos gallegos pone al marido de Ana Pastor en la diana

José Benito Suárez, marido de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, preside un puerto “ilegal”, el de Marín-Pontevedra. No lo dice la oposición, sino su homólogo de Vigo, Enrique López Veiga, también del PP, que ha rescatado una sentencia de 2009 -por la que su partido ha pasado siempre de puntillas- para recordar que ese año el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de los 300.000 metros cuadrados de relleno sobre los que opera el puerto pontevedrés. Lo ha hecho forzado por una guerra comercial entre ambas instituciones, que se ha saldado con la inminente pérdida de gran parte del tráfico de contenedores que se mueven actualmente desde los muelles de Vigo.

López Veiga no es un militante cualquiera del PP de Galicia, sino uno de los más veteranos e influyentes, 'exconselleiro' de Pesca en dos legislaturas, exdirector general de Finanzas del Parlamento Europeo e incluso aspirante a la sucesión de Manuel Fraga en la pasada década. En octubre de 2015 tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo en un acto presidido por la titular del Ministerio de Fomento, del que dependen los dos puertos ahora enfrentados. Cuando no ha cumplido seis meses en el cargo, Veiga se ha encontrado con la decisión del traslado de Maersk, principal operador de contenedores del mundo, de Vigo a Marín-Pontevedra, un golpe muy duro para el principal puerto de Galicia.

Ante esta pérdida de negocio, el presidente de Vigo se ha dirigido al Ministerio de Fomento, a través del ente Puertos del Estado, para que impida el traslado. Lo ha hecho mediante una carta al presidente de este organismo, José Llorca, en la que le pide que se prohíba utilizar para los nuevos tráficos de contenedores los muelles construidos de forma ilegal, además de deslizar un posible trato de favor del ministerio al puerto de Marín. El máximo responsable de este no solo es marido de Ana Pastor, sino también uno de los mejores amigos de Mariano Rajoy, acompañante habitual en las caminatas veraniegas del presidente en funciones en sus visitas a Galicia.

El mismo año en que José Benito Suárez tomaba posesión del puerto de Marín, el Tribunal Supremo dictaba la sentencia a la que ahora apela López Veiga, que declara la ilegalidad del macrorrelleno en el que se sustentó el desarrollo portuario y obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a restituir la zona a su estado anterior. La principal razón que expone la sentencia, que culminó muchos años de lucha vecinal, es la ausencia de un estudio de impacto ambiental que sustentase el proyecto.

Los intentos por legalizar el puerto

Los intentos de José Benito Suárez de legalizar el suelo portuario han sido infructuosos. A través de distintas maniobras, como el impulso de un nuevo plan general, Marín ha tratado de cumplir la sentencia sin ejecutar el derribo, pero el Supremo se volvió a pronunciar en 2014 para denegar esa opción. “La situación no admite más demoras”, advirtieron los magistrados del TS en respuesta a los recursos presentados. E incluso el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respondió también en 2014 a una alegación de Abogacía del Estado con una amenaza de imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros diarios si no se ejecutaba el fallo. El último recurso es un incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia, aún pendiente de resolución.

Vigo y Marín son dos puertos que dependen orgánicamente de Fomento, aunque sus presidentes se eligen a propuesta de la Xunta de Galicia. Su enfrentamiento ha puesto en una situación delicada a la ministra en funciones, que inicialmente apeló a la libertad del mercado para evitar implicarse en la decisión de Maersk, que retirará de Vigo a partir de mayo en torno al 50% de su actual tráfico de contenedores. “Es un asunto entre empresas privadas”, declaró Pastor en un acto público en el que estaba presente su marido. Llorca, en cambio, es más proclive a atender las razones de López Veiga, que ha pedido “medidas cautelares” para abordar otra condición que lastra al puerto vigués.

La ilegalidad del suelo portuario no es el único argumento que esgrime López Veiga para tratar de retener a Maersk. El presidente del puerto vigués también ha insinuado trato de favor del ministerio al puerto que preside el marido de Ana Pastor, al denunciar que las condiciones de trabajo autorizadas a Marín son menos exigentes que las de Vigo, obligado a recurrir a la sociedad de estiba y desestiba, lo que impediría una competencia en pie de igualdad. El servicio de carga y descarga de los contenedores en Vigo y Marín lo prestan las empresas privadas Terminales Marítimas de Vigo SL (Termavi) y Pérez Torres Marítima SL, respectivamente. La multinacional de transporte no ha ocultado que el cambio de puerto se debe precisamente a un problema de “nivel de costes”.

López Veiga viene denunciando que Vigo tiene “unos costes muy superiores a Marín porque la legislación impone una estructura de trabajo” que pasa por la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores (Sagep). “Hay que ser un poco flexible, porque si no los trabajadores se van a ver afectados”, advirtió el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, que abogó por “remover” las medidas que afectan a la competitividad de esta institución. Para ello, reclamó a Puertos del Estado que ponga solución al incremento de costes comparativo de Vigo frente a Marín y, en caso de que la decisión exceda de sus competencias, lo lleve a la Comisión Nacional de la Competencia.