Vox abre la puerta a la "desaparición" de la Agencia Valenciana Antifraude

Vox quiere negociar con el Partido Popular de Carlos Mazón una revisión de la figura de la Agencia Valenciana Antifraude sin descartar incluso su "desaparición" una vez elegido el nuevo director. Así lo verbalizó este martes el portavoz de la formación ultraconservadora en las Cortes Valencianas, José María Llanos, quien apostó por abrir conversaciones sobre la entidad de prevención del fraude y la corrupción con su socio en la Generalitat y en el Parlamento. "Tomaremos las medidas necesarias para modificar en la medida que sea posible —tenemos un socio de gobierno con el que hay que hablar de la Agencia Antifraude—, su ubicación, su desaparición, su reconversión, etcétera, pero ese será un segundo capítulo", manifestó Llanos.

La declaraciones se han producido en pleno proceso de elección del sucesor del que ha sido hasta ahora el único director de la Agencia, Joan Llinares, quien finaliza mandato el próximo mes de mayo después de siete años.

Dos nombres se han puesto encima de la mesa a propuesta de asociaciones civiles, tal como permite la ley. Uno de ellos es el del actual director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, considerada candidatura continuista. Llega avalado por entidades como la independiente Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia que preside el exmagistrado José María Tomás y Tío y el Observatori contra la Corrupció, promovido por colectivos sociales de izquierda nacionalista. El segundo nombre ha sido promovido por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, presidida por una candidata municipal del PP, Inmaculada Collado. Su candidato es el exdelegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, inspector de Hacienda y expresidente de la patronal autonómica de contratistas de obra pública, Eduardo Beut.

Opinión

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Tanto Compromís como el PSPV-PSOE ya han avanzado su negativa a respaldar a Beut por sus vínculos en el pasado con el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y con el que fue su jefe de gabinete, Juan Francisco García, ambos acusados en el caso Erial, cuya vista oral comienza la semana que viene y en la que Antifraude aporta pruebas periciales en favor de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción.

En Baleares, PP y Vox han acordado echar la persiana a la oficina anticorrupción

Tampoco Gustavo Segura tiene por ahora asegurada la elección. El nombramiento requiere del voto favorable de sesenta diputados, tres quintos de la Cámara, por lo que es necesario el concurso del PP con Vox y alguna de las dos fuerzas de oposición.

Antifraude nació en 2016 a propuesta de Podemos y con el respaldo del conjunto de las fuerzas del Botànic, PSPV-PSOE y Compromís. Desde su alumbramiento ha sido un organismo incómodo por sus informes, en los que ha cuestionado procedimientos y decisiones administrativas de políticos de todos los colores. Llinares, que llegé a Valencia procedente de Barcelona tras haber contribuido a destapar el caso 3% que salpicó de lleno a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), también ha tenido enfrentamientos con parte de la plantilla por su celo sobre la confidencialidad de los asuntos internos.

Algunas de las investigaciones han terminado dirigidas a la Fiscalía, con la consiguiente apertura de procedimientos penales, como un expediente sobre el posible fraude en cursos de formación en el que está implicado una fundación de la UGT, sindicato con el que Llinares ha mantenido encontronazos desde el principio.

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Las agencias de control del fraude y la corrupción se han ido extendiendo por todo el continente para todos los niveles de la Administración pública. La Unión Europea cuenta con su propio organismo, la OLAF. En los últimos años han sido varias las autonomías que han creado sus propias oficinas.

En la actual legislatura, solamente Vox ha planteado abiertamente la opción de suprimir este organismo, dependiente de las Cortes Valencianas, con una plantilla compuesta exclusivamente de funcionarios en comisión de servicio y un presupuesto de tres millones de euros.

La expresidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, prometió disolver la Agencia si ganaba las elecciones en 2019, por entender que duplicaba la tarea fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas o la Intervención. Su opinión no ha sido secundada por su sucesor en la formación conservadora, el ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien, curiosamente, acaba de anunciar una nueva auditoría paralela a la de los dos órganos de control para investigar el alcance de las posibles irregularidades del Consell de Botànic.

En cualquier caso, y pese a haber presentado numerosas denuncias contra altos cargos de izquierdas la pasada legislatura en Antifraude, los populares tampoco nunca han sido arduos defensores de la Agencia. Fuentes de la formación conservadora consultadas por El Confidencial señalaban, no obstante, que no entra en sus planes echar la persiana de la oficina valenciana. En Baleares, PP y Vox sí han iniciado los trámites para cerrar la oficina análoga, impulsada en 2016 por el gobierno de coalición progresista liderado por la socialista, Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados.